Este lunes, la localidad gallega de Orense ha acogido la reunión del Pleno de la Comisión de Diputaciones de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), con la presencia de las 38 instituciones provinciales del país, además de los siete cabildos y cuatro consejos insulares de España, para abordar asuntos relacionados con el municipalismo.

El orden del día ha puesto sobre la mesa también el objetivo de los retos que afrontarán los gobiernos locales con vistas al nuevo mandato del periodo 2023-2027, haciendo énfasis en la importancia de la cooperación entre administraciones.

Desde Castilla y León, el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, destacaba la importancia de abordar el reto demográfico de la despoblación y que se logre un acuerdo global entre todas las administraciones. Si bien, en su opinión deberían establecerse mecanismos de financiación económica específica para las diputaciones, como receptoras en la ejecución de las nuevas medidas y en las competencias que se adjudican según el “Proyecto del Estatuto Básico de los municipios de menor población”.

Iglesias, además, se mostraba de acuerdo con la necesidad de simplificar organizativamente la carga burocrática en materias administrativas y de contratación, aunque llamaba a tener en cuenta criterios diferenciales para su financiación dentro de los Municipios de Menor Población, como son la población estacional no empadronada o los criterios ambientales, entre otros asuntos.

“Este estatuto adolece de una ambición que de verdadero impulso no solo a la simplificación administrativa, sino que necesita impulsar una discriminación positiva que repercuta en los habitantes de la Salamanca rural”, apuntaba, mientras echaba en cara al Gobierno de España que haya olvidado de dotar a las diputaciones con la financiación apropiada para evitar un posible colapso de las administraciones locales. Por ese motivo, defendía la necesidad de iniciar un debate político real que ahonde en las cuestiones necesarias y en la dotación de personal y recursos económicos.

Por su parte, Benito Serrano, presidente de la Diputación de Soria, coincidía con Iglesias enla necesidad de este encuentro, “como una potente reivindicación del peso específico de las administraciones locales, “que son esenciales en el progreso y la vertebración de los territorios y la mejora de los servicios públicos en las zonas rurales”, y defendía también la puesta en marcha de mecanismos de financiación específicos para desarrollar las competencias del ‘proyecto del Estatuto básico de los municipios de menor población’.

“Somos la voz de nuestros pueblos, la voz de las personas de sus problemas y necesidades”, decía Serrano, mientras llamaba a trabajar más por las zonas rurales con solidaridad entre administraciones, “porque tenemos un patrimonio envidiable, una historia y un acervo cultural que deben ser un referente para las personas que viven en nuestros pueblos, pero también para todos aquellos que nos visitan”.

Asimismo, apuntaba que Soria tiene que ser ejemplo de desarrollo empresarial, generación de empleo y fortalecimiento de la economía, y advertía de que ”si dejamos morir nuestros territorios no solo perdemos nosotros, perdemos todos”.