La Junta entrega el 90% de la documentación solicitada en la Comisión de Investigación de las Eólicas

La Comisión de Investigación sobre la adjudicación de parques eólicos, el edificio de Arroyo de la Encomienda, los terrenos de Portillo y las sedes en el exterior dispone del 90 por ciento de la documentación solicitada por los grupos de las Cortes. Así lo defiende la Junta de Castilla y León, que asegura que sólo entre un cinco y un diez por ciento de estos informes no se remitirán, teniendo en cuenta que se trata de un proceso judicializado, y que, de acuerdo a la doctrina jurídica, a quien tiene que reclamarse es a los tribunales que llevan el caso ya que, de lo contrario, la Administración autonómica recaería en un delito de desobediencia.

La Junta contesta de este modo al Grupo Socialista, que ayer bloqueó la Comisión por la falta del informe jurídico que avala la denegación de una documentación al Grupo, que considera que sin el mismo se condiciona su trabajo.

Así, El Ejecutivo autonómico expresa que respeta la doctrina judicial sobre la petición de documentación y alude a razones fundadas por el derecho, en cuanto que existen limitaciones fundamentales para denegar la remisión de parte de los documentos solicitados, aquellos que están en procedimientos judiciales penales, ya que se pueden lesionar los derechos fundamentales y libertades públicas de las personas.

Es más, los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia precisan que la decisión sobre la remisión de información o no de los documentos incorporados a un procedimiento penal, y en su caso cuáles, corresponde al titular del Órgano Judicial competente en cada caso.

Antecedentes

El 20 de febrero de este año, los Servicios Jurídicos de la Junta recibieron por parte de las Cortes de Castilla y León la petición de envío de documentación sobre el procedimiento de adjudicación e implantación de parques eólicos en Castilla y León y el resto de asuntos mencionados.

Tras ello, y según precisa la Junta, el 22 de mayo emitió el informe jurídico respecto a dicha petición de documentación. En él, la dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia diferencia tres clases de documentación, a efectos de poder entregársela a la Comisión de Investigación:

• Por un lado, los expedientes administrativos previos a la investigación penal –constituye la mayor parte y la más voluminosa-, que sí debían enviarse.
• Por otro, la documentación propiamente judicial, que los Servicios Jurídicos poseen por ser parte en el proceso judicial, y que incluyen las resoluciones judiciales, diligencias de ordenación o autos, y los documentos administrativos o técnicos nuevos que se van elaborando e incorporando judicialmente al proceso de investigación a instancia del ministerio fiscal o de las partes. Esta información, explican, no puede enviarse desde la Junta al Parlamento autonómico.
• En tercer lugar, la documentación procesal de las partes personadas en el proceso judicial -documentos de representación y defensa o acusación aportados por la fiscalía, las acusaciones o las defensas de las partes en el proceso judicial-, que tampoco pueden enviarse desde la Junta.

La Dirección de los Servicios Jurídicos entiende que la documentación judicial debe reclamarse a los órganos judiciales que los están tramitando, “como así se intentó por las Cortes, y que obtuvo la negativa de los mismos a su entrega, en protección del proceso judicial y de las garantías procesales y de defensa de las partes en el litigio”.

Por esta razón, también la Dirección de los Servicios Jurídicos adjuntó, antes de emitirlo, su proyecto de informe a los Juzgados afectados, en el que limita la documentación que puede entregar, con el fin de que quedara constancia y se conociera el estado de la tramitación de las solicitudes que habían efectuado las Cortes.

Con esta decisión, los Servicios Jurídicos “evitan a la Junta de Castilla y León encontrarse posteriormente con acusaciones por delito de desobediencia a lo ya acordado por el Juzgado de no entrega, o con la posibilidad de interposición de denuncias y/o querellas por aquellas personas que están siendo investigadas en los procedimientos penales”.