Sociedad
Una nueva Renta Garantizada en Castilla y León vinculada a la inserción laboral
La Junta y los agentes del Diálogo Social ven necesario revisar esta prestación para dar viabilidad al mejor proyecto de vida
Una nueva Renta Garantizada que esté vinculada a la inserción social y laboral de sus beneficiarios y a la escolarización de menores. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y los agentes del Diálogo Social trabajan ya en ello y han defendido, durante un encuentro celebrado en Valladolid, y presidido por la consejera Isabel Blanco, la necesidad de revisar esta prestación económica para garantizar un proyecto de vida a sus perceptores, ya que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) sólo se centra en asegurar unos ingresos mínimos de subsistencia.
«La precipitación y falta de diálogo con la que ha actuado el Gobierno ha originado disfunciones, desorientación e inquietud entre los ciudadanos y las familias más vulnerables», lamentaba Blanco.
Una situación que está provocando por un lado que haya unos 2.222 familias con la Renta que perciben menos cuantía que en el IMV, que ha hecho que la Junta haya tenido que complementar con un ingreso extra a los beneficiarios y, lo que es más preocupante, que el 95 por ciento de los que pasan a cobrar el subsidio estatal abandonan el itinerario formativo o el contrato de trabajo que se les había ofrecido.
Un hecho que también repercute en el incremento, que se viene observando, del absentismo escolar entre los hijos de los antiguos perceptores de la Renta.
De esta manera la nueva Renta Garantizada de Ciudadanía implicaría un ingreso adicional, incentivo o mejora económica para la persona que esté recibiendo la cuantía por parte del Estado, a cambio del cumplimiento de unos compromisos que se determinen en un proyecto individualizado de inserción para la unidad familiar, centrados en la educación y en el acceso al empleo.
Para ello, desde la Consejería se va a simplificar los requisitos para su solicitud, que se van a reducir básicamente a tener la residencia y estar empadronados en Castilla y León, ser beneficiarios del IMV, ser demandantes de empleo y formar el Programa Individualizado de Inserción.
«Los Servicios Sociales tienen que ser la puerta de entrada de esas familias en cualquier situación de vulnerabilidad, pero también la puerta de salida y dotarles de medios», sostenía Blanco.
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