Pandemia
La Junta esperará siete días antes de tomar nuevas medidas hasta ver el impacto del fin del estado de alarma
El vicepresidente Igea asegura que la situación epidemiológica está mejorando pero advierte del “caos y el “desbarajuste” legislativo y normativo al que ha sometido el Gobierno a la lucha contra el virus
El Gobierno autonómico no tomará ninguna medida nueva en los próximos diez días al menos hasta ver el impacto tanto sanitario como legislativo que tendrá en la situación epidemiológica de la Comunidad el fin del estado de alarma y con él el levantamiento del toque de queda o del cierre perimetral.
Así lo ha anunciado este mediodía el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, quien asegura que la Junta tampoco tomará ninguna decisión sobre si decide establecer un toque de queda o un cierre perimetral para contener una posible expansión del virus en la Comunidad hasta ver si las Comunidades Autónomas a las que la Justicia ha tumbado sus medidas recurren al Tribunal Supremo o no, aunque según Igea “todo parece indicar” que no lo harán, en referencia a Canarias, País Vasco y Navarra
El también portavoz de la Junta avanza que van a mantener reuniones en los próximos días con los sectores afectados, como ayer hicieron con los empresarios segovianos y esta semana harán también con el turismo rural, pero insiste en que aunque hay voces que piden una flexibilización de las restricciones, que la Junta no tomará ninguna medida nueva hasta el próximo jueves 21 de mayo que se reúna el Consejo de Gobierno, donde analizarán indicadores y criterios, y que prefieren esperar estos días para ver la evolución del virus ante el nuevo escenario y debatir unacuerdo con nuevos criterios e indicadores para acompasar la situación sanitarias y las medidas.
Y aunque no habrá nuevas medidas extraordinarias “salvo catástrofe”, Igea asegura que el lunes entrarán y saldrán nuevos municipios del listado que impide abrir el interior de la hostelería o cerrar las casas de apuestas en función del semáforo covid, que establece el límite de 150 casos por cada cien mil habitantes de incidencia. Si bien, avanzaba que la intención del Ejecutivo autonómico es cambiar el próximo jueves este umbral.
“Entendemos que hay que adaptar las restricciones y limitaciones a la situación que haya, y así lo haremos, acompasando las medidas con la evolución del virus, pero con tres premisas claras: salvar vidas, evitar el colapso sanitario y reactivar la actividad económica lo más rápido posible”, apunta el vicepresidente, mientras denuncia el “caos” legislativo y el “desbarajuste” normativo que el Gobierno de Pedro Sánchez ha sometido a las regiones en la lucha contra el virus. Algo que, en su opinión, debería haber evitado a toda costa, porque además se le había avisado con tiempo.
Al respecto, insiste en que Castilla y León esperará a ver qué ocurre en otros territorios si recurren o no yque hará caso a su Tribunal de Justicia, que ya dejó claro el pasado el pasado mes de octubre lo que podía o no hacer la Junta cuando intentó establecer una limitación de la movilidad por la noche.
Igea destaca también que la situación epidemiológica actual ha mejorado ostensiblemente y reconocía que la incidencia acumulada no refleja la realidad “con exactitud” sobre el número de muertes, ingresos hospitalarios o en las UCI, sobre todo el número de fallecidos debido a la vacunación que ha hecho que descendiera la mortalidad y que no haya habido una cuarta ola de letalidad. Si bien, y a pesar de esta mejoría, y de que las unidades de hospitalización se están vaciando progresivamente, advierte de que las unidades de cuidados intensivos siguen “saturadas”, en concreto por encima del 25 por ciento y avisa que más de la mitad de los ingresados por covid en ellas tienen ya menos de 60 años.
Malestar con el Procurador del Común
Por otro lado, el vicepresidente reprochaba este miércoles al Procurador del Común, Tomás Quintana, que en algo “tan serio” como su Informe Anual haya incluido “una opinión” sobre la mortalidad en las residencias de mayores y lo ha considerado como “un comentario de un comentario”.
”Es la opinión de una persona, los datos están publicados, 1.812 fallecidos en hospitales tras ser trasladados y 1.145 muertes en residencias”, resumía Igea, “sorprendido desagradablemente” por el proceder del Procurador del Común en este ámbito.
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