Las residencias que no informen de su situación epidemiológica a las familias serán sancionadas

El Gobierno autonómico recuerda a estos centros que no pueden negarse a ofrecer información y anima a los afectados a denunciar los casos que haya para poder actuar

Las residencias de personas mayores son las que están sufriendo las consecuencias más graves de esta pandemia que parece no tener fin. Tanto por la mortalidad que está provocando la covid en estos espacios -2.826 fallecidos en estos siete meses sumando los 1.721 confirmados por PCR y los 1.105 que murieron con síntomas compatibles con la enfermedad pero a los que no se les hizo la prueba molecular-, como por los contagios que siguen registrándose -hay más de medio centenar de brotes activos en residencias en estos momentos- o por el aislamiento al que se están viendo sometidos los residentes en sus habitaciones para evitar que el virus se propague.

Una situación delicada y sin precedentes que está provocando un deterioro físico y cognitivo en las facultades de estas personas, a lo que hay que sumar, además, el daño por la limitación de las visitas de familiares, muy restringidas, y que estas se tengan que hacer sin contacto y con extremas medidas de seguridad para impedir que el virus entre estos centros residenciales. Por ello, el contacto se limita prácticamente al teléfono en los casos que se pueda y a las noticias que aportan las residencias.

Si bien, muchas familias se quejan de que la información que ofrecen en estos centros es insuficiente y que incluso les ocultan datos o no les dicen la verdad sobre el estado de su ser querido, lo que les genera inquietud, estrés e impotencia.

Lo denunciaban no hace mucho desde la plataforma de afectados por la situación de las residencias de mayores de Castilla y León, con varias concentraciones en varias capitales de provincia de la Comunidad, donde pedían también más medios y recursos para atender mejor a los residentes, y advertían de que la restricción de visitas a las residencias de mayores “no es la única solución” ya que conlleva “daños psicológicos” para las personas mayores que ven limitado el contacto con sus seres queridos

Ante esta tesitura, desde el Gobierno autonómico recuerdan que los datos específicos de las residencias de titularidad autonómica no se hacen públicos por la protección de datos, pero advierte de que las residencias no se pueden negar a dar información a las familias y advierten de que aquellas que no lo hagan serán sancionadas. «Tienen la obligación de informar por lo que invito a que en los casos que no se haga se ponga en conocimiento de la Junta para que podamos actuar y sancionar», asegura la consejera de Familia e Igualdad, Isabel Blanco, quien pide también a los centros residenciales que potencien en la medida de sus posibilidades todas las actividades que puedan en el interior para que los residentes se muevan e interactúen y combatir así un posible deterioro físico y cognitivo.

Dinamizar la Raya

La consejera se expresaba así antes de inaugurar en Zamora el primer Encuentro Transfronterizo de Jóvenes y Dinamización Rural, denominado Transrural Joven, que se desarrolla en la sede de la Fundación Rei Afonso Henriques en formato semipresencial.

Unas jornadas en las que están participando alrededor de doscientos jóvenes emprendedores de Castilla y León para poner sobre la mesa experiencias de negocio para promover la creación de empresa y fomentar el empleo y la fijación de población en el medio rural castellanoleonés, .

Objetivo: compartir conocimientos en materia de turismo, desarrollo sostenible o el tiempo libre para dinamizar la zona transfronteriza que comparte la provincia zamorana con Portugal, además de reflexionar sobre diversos aspectos ligados al mundo rural como opción de vida atractiva para los jóvenes.

Blanco aseguraba que en la puesta en marcha de nuevos negocios en el medio rural los jóvenes de Castilla y León van a contar “siempre” con el Gobierno regional, y recordaba las diferentes líneas de subvención como el programa Emprende Joven, que cuenta con un presupuesto de 148.500 euros.

Del mismo modo, la consejería que preside Blanco también dispone de dos convocatorias dirigidas a la inserción laboral de jóvenes con discapacidad que tienen previsto llegar a medio millar de personas y a través del Diálogo Social se destinan 750.000 euros en el asesoramiento y la orientación juvenil en materia laboral.

En este sentido, avanzaba Blanco el taller de formación artesana suspendido por la pandemia se retomará a principios del próximo año y se ampliará a tres los talleres que se impartan a partir de esa fecha sobre alfarería y marroquinería.