Castilla y León renuncia a asistir mañana al Pleno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, que se reunirá en Madrid a las 9.30 horas, como respuesta a las “permanentes imposiciones” y falta de diálogo y “consenso” por parte del Ministerio de Juventud e Infancia en el proceso de reparto de menores no acompañados entre las comunidades autónomas, según informan fuentes de la Junta.

En concreto, el Ejecutivo explica que se opone al intento “de imposición” del Gobierno que ha convocado una Conferencia Sectorial con un orden del día que considera “ilegal”, ya que fue rechazado por una mayoría en la comisión sectorial previa, como recordó exigen las normas que rigen su funcionamiento.

“Nos negamos a convertir a los menores en objetos de intercambio político. Son personas a las que hay que proteger y deben ser atendidos con dignidad, no utilizados como coartada para resolver las urgencias parlamentarias”, señalaron desde la Junta, con reproches al Gobierno que en lugar de actuar con responsabilidad, utiliza a los menores como “escudo político”. “Nuestro compromiso es con el interés del menor, no con el interés de Pedro Sánchez. Ante la falta de política migratoria, nos negamos a asumir las consecuencias del fracaso del Gobierno”, apostillaron.

En ese sentido, Castilla y León denunció que el reparto diseñado por el Gobierno sólo busca enfrentar a las comunidad entre sí, aplicando criterios “arbitrarios”, “sin consenso” y con el único objetivo de excluir del reparto a Cataluña y País Vasco, porque cuenta como socios con los partidos nacionalistas. Frente a esto, reclamó “respeto institucional” y afirmó que no se puede gobernar a golpe de decreto, sin escuchar a las autonomías, “despreciando los cauces legales e ignorando el principio de igualdad entre territorios”.

Igualmente, la Junta advirtió del “riesgo real de colapso” de los sistemas de protección de menores, que aseguró ya funcionan “al límite de su capacidad”. En su opinión, la “llegada forzosa” de más menores, “sin recursos, sin planificación y sin garantías”, obligaría en algunos territorios, según la Junta, a abrir “macrocentros” que imposibilitan su atención personalizada e integración.

Además, denunció que el Gobierno no se compromete a garantizar condiciones “dignas” de atención. “Su única intención es repartir el problema, transferirlo a otras administraciones y desentenderse de él. Una vez lleguen, seremos las comunidades las que tendríamos que asumirlo todo, sin medios ni respaldo”, agregó.

“Resulta inaceptable que se pretenda trasladar menores sin asegurar previamente la determinación efectiva de su edad, lo que fomenta el fraude en la declaración de minoría y pone en duda todo el procedimiento. El Estado debe velar por la verdad y la legalidad, no incentivarlas a la carta”, apostilló.

Efecto llamada

Por otra parte, la Junta argumentó que el anuncio del reparto actúa como “efecto llamada” a su juicio, ya que consideró que el propio Real Decreto Ley reconoce un incremento del 700 por 100 en la llegada de menores en los últimos tres años. De esta forma, consideró que avanzar procedimientos de distribución actúa como “un potente efecto llamada, que agravará aún más un problema que el Gobierno ni prevé ni gestiona”.

Por ello, el Ejecutivo exigió que el Gobierno central se haga cargo y, con financiación propia, de la atención a los menores no acompañados en situaciones de emergencia como la que atraviesan Canarias o Ceuta o puedan sufrir otros territorios. De hecho, apuntó que así se recogía en el acuerdo firmado en septiembre de 2024 y reiterado en la Declaración de Asturias.

“La doble vara de medir del Gobierno es ya insostenible. Se niega a acoger a los más de 1.000 solicitantes de protección internacional que le exige el Tribunal Supremo, pero exige a las comunidades asumir repartos forzosos sin medios. No puede seguir señalando a otros mientras elude sus responsabilidades”, apuntó.

Finalmente, reiteró que el Real Decreto-Ley 2/2025, recurrido por Castilla y León y otras comunidades, es inconstitucional porque invade competencias de protección y tutela de los menores, que recordó son exclusivas de las comunidades.