
Laboral
El Gobierno amenaza con acudir a la Justicia si no se repone el Serla
Sindicatos y patronal avisan de la “inseguridad jurídica” que provoca su disolución

Nuevo rifi rafe entre el Gobierno de la nación y la Junta de Castilla y León. Todo a raíz de conocerse que la Consejería de Industria y Empleo ha decidido disolver el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) lo que ha hecho que la vicepresidenta segunda del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Yolanda Díaz, haya anunciado de que el asunto se llevará a los tribunales si no se repone.
Unas declaraciones que realizaba en Valladolid tras mantener un encuentro con los responsables de los sindicatos y la patronal económica y la delegada del Gobierno, Virginia Barcones. Díaz argumentaba que esta decisión «es muy grave» ya que «fulmina el Diálogo Social» y que ello implica que «los trabajadores que quieran ejercer su derecho a la huelga no lo puedan hacer, al no existir una mediación previa».
«Vamos a tomar todas las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos y la igualdad de los castellanos y leoneses, apostando por el diálogo, pero si no hay acuerdo posible, iremos a la Justicia», recalcaba Yolanda Díaz.
Desde los sindicatos UGT y CCOO, así como la patronal CEOE regional, avisaban de que esta decisión de la Junta está generando «inseguridad jurídica» y es algo que está perjudicando a la Comunidad al «desicentivar la inversión» y caer en los ránking de competitividad.
«No puede desaparecer de Castilla y León este servicio porque lo dice la legislación española y también porque hay que recordar que hay una sentencia del Tribunal Superior», indicaba Faustino Temprano.
Por parte, Vicente Andrés señaló que han solicitado a la vicepresidenta que haga las gestiones políticas “necesarias” y añadió que el Gobierno de España debe intervenir para garantizar el sistema de relaciones laborales para que esto funcione. “Eso le hemos transmitido, el tiempo se va acabando, el procedimiento de inicio de la disolución del Serla ya se ha iniciado y por lo tanto esto tiene el tiempo tasado”, añadió.
Ángela de Miguel aseguró que la supresión del Serla genera “muchísima inseguridad jurídica” y añadió que eso afecta a la inversión. “Cuando las empresas buscan un espacio, se buscan con paz social, que se puedan solucionar estos conflictos de manera amistosa, tenemos ese mediador que nos escucha y ayuda a llegar a esos acuerdos. Y esos espacios de acuerdo y negociación donde cerramos el 70 por ciento de discrepancias es un valor muy importante que tiene esta comunidad a la hora de captar esa inversión que pueda venir”.
