Hasta 37.000 desempleados y ocupados se quedan sin formación por los recortes del Gobierno

De espaldas a los parados. Así es como parece estar el Gobierno de España tras los últimos recortes. Por ello, la consejera de Empleo e Industria de la Junta, Carlota Amigo, ha remitido una carta a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para reclamarle el abono de los 80 millones de euros que le correspondería recibir a la Comunidad este año, conforme a la distribución entre autonomías de los recursos previstos en el Plan Anual de Políticas de Empleo (PAPE).

En la misiva, la consejera advierte de que este recorte de fondos estatales privará de formación a 37.000 personas e impedirá la celebración de 2.650 iniciativas para la cualificación y reciclaje de desempleados y ocupados.

La responsable autonómica de las políticas activas de empleo recuerda al Gobierno que la formación del capital humano constituye una herramienta «indispensable» para reforzar la competitividad del tejido productivo y alerta de que será un factor decisivo para garantizar una recuperación más rápida y justa –desde el punto de vista económico y social– y más equilibrada y cohesionada –desde la óptica territorial– tras la crisis causada por la Covid-19.

Por este motivo, solicita a la ministra que rectifique la decisión adoptada en abril y transfiera a Castilla y León los fondos comprometidos.

Convocatoria en marcha

La Consejería estima que el recorte de 80 millones compromete, en primer lugar, la posibilidad de realizar tanto una nueva convocatoria de la línea de formación orientada a desempleados, como de ejecutar la programación prevista con medios propios.

Esto implica que no podrían impartirse 1.150 cursos –en los que de media participarían 130 entidades de formación– y que alrededor de 17.000 castellanos y leoneses sin un puesto de trabajo perderían la oportunidad de mejorar su preparación y, con ello, sus posibilidades de insertarse en el mercado laboral.

En segundo término, la no disponibilidad de los fondos previstos tendría también un impacto sobre las acciones dirigidas a trabajadores ocupados, así como sobre los planes formativos para el desarrollo de funciones vinculadas al Diálogo Social y la negociación colectiva. Estarían en riesgo 1.500 acciones, ejecutadas por 85 entidades, con una cobertura potencial de más de 20.000 beneficiarios.

De igual forma, el recorte a Castilla y León para la gestión de las políticas activas también afectaría a la programación vigente en materia de formación para el empleo, puesto que obligaría a la Junta a hacer frente con fondos propios a determinados compromisos de gasto que fueron asumidos antes de conocer la decisión del Gobierno.

Carlota Amigo recuerda también a la ministra que el embargo de estos fondos impedirá a la Comunidad convocar este año becas y ayudas para atender los gastos de los desempleados que participan en acciones formativas.

Para finalizar, la consejera insiste en que minorar la financiación de las políticas de empleo que desarrollan las comunidades implica menospreciar su contribución a la dinamización del mercado laboral y es injusto.