La mitad de los controles en carretera acaban en denuncia

El pasado año se realizaron en las carreteras de Castilla y León un total de 22.950 controles de vehículos que transportan mercancías o personas, lo que han supuesto catorce mil menos que un año antes debido a la pandemia. De estas inspecciones, casi la mitad, 11.166 en concreto, acabaron en denuncia, con un total de 950 inmovilizaciones de vehículo al detectar en la labor de inspección infracciones graves. La mayoría de ellas, el 70 por ciento, tenían que ver con los tiempos de conducción y descanso, seguidas de los excesos de peso y las autorizaciones para el transporte y, en menor medida, carencia manipulación del tacógrafo.

El porcentaje de denuncias se mantiene similar a 2019, cuando hubo 37.715 controles y se detectaron 18.231 infracciones (48,3 por ciento), con 1.407 inmovilizaciones de vehículos, y con un 78 por ciento de ellas correspondientes a los tiempos de conducción y descanso.

De los 22.950 controles que se realizaron en 2020, 21.472 fueron inspecciones en carretera, tanto nacionales como internacionales, y 1.478 se realizaron en los vehículos directamente en las empresas, incluyendo las VTC o de alquiler con conductor.

Además, durante 2020 se realizaron 1.185 inspecciones relativas al plan de prevención y control de la covid, ya que durante muchos meses del año el transporte por carretera fue un servicio esencial y hubo controles para evitar el riesgo de transmisión comunitaria del coronavirus.

Estos son algunos de los datos que se han dado a conocer este martes durante una Jornada de Formación de Coordinación y Especialización en materia de Inspección de Transportes, celebrada en Valladolid, en la que han participado, entre otros, el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, quienes han defendido la “labor compartida” de Junta y Gobierno para garantizar la seguridad vial y la competencia leal de un sector que ambos consideran clave. Una jornada a la que acudían agentes de Tráfico de la Guardia Civil y personal de los Servicios de Inspección de Transporte por carretera.

Tanto Izquierdo como Suárez-Quiñones ponían en valor la coordinación entre administraciones y Cuerpos y destacaban que los inspectores de Transportes y los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil son personal muy especializado y con una altísima cualificación, por lo cuando llevan a cabo un control es tras haber detectado alguna posible irregularidad de la normativa. De ahí que, según coincidían, casi la mitad de los controles realizados por la Benemérita derive en una denuncia, aunque aclaraban que buena parte de las infracciones no son registradas como tal al no ser graves.

Estas inspecciones se enmarcan dentro del Plan Anual de Inspección de Transporte por Carretera, cuyo objetivo último, según recordaba el consejero, no es denunciar si no contribuir a la seguridad vial y asegurar la leal y correcta competencia dentro del sector del transporte. “El simple control y la mera presencia de la inspección en la carretera ya impulsa el cumplimiento voluntario de las normas por su efecto disuasorio sobre las conductas infractoras en el sector, lo que a la postre se traduce en menos accidentes, menos muertos y menos pérdidas materiales”, apuntaba Suárez-Quiñones.

Izquierdo hacía hincapié en la importancia del sector por su implicación en la seguridad vial y por su peso en el ámbito económico. De ahí, la necesidad de llevar a cabo inspecciones para que la actividad se desarrolle en una competencia correcta y con garantías así como el cumplimiento de las reglas comunes.