La Junta de Castilla y León da un paso más en su lucha contra la corrupción

La Junta de Castilla y León da un nuevo paso en su lucha contra la corrupción. Así lo destacó el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno en el que se aprobó una “pionera” herramienta para prevenir posibles comportamientos irregulares.

Se trata de la cultura de la integridad en el cumplimiento normativo como “barrera” para evitar la corrupción en la Administración autonómica, como en los órganos autónomos y entidades públicas.

Ibáñez explicó que la Junta en su reunión semanal adoptó el acuerdo por el que se determina el asesoramiento legal preventivo por parte de los Servicios Jurídicos del Gobierno regional, en especial a las empresas públicas.

Compromiso de Fernández Mañueco

La medida recoge la definición y alcance de las funciones de asesoramiento jurídico preventivo, “compliance”, que se atribuyen a la Consejería de la Presidencia a través de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, de forma que se cumple el compromiso asumido por el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en la comisión de investigación de las Cortes regionales, celebrada el 30 de julio de 2020.

Además, Ibáñez señaló que el “compliance jurídico”, una herramienta utilizada por el sector privado y que ahora se extiende al ámbito público de la Comunidad, surge ante la conciencia social y ciudadana de que la administraciones que nacieron para prestar servicios lo hagan de una manera “eficaz y eficiente”, se guíe de manera proactiva y transparente y haga una evaluación de sus resultados, de acuerdo a una “gobernanza de calidad y buen gobierno”, que prime los intereses generales.

Por tanto, se trataría del conjunto de actuaciones de contenido jurídico que tienen como objetivos la minimización de riesgos en la toma de decisiones, la anticipación y prevención de problemas jurídicos, la resolución de conflictos judiciales, y la difusión de la cultura de la integridad jurídica.

Asimismo, el consejero de la Presidencia recordó que esta iniciativa se enmarca en el acuerdo de Gobierno de PP y Ciudadanos, que recordó se comprometieron a luchar contra el fraude, la corrupción y cualquier otra actividad ilegal de la administración y sus entes.

Asimismo, indicó que esto se refleja en las estructuras y atribuciones de sus departamentos, puesto que la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior se encarga de la evaluación de la calidad de los servicios, la inspección y la transparencia, así como del impulso de la Oficina contra el Fraude. También recordó que la Consejería de Economía y Hacienda tiene la tarea del control presupuestario y contable y de la evaluación de las políticas de gastos, mientras los servicios jurídicos dependen de Presidencia.

Ángel Ibáñez aclaró que los interventores hacen fiscalizaciones o controles presupuestarios, mientras el Consejo Consultivo informa de forma previa sobre las normas y el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León sobre lo que marca la ley de contratos.

Sin embargo, esta figura nueva, que convierte, afirmó, a la Comunidad en “pionera” busca la prevención penal de posibles comportamientos irregulares así como poner “barreras” ante posibles ilegalidades o casos de corrupción.

Cuatro áreas

El “compliance” administrativo se desarrolla mediante informes de contenido jurídico para la fijación de criterios generales de interpretación del ordenamiento jurídico en asuntos que se consideren de particular relevancia o que exijan una revisión como consecuencia de modificaciones normativas o de la jurisprudencia en la materia.

El penal, en el que se distingue el de las empresas públicas de la Comunidad, que se desarrolla mediante un protocolo de contenido jurídico de obligada asunción por los órganos de estas empresas públicas, donde se contemple el conjunto mínimo de medidas de prevención, control y respuesta diseñados ante la eventual comisión de los delitos corporativos; y el de otras entidades, que es un protocolo de contenido jurídico para los entes públicos de derecho privado y fundaciones públicas en materia de cumplimiento normativo e integridad, con el fin de evitar la comisión de ilícitos penales.

La herramienta pionera de mediación intrajudicial se implanta mediante un protocolo de contenido jurídico sobre cómo actuar ante el posible ofrecimiento judicial de mediación una vez comenzado el proceso judicial.

Finalmente, el “compliance” de gestión del conocimiento, consistente en la realización de estudios y organización o participación en encuentros con universidades, jueces, fiscales, abogados, procuradores y, en general, cualesquiera otros operadores jurídicos, que tengan por finalidad el conocimiento y la difusión de materias de índole jurídica y que fomenten esta cultura de la integridad.

Medalla de Oro para Vicente de los Mozos

Por otra parte, Ángel Ibáñez anunció que el Consejo de Gobierno concedió la medalla de oro de Castilla y León al director general de Renault España, José Vicente de los Mozos, en reconocimiento de los méritos acreditados a lo largo de su vida, su compromiso con la Comunidad y su propio perfil humano.

Este reconocimiento destaca la relevancia personal y profesional de José Vicente de los Mozos, su compromiso con Castilla y León y su trayectoria en el mundo de la industria y de la empresa.

Pago a proveedores

Por otra parte, el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, anunció que el periodo medio de pago de la Comunidad al finalizar el ejercicio 2020 fue de 26 días, por debajo del plazo máximo de pago a proveedores previsto en la normativa sobre morosidad, que se sitúa en 30 días.

El volumen de operaciones efectuadas por la Comunidad en 2020 aumentó un 22,37 por ciento y el importe total de las facturas pagadas ascendió a 3.219 millones de euros, de los que el 70 por ciento corresponde al ámbito sanitario.

El número total de pagos realizados durante 2020 ascendió a 701.923 y que el volumen de operaciones efectuadas por la Comunidad aumentó un 22,37 por ciento en importe y un 7,06 por ciento en número de facturas, respecto al año 2019. Este crecimiento se manifiesta especialmente en el sector sanitario, donde el volumen de operaciones se elevó un 31,47 por ciento en términos de importe y un 35,53 por ciento en términos de número de facturas.

Así, el importe total de las facturas pagadas en el ejercicio 2020 ascendió a 3.219 millones de euros, de los que 2.281 millones corresponden a facturas abonadas por el sector sanitario, lo que representa un 70,85 por ciento del importe total de los pagos realizados. En el sector de la educación se han abonado facturas por importe de 246,75 millones de euros (7,66 por ciento del total); en el área de los servicios sociales, 214,76 millones (6,67 por ciento del total); y en el resto de sectores se han satisfecho facturas por importe de 477,04 millones (14,82 por ciento del total de pagos realizados).