Más de 1.029 millones para el Plan de Inversiones Sociales Prioritarias destinado a garantizar los servicios y contrarrestar el golpe social de la Covid-19

El Gobierno que preside Alfonso Fernández Mañueco aprobó el Plan de Inversiones Prioritarias con vigencia 2021-2025, que estará dotado inicialmente con 1.029 millones de euros, que supone un 41,4 por ciento más que el anterior (2016-2020). Estos fondos sirven para apoyar la prestación de los grandes servicios públicos, priorizando las actuaciones en las áreas de sanidad, educación y servicios sociales, con el objetivo de reducir los impactos negativos asociados a la crisis generada por la COVID. No en vano, seis de cada diez euros de este nuevo plan van destinados a sanidad, sobre todo para la construcción y reforma de hospitales y la compra de equipamiento, seguido de educación (24 por ciento) y servicios sociales (15 por ciento).

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que acompañó al vicepresidente y portavoz, Francisco Igea, para explicar el Pacto, recordó que para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social en Castilla y León recogía como medida 73 la elaboración de un Plan de Inversiones Sociales Prioritarias para el periodo 2021-2025, con unos recursos de, al menos, los 728 millones de euros previstos en el último plan -cifra superada en 301,1 mllones de euros-, lo que implica un importante esfuerzo presupuestario de la Junta dirigido a la protección de los ciudadanos de la Comunidad.

La previsión del Plan para el periodo 2021-25 es realizar inversiones en sanidad que superan los 625 millones de euros, de los cuales se dirigirán a Atención Primaria 107,8 millones de euros; a inversiones destinadas a Atención Hospitalaria 459,3 millones; y por último, las inversiones en Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el área sanitaria ascienden a más de 57,8 millones de euros.

Las inversiones se dirigirán a nuevas actuaciones en infraestructuras sanitarias en función de la adaptación a las nuevas necesidades asistenciales, de la cartera de servicios sanitarios y a la antigüedad y estado de conservación de los edificios. Asimismo se prevé incrementar la adquisición de equipamiento asistencial en centros de salud, hospitales y complejos asistenciales y mejorar las infraestructuras soporte de las tecnologías de la información y la comunicación.

Las inversiones previstas en educación para el periodo del plan ascienden hasta los 246,8 millones de euros, de los cuales se destinarán 195,7 millones a la enseñanza no universitaria y más de 51 millones a inversiones en enseñanzas universitarias.

El Plan de Inversiones Sociales Prioritarias destinará las inversiones del área educativa no universitaria a obra nueva y ampliaciones de centros en función de las necesidades de escolarización; a actuaciones en reparación, mantenimiento y sustitución; y a equipamientos en centros existentes y nuevos para actuaciones en Formación Profesional, para garantizar una educación de calidad.

Por su parte, en la enseñanza universitaria se prevé mantener y rehabilitar infraestructuras y equipamiento de las universidades públicas; invertir en eficiencia energética y la sostenibilidad; renovar el equipamiento docente e investigador; apostar por el desarrollo y adaptación de centros de I+D; así como atender actuaciones en infraestructuras destinadas a la docencia y a la investigación a través del Programa Plurianual de Inversiones.

132 milllones para residencias

La inversión en Familia e Igualdad de Oportunidades será superior a los 157,3 millones de euros. Esta inversión se destinará a centros de personas mayores con 132,8 millones de euros; 11,9 millones a centros de personas con discapacidad; 8,6 millones a centros de menores; y 3,8 millones a escuelas de educación infantil e instalaciones juveniles.

En concreto, se invertirá en la creación o ampliación de unidades de convivencia en los centros de la Gerencia de Servicios Sociales, mejorar las infraestructuras e instalaciones de los centros de mayores, así como el equipamiento de las residencias de personas mayores y de los centros de día de personas mayores.

También se actuará en centros de personas con discapacidad, y en centros de menores e instalaciones juveniles para mejorar la calidad de vida de sus usuarios, mediante la creación de espacios adecuados que favorezcan su desarrollo, empleabilidad e incorporación a la sociedad.

Otros acuerdos

Por otra parte, el Consejo de Gobierno dio luz verde, por 1,77 millones de euros, la contratación del suministro de 1.629.000 unidades de identificación individual de animales de las especies ovina, caprina y bovina, que se distribuyen entre crotales auriculares visuales, crotales electrónicos, bolos ruminales y microchips inyectables.

La propuesta realizada por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural responde a la necesidad de cumplir con la normativa comunitaria que establece un sistema de identificación y registro de los animales de las especies ovina, caprina y bovina.

La adquisición de estos identificadores se contratará por procedimiento abierto y entre las condiciones especiales de contratación se recoge que la empresa adjudicataria debe acreditar que, al menos, el 30 por ciento del total de los trabajadores afectados por el contrato gocen de estabilidad laboral.

En materia de transporte, la Junta aprobó la concesión directa de una subvención de 12,9 millones de euros a los 131 titulares de las 243 concesiones de los servicios de transporte público regular de uso general de viajeros por carretera de la Comunidad, para anticipar las compensaciones del déficit de explotación que se generarán durante el próximo año 2022.

La subvención otorgada, con carácter anticipado, surge así de la necesidad de garantizar la movilidad pública y el servicio de transportes por carretera en Castilla y León en el año 2022, dada la situación actual en que se encuentra el sector, con una pérdida de viajeros estimada en un porcentaje cercano al 30 por ciento, derivado de una importante disminución de la movilidad pública y, con ello, una reducción significativa de los ingresos de las empresas operadoras; y por el incremento de los costes vinculados de modo directo a la prestación del servicio público de transporte de viajeros por carretera, en un porcentaje superior al 25 por ciento respecto del año anterior.

La Junta de Castilla y León considera necesario anticipar parte del déficit de explotación que resulta imprescindible para hacer frente a la prestación de los servicios desde el mismo día 1 de enero del año 2022. De esta forma, se garantiza la prestación del servicio de transporte público en condiciones de normalidad y, con ello, el mantenimiento del tejido empresarial, formado por pequeñas y medianas empresas, y el nivel laboral, cercano a los 3.500 empleos directos.

Además, el Ejecutivo autonómico susctibió el Plan Soria Conectada y Saludable para el periodo 2021-2027, con el que se invertirán 158,8 millones de euros en más de un centenar de proyectos para la provincia centrados en la conectividad, la innovación empresarial y el asentamiento poblacional.

El proyecto, que está abierto y es flexible a la incorporación de nuevas acciones, fue consensuado a lo largo de diferentes reuniones mantenidas por la Junta con agentes económicos, sociales y empresariales, así como instituciones y entidades del ámbito deportivo, sanitario o turístico.

El Plan cuenta con la financiación de distintas administraciones. En concreto, la Junta de Castilla y León aporta 128,6 millones de euros, la Diputación provincial suma 20,6 millones y el Gobierno de España invierte 9,5 millones.