El reto de llegar a las 3.000 viviendas para alquiler social en 2023, más cerca

La Junta apuesta por la rehabilitación de inmuebles cedidos por los ayuntamientos y obispados para repoblar

El Gobierno de Fernández Mañueco se ha marcado como objetivo de legislatura llegar al final de la misma con al menos tres mil viviendas en el parque público de alquiler social para que puedan vivir en ellas familias con recursos escasos.

Y a día de hoy, son ya 2.080 los inmuebles que forman parte de él en Castilla y León, gracias al impulso que están dando los programas puestos en marcha por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, como el Rehabitare, o los acuerdos alcanzados con los obispados y arzobispados de la Comunidad para que estos cedan edificios para su recuperación y posterior puesta en alquiler.

Y es que la rehabilitación de inmuebles en el medio rural para tal fin es una de las medidas del departamento que dirige Juan Carlos Suárez-Quiñones, con la que busca también repoblar nuestros pueblos. Así, desde 2016 son 194 las viviendas en desuso y deshabitadas que la Junta ha recuperado en la Comunidad, con una inversión de 8,4 millones de euros, con destino a familias con dificultades. de ellas quince proceden de obispados y, el resto de ayuntamientos. «Estos programas no solo facilitan una vivienda a quien la necesita a un precio razonable sino que, además, fomenta la fijación y asentamiento de población en el medio rural e incluso genera actividad económica en los municipios», destacaba ayer el consejero Suárez-Quiñones, durante la visita que realizaba a los trabajos de rehabilitación de la Casa Rectoral de la localidad leonesa de Chozas de Arriba, cedida por la Diócesis de León para el alquiler social.

Una actuación cuyo coste sumando la planta baja rehabilitada el pasado año supera los 100.000 euros, que le servía al consejero para acudir al sabio refranero y recordar que «un grano no hace un granero pero ayuda al compañero».

Suárez-Quiñones reafirmaba por lo tanto su apuesta por este Programa «Rehabitare», entre otras cosas, «porque es justo lo que necesitamos, que la gente no se vaya de los pueblos, que vengan familias con niños a residir en ellos y ayudar a que estos municipios y sus gentes puedan vivir con dignidad».

El vicario de Asuntos Económicos del Obispado de León, Pedro Puente, por su parte, se mostraba satisfecho de cómo está funcionando el convenio con la Junta y aseguraba que más de la mitad de 318 las viviendas con las que cuenta la Diócesis leonesa se han puesto a disposición de este programa para su recuperación.