Multan con 250.000 euros a un pesquero por un vertido de 200 litros de fuel en aguas del Puerto de Las Palmas

La Dirección General de la Marina Mercante, perteneciente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, ha impuesto una multa de 250.000 euros al buque pesquero MARSHAL KRYLOV, de bandera camerunesa, debido al vertido de aproximadamente 200 litros de fuel al mar, con una sanción de 200.000 euros, y por no haber notificado el incidente, lo que ha supuesto una penalización de 50.000 euros.

La resolución también dispone que los responsables deberán cubrir los costos derivados de las labores de limpieza de las aguas contaminadas, que serán pagados a la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR).

El vertido ocurrió en las aguas del Puerto de Las Palmas el 12 de noviembre de 2023, durante las operaciones de transferencia de combustible de un tanque a otro. Tras la investigación, se constató que se cometieron negligencias en la realización de dichas operaciones.

Este incidente de contaminación llevó a la Capitanía a poner en marcha el Plan Marítimo Nacional en situación 1. También se activó el Plan Interior Marítimo del Puerto de Las Palmas, y se desplegó un operativo para monitorear, controlar y limpiar el derrame de fuel, que afortunadamente no se extendió más allá de las aguas del puerto.

Tras realizar las inspecciones pertinentes, la Capitanía Marítima de Las Palmas inició un expediente administrativo sancionador contra la compañía naviera, su capitán y el asegurador. El procedimiento ha concluido y los responsables del buque han realizado el pago correspondiente.

Estas acciones son un ejemplo adicional de cómo la Administración marítima española se esfuerza en combatir la contaminación marina, deteniendo incidentes como este que violan nuestra normativa legal.

En concreto, se ha violado el Convenio Internacional para la prevención de la contaminación por los buques (Convenio MARPOL), que regula el control de las descargas de hidrocarburos. Este convenio obliga a los Estados parte a imponer sanciones estrictas por las infracciones cometidas en sus aguas, con el fin de disuadir conductas que dañen el medio marino. De este modo, se contribuye a la sostenibilidad de nuestros mares.