Sociedad
Los jubilados cargan contra Sánchez: “Vale ya de engaños”
Centenares de pensionistas denuncian en la calle la “sangría” que están padeciendo, claman por unas pensiones “dignas” y exigen una auditoría a las cuentas de la Seguridad Social
Los jubilados de Castilla y León se hartan y cargan contra el Gobierno de España ante la precariedad del sistema público de pensiones y su privatización que está fomentando el Gobierno de España. Pese a las lluvias que han hecho acto de presencia en todas las provincias de la Comunidad, centenares de pensionistas se han echado a las calles y plazas de las principales ciudades de la Región para decir “basta ya de engaños” y clamar por una pensiones “dignas”.
Durante las concentraciones han hecho hincapié en los cambios en relación a los años de cotización y la intención de elevar a 35 los años cotizados. “Ahora se necesitan 25 para tener una pensión mínima y lo quieren subir hasta los 35 años para tener una paga del cien por cien, por lo que los futuros pensionistas se van a encontrar con unas pensiones de auténtica miseria”, denuncian, a la vez que repelen el informe presentado por el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos a la Unión Europea sobre la reforma de las pensiones, “que prevé sacar 135 millones de euros de la conocida ‘hucha’ de las pensiones para financiar el sistema privado”.
“#Justicia Fiscal para los pensionistas, para los emigrantes retornados o para los afectados por dos o más pagadores; no más robos de Hacienda”; “Pueblo de ovejas, Gobierno de Lobos, beneficio para buitres”; “Traición a la clase obrera”; “Unos luchando, otros trepando”; “Que no te roben tu pensión, que no te roben tu futuro”; o que se “blinden de una vez las pensiones” eran algunos de los mensajes que podían leerse en las protestas que se han llevado a cabo por toda la Comunidad, en las que también se ha pedido la dimisión de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, o el de Inclusión Social, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá.
Los pensionistas, después de tres años de protestas y concentraciones en defensa de sus pensiones, se sienten traicionados y engañados tras el últimas medidas del Gobierno de España en el Pacto de Toledo y advierten que están “ante un recorte muy grande de las pensiones venideras”.
“Basta ya de engaños. Además de la sangría que viene sufriendo el sistema público de pensiones, ahora, por si fuera poco, pretenden establecer mecanismos para favorecer la contratación de planes de pensiones privados”, decía Jesús Isabel Martín, portavoz de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe).
Además, los pensionistas piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que derogue las dos últimas reformas laborales de 2010 y 2012 realizadas por el socialista José Luis Rodríguez Zapatero y el popular Rajoy as como que se establezca una pensión mínima de catorce pagas con 1.080 euros semanales y se mantengan las pensiones de viudedad.
La eliminación de coeficientes reductoresen jubilaciones anticipadas y la garantía de tener derecho al cien por cien de la pensión con un mínimo de 40 años cotizados y 60 años de edad; la revalorización de las pensiones de acuerdo al IPC real, son otras de las reivindicaciones planteadas por los pensionistas, quienes exigen también una auditoria a las cuentas de la Seguridad Social tras la denuncia del Tribunal de Cuentas en la que se critica que los distintos gobiernos vienen utilizando fondos propios del sistema público a elementos ajenos a las pensiones.
Pero, sobre todo, los pensionistas, que seguirán saliendo a las calles en defensa de sus pensiones y de su futuro, reclaman al Gobierno de la nación que cumpla el artículo 50 de la Constitución Española de 1978, la del consenso y unidad de todos los españoles, en el que se establece que los poderes públicos “deben garantizar las pensiones”.
Artículo 50 de la Constitución:
“Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”.
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