Las ayudas al alquiler de la Junta de Castilla y León rondarán los 30 millones

La Junta de Castilla y León publicará este martes, 31 de octubre, la resolución de las ayudas al alquiler de vivienda de 2022 en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), cuyo importe rondará finalmente los 30 millones de euros. Con ello, se cubrirán todas las solicitudes, algo menos de 20.000, que cumplan los requisitos previstos en la convocatoria.

Así lo anunció el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en declaraciones a Ical minutos antes de intervenir en Valladolid en el foro ‘Claves de futuro: renovables, industria y territorio’, organizado por el Club de Prensa de El Mundo.

En ese sentido, Suárez-Quiñones avanzó que el lunes se publicará en el Bocyl la ampliación de crédito de estas ayudas al alquiler de vivienda, que pasarán de los casi 28 millones previstos a una cifra cercana a los 30 millones de ellos. De esta forma, aseguró que cumple lo anunciado esta semana, cuando señaló que se resolverían antes de acabar octubre.

El siguiente paso será, tras la resolución, la tramitación de las órdenes de pago para que los beneficiarios reciban el dinero de las ayudas de 2022. Al respecto, el consejero recordó que se presentaron más de 25.000 solicitudes, si bien la cifra de beneficiarios se quedarán por debajo de los 20.000.

De esta forma, Juan Carlos Suárez-Quiñones subrayó que el Bono de Alquiler Joven puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez “recargó” a las comunidades autónomas, lo que a su juicio explica que se resuelvan al término de este mes.

El responsable regional de la cartera de Vivienda señaló que Castilla y León es la única comunidad de régimen común que cubre con sus ayudas al alquiler a todas las personas que cumplen las condiciones, con mejoras para financiar hasta el 60 por ciento, si bien en el medio rural puede llegar al 75 por ciento.

Finalmente, Suárez-Quiñones recordó que se ha producido en la nueva convocatoria de 2023 una modificación para eliminar una “carga” burocrática, con el objetivo de que antes de que finalice el año se presente la solicitud, acompañada de los justificantes de pago, para agilizar su tramitación, informa Ical.