Sociedad
Cuatro entidades sociales contarán con 2,7 millones para desahogar a las familias de las cargas de la vivienda
Los hogares dedican más del 50 % de su presupuesto a las necesidades de vivienda, porcentaje que sube al 60 en los denominados “pobres”, lo que produce “estrés financiero”
La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio subvencionará con 2,07 millones el próximo año a cuatro entidades sociales para favorecer el “desahogo y alivio” de las familias en materia de vivienda, una partida que agradecieron Cáritas, Cruz Roja, Fundación Personas y Fundación Intras, encargadas de gestionar este montante, que con la suma de los tres primeros años de legislatura rozará los siete millones de euros en estos cuatro años.
Así se puso de manifiesto durante la II jornada sobre la exclusión residencial en Castilla y León, organizada por las entidades sociales y a la que asistió el titular de la Consejería, Juan Carlos Suárez-Quiñones, quien señaló que “probablemente los dos factores más importantes para la integración personal y familiar” sean la vivienda y el trabajo. En este sentido, recalcó la relevancia “para que un joven acceda a su independencia de vida o para una persona que viene de fuera de Castilla, para quienes una primera vivienda es complicado, mucho más para las personas que tienen algún problema de vulnerabilidad o de especial vulnerabilidad, bien sea por tener cualquier tipo de violencia sexual o de trata de personas, violencia sobre la mujer, situaciones de desapego”. “Para ellos, no tener vivienda supone introducirlos en una esfera de riesgo de exclusión social y desde luego de marginalidad”, sentenció el consejero.
Al respecto, apeló al “trabajo de lo público y lo privado, las administraciones y las entidades del tercer sector, para tratar de hacer efectivo ese derecho a la vivienda”, momento en el que destacó la “potente” política en esta materia de la Junta, que se puesto de manifiesto, precisó, en el Debate de Política General de esta semana, “donde no ha habido objeto de crítica por parte de la oposición porque en esta legislatura se han destinado más de 700 millones que buscan ayudar a las personas vulnerables, a los jóvenes, a las personas con menos ingresos, a los que sufren más dificultades de acceso a este recurso básico” que, recordó, recogen el artículo 47 de la Constitución como el 16 del Estatuto de Autonomía.
“Cariño y acompañamiento”
Entre todas las líneas políticas de vivienda, el consejero comentó que esta legislatura se puso en marcha “una más, una línea específica para las personas especialmente vulnerables, que por razones de ‘sinhogarismo’ o de cualquier tipo de violencias tengan más dificultades de acceso”, que era un “eslabón” que faltaba en las convocatorias del alquiler. “Y que mejor que hacerlo con quien conozca la forma de hacer efectiva esa solución residencial y que les dé algo más que dinero, cariño, acompañamiento, asesoramiento. Y ahí estaban las entidades del tercer sector”, apuntó Suárez-Quiñones, quien se optó por dar esta subvención a Cruz Roja, Cáritas, Fundación Intras y Fundación Personas. “Están haciendo un magnífico trabajo”, celebró el consejero, quien consideró que esta subvención es “sin duda ninguna un dinero extraordinariamente bien empleado, bien gestionado”, y a las que alabó por ser “imprescindibles para una calidad democrática y calidad social de la Comunidad”.
Acompañó al consejero el presidente del Consejo Económico y Social (CES), Enrique Cabero, quien explicó que el derecho a la vivienda “desde la perspectiva de exclusión social y residencial” es un asunto que centra una parte siempre del informe anual sobre la situación económica y social de Castilla y León que aprueba la institución a mediados de año.
Cabero sintetizó las “tres dimensiones fundamentales” en relación a la vivienda, como son el acceso de las personas jóvenes a la emancipación; la vinculación de crecimiento económico y desarrollo del sector empresarial en todos los territorios de la Comunidad, “especialmente en el medio rural, a través de programas específicos de vivienda que permitan que pueda haber trabajadores que sean contratados por las empresas y que al poder residir puedan responder a esa demanda”; y en tercer lugar, la “exclusión residencial”, un “asunto clave” porque la vivienda es un “derecho transversal”, que “fija una plataforma común que permite que se puedan ejercer de manera real y efectiva otros muchos derechos vinculados a la dignidad de la persona”.
A su juicio, “no se puede desarrollar la actividad personal y familiar si no hay una vivienda digna y adecuada, ni se puede generar un ambiente propicio para la educación, la formación y la igualdad con carácter general, para la salud, para el desarrollo de la personalidad”. “En definitiva, la vivienda es mucho más que un lugar donde se vive, es el lugar donde se desarrolla desde que la persona es pequeña hasta que después va creciendo, donde se desarrolla la vida, se ejercen derechos en igualdad”.
Por ello, instó a “eliminar la exclusión” mediante el trabajo en el desarrollo de todos los “derechos en igualdad y libertad reales y efectivas”. En este punto, saludó las políticas de la Junta y de las organizaciones del tercer sector en esta materia, que “ponen todos los días de relieve las carencias del sistema y formulan propuestas siempre acertadas”.
Programa novedoso
Pablo Gómez, de Intras, agradeció el trabajo conjunto con la Consejería en este programa “innovador”: “Nosotros estamos en varias comunidades y lo que hemos conseguido estos años en Castilla y León es poder utilizar la vivienda como primer elemento de enganche y de concienciación con la persona para poder, a partir de ahí, trabajar el resto de eslabones de formación, integración laboral e inclusión”, celebró.
Gómez expuso que las personas apoyadas por la Fundación Intras corresponden a un colectivo “de especial vulnerabilidad que aúna la parte de salud mental y dificultad de inclusión social por razón de esta enfermedad o incluso discapacidad o dependencia”, a la que se suma otra “exclusión social por falta de viviendas y ‘sinhogarismo’. “Esto es realmente innovador. Trabajamos muy a gusto y esperamos que pueda continuar para seguir prestando valor social”, resumió.
Por su parte, Eva Fernández, de Cruz Roja, subrayó esta herramienta que “permite la integración y la autonomía de estas personas” a través de una vivienda “asegurada durante un tiempo muy amplio”. Ello permite también, dijo, que “puedan acceder a medidas de capacitación, hacer un trabajo a medio y largo plazo, que muchas veces es necesario con estas personas”. Coincidió en que es una iniciativa que “no se conoce en otras comunidades autónomas” y destacó que “llega a las personas y sobre todo se consigue lo que se pretende, que sean autónomas”.
El presidente de Cáritas en Castilla y León, Guenther Boelhoff Carbajo, destacó que “todo empieza en un hogar seguro y adecuado”, y a partir de ahí, “se inicia cualquier proceso de desarrollo de las personas y de las familias”. Sin embargo, explicó que la realidad social “habla que las familias” dedican más del 50 por ciento de su presupuesto a las necesidades de vivienda, porcentaje que sube al 60 en aquellos hogares que se denominan ‘pobres’. “Esto produce estrés financiero. Supone ahogo. Y esta subvención permite hacer una función de desahogo, de alivio, de posibilitar que las personas y las familias se activen”, ensalzó.
Por ello, alabó el “buen papel” de las entidades sociales, “mediadoras a través de estas ayudas, que sirven para pagar estas rentas, pero también la activación de las personas en sus procesos de formación, de búsqueda de empleo, y tiene múltiples efectos secundarios, como la soledad no deseada”. También, dijo, “combate la ansiedad, el estrés”. Por último, invitó a un “diálogo pacífico desde la política” para “avanzar y crear soluciones más eficaces y más eficientes”.
Para concluir, Sonia Ferreras, de la Fundación Personas, agradeció a la Junta esta ayuda, que “ha permitido apoyar al colectivo con el trabajan, que son personas con discapacidad intelectual”. Reconoció que, “en general”, para todos los jóvenes es “complicado acceder a una vivienda, pero cuando además hay una situación de especial vulnerabilidad, como es una discapacidad intelectual, el acceso es mucho más complicado”. “Necesitan ayuda y apoyo para poder vivir de manera independiente y esta ayuda nos ha permitido contar con una amplia red de viviendas comunitarias en barrios donde vivimos todos y que el apoyo que le damos a las personas permitan tener una integración y una inclusión en la comunidad, como cualquier ciudadano”, reflexionó, para desear que la ayuda continúe “para seguir facilitando estos apoyos a las personas con discapacidad”.