El Consejo de Cuentas suma 2.500 recomendaciones que incentivan la mejora de la eficiencia, la rendición de cuentas y la transparencia de las administraciones de Castilla y León

Con la reciente aprobación de su informe número 300, el Consejo de Cuentas ha alcanzado en las últimas dos décadas 2.503 recomendaciones, que, dirigidas a las entidades fiscalizadas, han impulsado la eficiencia, la rendición de cuentas, la eficacia y la transparencia de las administraciones autonómica y local de la Comunidad.

Así lo destacó el presidente de la institución, Mario Amilivia, en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León durante su comparecencia para presentar el informe de seguimiento de las recomendaciones formuladas en las auditorías aprobadas en 2023, así como la fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial del ejercicio 2022.

El análisis de seguimiento, el undécimo realizado por el Consejo, determina, como los anteriores, si los entes fiscalizados han aplicado adecuadamente las recomendaciones que les fueron anotadas. Cada año se solicita a los responsables de estas entidades información detallada sobre el seguimiento de los consejos u advertencias señaladas en los informes.

Transcurridos los plazos establecidos, se valora el cumplimiento de las recomendaciones en base a las contestaciones, abriéndose la posibilidad de formular alegaciones. Con la remisión de este análisis a las Cortes y la propia comparecencia de esta tarde se proporciona una herramienta para el ejercicio del control parlamentario.

El seguimiento de los resultados de las fiscalizaciones y recomendaciones realizadas constituye en sí mismo un incentivo para su cumplimiento, con lo que se impulsa la mejora de la eficacia y la eficiencia de la gestión de las administraciones.

Durante 2023 el Consejo aprobó 14 informes de fiscalización que, en conjunto, contenían 310 recomendaciones. De ellas, fueron objeto de análisis sobre su aceptación o cumplimiento 306 de 13 informes.

Amilivia concretó que el grado de aceptación de las recomendaciones fue del 54%, incluyendo tanto las cumplidas total o parcialmente como aquellas en las que los entes únicamente manifestaron su conformidad. En este porcentaje debe tenerse en cuenta que 20 ayuntamientos no han contestado a ninguna de las recomendaciones, circunstancia que distorsiona el resultado.

En cuanto al cumplimiento, de acuerdo con las contestaciones de los entes fiscalizados, fueron aplicadas de forma íntegra o parcial 144 de las 306 analizadas, lo que representa un grado de cumplimiento del 47%.

Por otra parte, 21 de las 143 no aplicadas por los entes fiscalizados (un 7% del total) fueron tomadas en consideración, es decir, aceptadas en su contenido a pesar de no haber sido todavía puestas en marcha.

En los 11 años en los que se lleva realizando este informe han sido aplicadas total o parcialmente 1.116 recomendaciones de las 2.321 analizadas, lo que representa un porcentaje medio del 48% para todo el periodo 2013-2023.

En relación con el porcentaje de cumplimiento, como en los años anteriores, es muy heterogéneo entre las diversas administraciones analizadas: los municipios el 41% (83 recomendaciones cumplidas de 203); la Junta de Castilla y León el 54% (14 de 26) y las diputaciones el 61% (47 de 77).

Las recomendaciones cumplidas total o parcialmente en 2023 han supuesto importantes mejoras en ciberseguridad, contratación administrativa, contabilidad y evaluación de políticas públicas. Este es resumidamente el resultado del seguimiento en cada uno de los 13 informes analizados:

En los informes que se elaboran por mandato legal:

• En Cuenta General, el Instituto para la Competitividad Empresarial de la Junta de Castilla y León incorpora en su Memoria la información necesaria sobre los avales vencidos cuyos avalados se encuentran en concurso de acreedores; y en FCI la Consejería de Economía y Hacienda ha adoptado las medidas para que la contabilidad de los fondos correspondientes a infraestructuras agrarias se efectúe correctamente.

En los informes especiales:

Dentro del sector público autonómico:

• En el informe sobre la estrategia regional de investigación e innovación para una especialización inteligente (RIS3) cabe destacar la mejora del sistema de indicadores para evaluar el grado de éxito de las actuaciones realizadas y la reducción del plazo de publicación de las memorias anuales para que tengan utilidad práctica de cara a actuaciones posteriores.

• En el informe de Análisis de la gestión del Programa Presupuestario “Deuda Pública” y su relación con el sistema de financiación y el gasto en materia de sanidad y educación, destaca la elaboración de un plan estratégico por la Consejería de Economía y Hacienda, que contempla la situación y dinámica del mercado financiero, así como las prioridades y objetivos con relación a la deuda, definiendo las variables a tener en cuenta.

• En el informe de fiscalización de la contratación menor celebrada en el ámbito de la administración autonómica, se mejora la incorporación de la documentación preceptiva en la tramitación de los contratos, mediante la evolución de la aplicación Duero, singularmente por parte de la Consejería de Agricultura, la Consejería de Economía y Hacienda y la Gerencia Regional de Salud. Se están implantando trámites administrativos automatizados que contribuyan a la disminución de errores y a la normalización de la tramitación.

• En el informe de Fiscalización financiera de la Gerencia Regional de Salud, con especial referencia a los pagos realizados como consecuencia del contrato para la construcción y gestión del Hospital Universitario de Burgos, se ha implantado en el Sistema de Información Contable SICCAL el módulo de activos para construcciones y terrenos, lo que supone un avance hacia un inventario completo que pueda conciliarse con la contabilidad.

Dentro del sector público local:

• En la fiscalización sobre el cumplimiento de la obligación de implantar un plan de medidas antifraude en los municipios que hayan sido beneficiarios del fondo de recuperación, transformación y resiliencia, el Ayuntamiento de Traspinedo acredita la aprobación del plan; los Ayuntamientos de Burgos, Zamora y Medinaceli y la Diputación de Segovia han mejorado sus sistemas de evaluación; la Diputación de León y los Ayuntamientos de Salamanca, Segovia y Zamora han remitido su plan al Servicio Nacional de Coordinación Antifraude; el Ayuntamiento de Ávila, las Diputaciones de Segovia y Valladolid han actualizado sus planes antifraude para introducir diferentes mejoras; las Diputaciones de León, Palencia y Valladolid y el Ayuntamiento de Ávila introducen medidas sobre el riesgo de conflicto de interés; y por último, las Diputaciones de León, Palencia y Soria, así como los Ayuntamientos de Zamora y Medinaceli acreditan la creación del canal de denuncias externo.

• En el informe de Análisis del impacto en la situación económico-financiera del Sector Público Local de las reformas impulsadas en el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, los Ayuntamientos de Valladolid, Béjar, Cabezón de Pisuerga, El Espinar y Santa Marta de Tormes han modificado sus respectivas ordenanzas a tenor de las recomendaciones efectuadas.

• En el Análisis del impacto en la situación económico- financiera del Sector Público Local de la suspensión de las reglas fiscales, la Diputación de Salamanca y los Ayuntamientos de Burgos, Medina del Campo y Ciudad Rodrigo han actuado con especial responsabilidad fiscal en la liquidación del ejercicio 2023 y en la aprobación del presupuesto de 2024.

• En el Análisis de la seguridad informática del Ayuntamiento de León, aunque la entidad no contestó el seguimiento de las recomendaciones el Consejo de Cuentas tiene constancia de los avances realizados.

• En el Análisis de la seguridad informática de los Ayuntamientos de Salamanca y Valladolid, destaca el compromiso firme adoptado por dichas entidades, impulsando las acciones necesarias para obtener el nivel de seguridad adecuado.

• Y finalmente, en el informe de Fiscalización de la contratación realizada por las Diputaciones, las de Burgos, León, Soria y Valladolid han adoptado medidas para garantizar el envío de la información contractual a la Plataforma de Rendición de los Órganos de Control Externo. Por otra parte, con carácter general las Diputaciones han adoptado procedimientos para remitir la información sobre la contratación realizada al portal de transparencia. Además, las Diputaciones de Burgos, León, Soria y Valladolid han tomado medidas para evitar incidencias en la tramitación de los expedientes.

Fiscalización de los expedientes justificados al FCI del ejercicio 2022. El segundo de los informes presentados esta tarde por Mario Amilivia fue aprobado por el Consejo de Cuentas el pasado 26 de noviembre y remitido al Parlamento el 29 del mismo mes. El Fondo de Compensación Interterritorial está recogido en la Constitución con el objetivo de corregir desequilibrios económicos interterritoriales y hacer efectivo el principio de solidaridad. Se creó en 1980, regulándose mediante la Ley Orgánica de Financiación de las CCAA, la LOFCA.

Con relación a la fiscalización de este Fondo, desde 2001, con la ley de modificación de la LOFCA, pasó a componerse por el Fondo de Compensación y el Fondo Complementario. Ambos se dotan anualmente en los Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con la Ley 22/2001, reguladora de los FCI

El destino del FCI es la financiación de gastos de inversión en las distintas comunidades y ciudades autónomas, y su distribución entre las CCAA se realiza en base a criterios como la población, que representa un 87,5%, el número de entidades por kilómetro cuadrado, superficie, saldo migratorio o número de parados.

La auditoría presentada por Amilivia constata que, con carácter general, se cumple la legalidad respecto de la ejecución de los proyectos del FCI en 2022 en lo respectivo a la naturaleza de los gastos realizados. También, que los expedientes revisados se corresponden con el tipo de gasto financiado, que son gastos de inversión y se han contabilizado correctamente.

En el ámbito de Castilla y León, como viene sucediendo año tras año, las inversiones no corresponden a proyectos concretos de gasto sino a determinados superproyectos.

Estos superproyectos incluyen como gasto elegible para los FCI todos sus gastos de inversión o de funcionamiento necesarios para la puesta en marcha de las inversiones durante un plazo máximo de dos años. Son gestionados por las distintas Consejerías del Ejecutivo autonómico y contienen operaciones de capital presupuestadas por un importe muy superior a las dotaciones de los FCI. Sus gastos son también elegibles para ser financiados con otras fuentes de financiación, especialmente fondos europeos.

La dotación de estos fondos en 2022 en el conjunto del Estado se mantuvo en 432 millones, igual que en los 4 ejercicios precedentes. Andalucía es la comunidad que mayor importe recibe (160,9 millones, el 37,2%), seguida de Canarias (57,8 millones), la Comunidad Valenciana (52,8%) y Galicia (39,3).

Castilla y León se mantuvo en el octavo lugar en porcentaje con un 4,37% del importe total y una dotación de 18.909.000 euros, lo que supuso una reducción del 1,8% respecto a 2021 debido a una corrección por renta. Desde 2018 el incremento de la dotación para Castilla y León no ha superado el 5% por lo que la financiación a través de estos fondos tiene un carácter muy poco significativo.

Los gastos ejecutados en la Comunidad alcanzaron los 58 millones de euros, importe muy superior a lo que se consideró ejecución del FCI. La Administración General de la Comunidad reconoció el 50,4% de los derechos provenientes del Fondo; la Gerencia Regional de Salud el 40,3%, y, el resto, el Instituto Tecnológico Agrario.

Por tipo de política, de los 58 millones, 19 de estos (el 33,6% de las obligaciones asociadas a la fuente de financiación del Fondo) se reconocieron en educación; 18 (31,2%) en agricultura y ganadería; 15 (el 25,7%) en sanidad, y 5 (el 9,4%) en infraestructuras viarias. El gasto susceptible de ser imputado al Fondo se realizó principalmente en las provincias de León, Soria y Salamanca.

No obstante, si se tiene en cuenta el importe certificado de las inversiones con cargo al FCI, estas se realizaron en su mayoría en las provincias de Soria, Salamanca y Ávila y el 40,3% de su importe fue destinado a dotaciones sanitarias.

Amilivia apuntó, a la vista de todo ello, la única recomendación realizada, dirigida a la Consejería de Economía y Hacienda. Se anota que, en aras de un conocimiento más preciso de las actuaciones concretas financiadas por el FCI, la Consejería debería incluir una relación expresa de los proyectos de inversión y, en su caso, gastos de funcionamiento asociados, que se financien con cargo a los Fondos en el Anexo a la Sección 36 de los Presupuestos Generales del Estado.