Castilla y León incentiva su implicación con 11 países en vías de desarrollo

La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de la Presidencia, continúa su labor humanitaria y solidaria. Si hace unos días se destinaba una importante inversión para las miles de personas afectadas por los terremotos de Turquía y Siria, a la vez que se siguen ofreciendo las mejores calidades de vida para las personas desplazadas de Ucrania por la guerra, y que se encuentran en estos momentos en la Comunidad, ahora se acaba de dar luz verde para la ejecución de 27 proyectos de cooperación internacional en 11 países y que beneficiarán a alrededor de 255.000 personas.

Una inversión de 3,6 millones de euros que llegarán a Burkina Faso, R.D. del Congo, Guinea Bissau, Tanzania, Senegal, Bolivia, Perú, Nicaragua, Guatemala, el Salvador e India. Los proyectos aprobados pueden tener una duración máxima de 24 meses y son implementados por Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) de Castilla y León junto con socios locales.

Para el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, “la Junta abona en tiempo y forma los pagos a las ONGDs porque, para el Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco, las políticas de apoyo a las personas más vulnerables son esenciales. El trabajo que se realiza junto con las ONGD está dirigido a conseguir un presente y un futuro más equitativo, más respetuoso y más sostenible, y para dar cumplimiento a derechos humanos básicos, como la educación, la salud, la alimentación, el acceso al agua potable y a sistemas de saneamiento, o a la necesidad de tener una vida digna. El enfoque de género, entendido como la atención preferente a mujeres y niñas en contextos todavía más complicados a los habituales en estos países, adaptando ciertas acciones a sus necesidades específicas, se plantea como un requisito imprescindible para obtener financiación en esta convocatoria”.

La partida de cooperación internacional se ha incrementado un 25 por ciento, hasta situarse en los seis millones de euros.

En las convocatorias de 2022 se han financiado proyectos a 18 ONGD, de las que cuatro son originarias y con implantación única en Castilla y León, que ya habían desarrollado con anterioridad proyectos financiados con por esta administración, tales como Amycos y Proyecto Rubare –de Burgos– o Cives Mundi y Tierra sin Males –con presencia en Soria–. El resto cuentan con delegación en alguna provincia de Castilla y León, siete de ellas con gran presencia nacional, como Fundación Fabre o Trabajo Solidario, y siete de ámbito internacional, como Cruz Roja, Farmamundi o Fundación Musol.

Los proyectos en África se han centrado especialmente en garantizar el acceso al agua potable y el saneamiento, la seguridad alimentaria y los equipamientos sanitarios básicos. Las intervenciones en Centroamérica también se han focalizado especialmente en el acceso al agua potable y la seguridad alimentaria, igual que en Sudamérica donde, además, se aborda el derecho humano a la educación y el derecho a la alimentación. Las actuaciones en India han incidido en garantizar el derecho a una vivienda digna.

Los países con más proyectos en desarrollo son Bolivia, con seis, y Senegal y Perú, con cuatro cada uno de ellos.

El mayor porcentaje de intervenciones concedidas lo concentran los proyectos para garantizar el derecho al acceso al agua potable y el saneamiento, con un 44 % de la financiación. En concreto, cuatro de las actuaciones son en América del Sur, tres en América Central y Caribe, y tres en África Subsahariana.

Carnero explica que “todos los proyectos están destinados a cubrir necesidades básicas en países con índices de desarrollo bajos, que se sustenten en el tiempo y puedan avanzar por sí mismos después de la realización de las actividades; es lo que se denomina sostenibilidad de los proyectos, ya que el objetivo principal es impulsarles hasta que ellos puedan ser autosuficientes”.

Y al mismo tiempo ha añadido que “la ciudadanía de Castilla y León constantemente deja patente su sentido de la solidaridad y puede sentirse orgullosa de la cooperación internacional que se lleva a cabo desde la Junta por su calidad y eficacia. Por eso, como política pública que consideramos fundamental, hemos aumentado el presupuesto para esta finalidad en 2023 hasta los seis millones de euros". El consejero ha agregado que ya se ha empezado a trabajar con nuevos programas en colaboración con las universidades públicas, las entidades locales y el sector empresarial, así como en el de protección de personas defensoras de derechos humanos.

Por último, Carnero ha anunciado que se lanzarán durante el primer cuatrimestre las convocatorias de voluntariado paralizadas los años anteriores por el COVID y que vuelven a ser las más demandadas.