El Consejo Consultivo aprueba 66 dictámenes durante el Estado de Alarma

La actividad del Consejo Consultivo no ha cesado durante el Estado de Alarma. De hecho, en este periodo la institución autonómica ha aprobado 66 dictámenes y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (Tarccyl) ha resuelto 13 recursos.

La mayor parte de los asuntos dictaminados se refieren a expedientes de responsabilidad patrimonial. Dentro de ellos, las consultas más numerosas son las relacionadas con reclamaciones en el ámbito sanitario y por accidentes a causa del mal estado de pavimentos viarios.

Por su parte, los recursos resueltos por el Tarccyl sumaron un importe que asciende a 124,4 millones de euros euros y se refirieron especialmente a la contratación de suministro de material y mobiliario de hospital, conservación, reparación y reforma de infraestructuras viarias y mantenimiento del alumbrado público.

Recordar, en este sentido, que tras el Real Decreto por el que se declara el Estado de Alarma el Tribunal suspendió los plazos para la interposición del recurso especial en materia de Contratos del Sector Público, y de las reclamaciones en los procedimientos de adjudicación, salvo que se tratara de contratos indispensables para la protección del interés general o para el funcionamiento básico de los servicios.

En los demás supuestos el Tarccyl dictaba resolución sobre los recursos especiales y reclamaciones cuya tramitación hubiera concluido y únicamente estuvieran pendientes de resolución.

Levantamiento de la suspensión

Este jueves ha entrado en vigor el levantamiento de la suspensión e interrupción de los plazos de los procedimientos de contratación promovidos por entidades pertenecientes al sector público, siempre y cuando su tramitación se realice por medios electrónicos conforme a la disposición adicional octava del Real Decreto Ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de carácter tributario para hacer frente al impacto económico y social del COVID 19.

Igualmente, se permitirá el inicio de nuevos procedimientos de contratación cuya tramitación se lleve a cabo también por medios electrónicos. Esta medida se extenderá a los recursos especiales que procedan en ambos casos.