Igea sobre el plan de Sánchez contra la despoblación: “Es decepcionante”

El vicepresidente denuncia que el borrador que les ha llegado del Gobierno con la Estrategia Nacional sobre el Reto Demográfico no incluye líneas de financiación ni una fiscalidad favorable al mundo rural

El vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, ha mostrado este jueves su “profundo malestar” y “perplejidad" por el borrador que les ha hecho llegar el Gobierno de España de la Estrategia Nacional sobre el Reto Demográfico 2020/2030. “Es decepcionante”, aseguraba el también portavoz de la Junta, quien no da crédito que este documento no incluya ninguna línea de financiación ni tampoco una fiscalidad favorable hacia el mundo rural para que puedan asentarse empresas y familias que ayuden a repoblarlo o medidas concretas que puedan ayudar a fijar población en los pueblos principalmente.

“Ya no es que no contemple ninguna de las propuestas que ha puesto encima de la mesa Castilla y León, es que ni siquiera se incluye en el documento que el objetivo de dicha estrategia sea el incremento de la población”, advertía, sorprendido, el vicepresidente del Gobierno autonómico, quien, sin embargo, confía, espera y desea que en la próxima Conferencia de Presidentes se puedan cambiar algunas cuestiones de este borrador sobre el gran desafío al que se enfrenta España y Castilla y León en los próximos años,.

Comisión de investigación sobre las residencias

Por otra parte, y preguntado por los periodistas acerca de la amenaza del PSOE de poner en marcha una comisión de investigación en las Cortes si la Junta no da a conocer en menos de una semana los datos sobre cómo ha afectado y afecta la pandemia a las residencias, Igea se mostraba también contundente en sus afirmaciones hacia los socialistas. “Es una desvergüenza porque saben que su Gobierno lo ha rechazado”, aseguraba el también consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, incrédulo porque los del puño y la rosa exijan en Castilla y León lo que no hacen en las Comunidades donde gobiernan.

Además, Igea, que reconocía la alta mortalidad en las residencias, recordaba que la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno formado por PSOE y Podemos, ha ratificado el informe de los Servicios Jurídicos de la Junta de no dar los datos de mortalidad individualizados por residencias y que por eso la Junta no va a incumplir la ley. “Nos preocupa mucho la situación en las residencias y es nuestra obligación proteger a los más vulnerables y así lo estamos haciendo", apuntaba el vicepresidente, mientras anunciaba que en breve tendrán un control efectivo virológico, que sería “prácticamente diario”, de los agrupamientos de muestras o de análisis de las aguas residuales de todas las residencias.

Esta técnica, también llamada “Pulling” ya se aplica en Cataluña con buenos resultados y consiste en recoger muestras nasales de ocho personas y las traduce en una sola analítica, de forma que si el resultado es positivo, se trata a los sujetos de forma individualizada.

Por otro lado, cabe señalar que en este momento hay 63 brotes asociados a las residencias de personas mayores, el 16 por ciento del total de los contabilizados en la Comunidad, con 1.159 casos vinculados a los mismos.

Conectividad entre los residentes y sus familias

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha dado luz verde a una partida por valor de casi tres millones de euros para digitalizar las residencias de la comunidad y, de esta forma, potenciar la conectividad entre los mayores y sus familias a través del proyecto “Residencias digitales de Castilla y León” Y es que uno de los problemas de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus es que se están limitando al mínimo las visitas de familiares a las personas mayores que viven en las residencias como medida de prevención, y con este proyecto se pretende que, al menos, se puedan minimizar los efectos derivados de las medidas de confinamiento.

El proyecto también pretende mejorar los sistemas de gestión de los propios centros y los sistemas de salud, con el objetivo de reducir al máximo los efectos derivados de las medidas de aislamiento que se puedan adoptar mientras dure esta situación de crisis sanitaria.

Se ejecutará mediante cableado y electrónica de red (contrato WIFI), soluciones software sobre la red WIFI y oficina técnica para el apoyo a la Gerencia de Servicios Sociales, dependiente de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Además, la Junta de Castilla y León ha otorgado 235.000 euros a ocho universidades para el desarrollo del programa interuniversitario de la experiencia 2020-2021, en el que desde 2008 han participado mas de 55.000 personas.

Millonarias inversiones en Sanidad

En materia sanitaria, la Junta ha aprobado cuatro iniciativas que entre todas suman casi siete millones de euros de inversión, destinados a la mejora de la atención de las personas que acuden a los hospitales y centros de salud. Así, por un lado, el departamento que dirige Verónica Casado invierte 1,2 millones de euros en el nuevo servicio de diálisis peritoneal domiciliaria para pacientes del Hospital Río Hortega de Valladolid, y destina otro millón de euros más en equipamiento para el nuevo Hospital de Salamanca.

Asimismo, la Consejería de Sanidad destinará más de un millón de euros en medicamentos para el tratamiento del cáncer de mama y el déficit de hierro también en Salamanca y, finalmente, se dirigen otros 3,7 millones de euros en suministros sanitarios para las provincias de Valladolid y Ávila.

Facilidad financiera

Finalmente, cabe señalar que entre los acuerdos del Consejo de Gobierno se encuentra la adhesión de la Junta al Compartimento de Facilidad Financiera, que ha asignado a Castilla y León 287 millones de euros para necesidades de financiación en el cuarto trimestre de este año. A esta cantidad se unen los 105millones asignados por Hacienda y correspondientes al déficit de referencia del ejercicio 2020. Las condiciones financieras de la adenda en la que se formalizaría este nuevo préstamo son idénticas a las del contrato inicialmente suscrito.

Se trata de una operación a un plazo de doce años (cuatro años de carencia y 8 de amortización) y el tipo de interés será el del rendimiento medio de la Deuda del Estado a plazo equivalente, esto supone un ahorro en gastos financieros respecto del coste que le correspondería asumir a la Comunidad si optara por acudir a los mercados financieros.