El Comisionado de Transparencia de Castilla y León ha registrado en las Cortes Autonómicas la memoria correspondiente al año 2023, que se presentará ante la Comisión de Relaciones con el Procurador del Común en las próximas semanas.

Un informe en el que se revela que el pasado año se han recibido un total de 517 reclamaciones en materia de derecho de acceso a la información, de las cuales, ocho de cada diez se refirieron a falta de respuesta de la administración a peticiones de ciudadanos, entidades o incluso cargos electos. Además, más de la mitad fueron por falta de acceso a información en las entidades locales, principalmente ayuntamientos.

La memoria, sin embargo, recoge un descenso en el número de reclamaciones recibidas pero un incremento en cuanto a las resoluciones emitidas.

Así, las 517 reclamaciones recibidas en 2023 están muy por debajo de las 794del año anterior.

Mientras, este 2023 el Comisionado de Transparencia resolvió 497 reclamaciones, la cifra más alta de la historia del organismo y que casi duplica la de los dos años anteriores: 262 y 260.

En el octavo año de funcionamiento de la Comisión de Transparencia, la memoria destaca que 271 de las 517 reclamaciones fueron contra entidades locales (el 52,42 % del total) y, de ellas, 219 correspondieron a ayuntamientos, 34 a entidades locales menores y 18 a diputaciones provinciales.

Mientras, contra la Administración General Autonómica fueron 202, de las que destacan las 69 frente a la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio; 41 ante la Consejería de Sanidad; y 29 frente a la de Educación.

Los cargos públicos también reclaman

De acuerdo con la memoria, seis de cada diez de las reclamaciones las interpusieron personas físicas; el 29 por ciento fueron personas jurídicas y el 12 por ciento, cargos locales (50 las formularon concejales de ayuntamientos y 14 vocales de juntas vecinales).

En cuanto a colectivos, 92 reclamaciones las interpusieron los representantes de los trabajadores; 38, asociaciones ecologistas; 16, asociaciones de ciudadanos y periodistas; y 3, fundaciones.

Empleo público, protección del medio ambiente, información sobre contratación, urbanismo, vivienda y obras públicas han sido las materias que han concentrado el mayor número de impugnaciones.

Y en cuanto a los motivos que esgrimen las administraciones que no han respondido a la petición de información que se denuncia están la falta de disposición de la información por el órgano destinatario de la solicitud, el carácter repetitivo o abusivo de la petición, la necesidad de reelaborar la información solicitada y la protección de datos personales.

La Comisión de Transparencia ha estimado 322 resoluciones, de las cuales, 39,13 % están pendientes de cumplimiento; 11 han sido desestimadas; 28 fueron inadmitidas; 126 se archivaron por desaparición del objetivo, y otras 10 por otras causas.

La memoria también recoge que más del 60 por ciento de las reclamaciones fueron presentadas a través de la sede electrónica de la Comisión y casi un 11 % han sido remitidas por correo electrónico