Casi 1,5 millones para mejorar los Servicios Sociales de los pueblos de Segovia

La Junta de Castilla y León destinará casi 1,5 millones, procedentes del segundo Fondo Social Extraordinario Covid-19, para mejorar los Servicios Sociales de los pueblos segovianos. Así lo anunció la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, tras reunirse con el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente.

Durante el encuentro la responsable del Gobierno regional también quiso conocer de primera mano los proyectos que la institución provincial está llevando a cabo en esta materia con la inversión aportada por el Ejecutivo autonómico.

En este sentido, Miguel Ángel de Vicente agradeció el esfuerzo económico de la Junta para ayudar a los más necesitados, ya que reiteró los Servicios Sociales “son un pilar fundamental” para la Diputación, como demuestra las numerosas iniciativas que ha llevado a cabo la institución provincial en esta materia.

Plazas concertadas

Además, Isabel Blanco, a pregunta de los periodistas, aseguró que la Junta tiene, “desde la responsabilidad”, que revisar las condiciones de las plazas concertadas que la Junta tiene en centros asistenciales e incrementar las prestaciones vinculadas a los usuarios para acceder a estos centros por los nuevos requisitos, aprobados por decreto, para luchar contra la pandemia. Una revisión que enmarcó en la petición de una mayor financiación a la Dependencia por parte del Gobierno central.

En la reunión de las Comunidades Autónomas con el secretario de Estado de Servicios Sociales, Castilla y León se sumó esta petición de incrementar la financiación de la Dependencia porque “éste es el momento” de negociar y aprobar esta mejora, tras el esfuerzo que las autonomías y las entidades locales han realizado para “solventar el problema”.

En caso de Castilla y León, con una financiación de 20 millones ahora y de diez millones destinados en febrero, así como a través del Acuerdo Marco, apoyando donde se necesitaba. “Es el momento de revisar esa financiación”, sentenció. Isabel Blanco señaló que, tanto los centros públicos y privados, tiene que adquirir EPIS; reforzar el personal; tener una reserva de plazas para los protocolos de aislamiento en caso de positivos por COVID-19 o síntomas compatibles.

Todos estos nuevos requisitos, aprobados por Decreto para evitar la propagación de la pandemia, incrementan el precio de las plazas concertadas, que tendrán que ser revisadas al igual que las prestaciones vinculadas para que los usuarios puedan ir a este centro. Una petición que se puso encima de la mesa en la reunión de trabajo con el Ministerio. Blanco señaló que igual que salió adelante del Ingreso Mínimo Vital ahora hay que revisar la financiación porque es “cuando las personas y los centros más lo necesitan”.

La consejera de Familia puntualizó que la decisión, en el caso de los centros residenciales privados, repercutan estos costes en los usuarios o lo asuman ellos, es “una decisión de los centros”, ya que su propuesta se centra en las plazas concertadas por la Junta.

Isabel Blanco señaló que, en materia de financiación, no hubo compromisos cerrados por parte del secretario de Estado, que “se remitió a los 16.000 millones”, ya aprobados por el Ministerio, que “tirásemos de ellos y del Ingreso Mínimo Vital”, en espera de lo que pueda pasar en una próxima convocatoria del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales. De momento, concretó, habrá una segunda reunión de trabajo con la Secretaría de Estado el 8 de septiembre.

“Buena y controlada situación” de las residencias

Por otra parte, la responsable regional de la cartera de Familia e Igualdad de Oportunidades calificó de “buena y controlada” la situación por la incidencia de la Covid-19 en residencias de mayores en Castilla y León. De los 1.214 centros existentes en la Comunidad, sólo hay tres que tengan brotes, uno en la provincia de Ávila y dos en la provincia de Burgos.

La consejera destacó la validez e importancia de este procedimiento en aras de la prevención y las salud de los trabajadores, las familias y los usuarios, extremando “estas medidas y controles sobre los propios trabajadores”. Además, recordó que el coronavirus se transmite por “la movilidad” y en el caso de las residencias es por las salidas de los usuarios y la movilidad de familiares y trabajadores.