La vivienda colaborativa y el bono de alquiler joven ya se regulan por Ley

Castilla y León incluirá en su ley de Vivienda de Castilla y León los alojamientos colaborativos de protección pública y el bono de alquiler joven, dentro de las medidas urgentes que incluye el decreto ley de medidas urgentes aprobado el pasado 23 de junio en Consejo de Gobierno.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha detallado este martes en un comunicado la reforma de varios artículos de su ley de vivienda para ajustar los procedimientos de la Junta a la gestión de los fondos europeos, que exigen una agilidad extraordinaria en la tramitación.

La nueva norma introduce las viviendas colaborativas o “cohousing” como nueva modalidad de vivienda de protección pública, con el fin de regular una tipología muy demandada entre los jóvenes, para hacer posible su promoción en alquiler social, habilitando de esta forma la absorción de los fondos que ha recibido Castilla y León a través del Programa de ayuda a la construcción de viviendas en alquiler social.

La vivienda colaborativa o cohousing es un fenómeno surgido para dar respuesta social al problema del acceso a la vivienda para grupos vulnerables como los jóvenes, ya que posibilita que un grupo social con necesidades, intereses y objetivos comunes puedan desarrollar su proyecto de vida en hogares independientes, pero con zonas compartidas, sufragando también de manera compartida servicios esenciales como la limpieza, la jardinería o el cuidado de los niños.

Todo ello convierte a este modelo de vivienda, según la Junta, en lugares más inclusivos y sostenibles que facilitan la convivencia, la cooperación y el uso responsable de los recursos naturales y energéticos que generan claros beneficios sociales, económicos y medioambientales.

Otra de las reformas en la Ley de Vivienda, que recoge el Decreto Ley, es la regulación del Bono Alquiler Joven y el Plan Estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025, para adaptarse a la exigencia del artículo 65 del Real Decreto 42/2022, de 18 de enero.

Una primera reforma recogida en el Decreto Ley consiste en eximir del procedimiento de autorización de uso en suelo rústico a las actuaciones que, referidas a servicios esenciales -generación de energía, ciclo del agua, telecomunicaciones-, solo supongan meras adecuaciones, renovaciones o ampliaciones de usos ya previamente autorizados.

Esta medida ahorrará tiempos de tramitación y costes de gestión a proyectos de relevante interés social sin rebajar las necesarias garantías urbanísticas. También se eliminan exigencias documentales y de tramitación en las actuaciones de regeneración, renovación y rehabilitación urbanas, eximiendo del cómputo de edificabilidad a las intervenciones necesarias para lograr una mayor eficiencia energética y accesibilidad en los proyectos de rehabilitación.

La eliminación de trámites, particularmente el de la necesidad de contar con un instrumento de planeamiento en las actuaciones de rehabilitación, cuando la actuación no comporte cambios en la ordenación general o detallada vigente, simplifica notablemente todo el proceso y, con ello, las posibilidades de acceso a la financiación europea, cuyos plazos son particularmente breves.

Una última reforma consiste en demorar la desclasificación de los suelos urbanizables delimitados con uso residencial hasta el 19 de octubre de 2024, eliminando la desclasificación de tales suelos cuando su uso predominante sea distinto al residencial, esto es, comercial, industrial o productivo.