Estado de opinión

La crítica a las decisiones judiciales por parte de los gobiernos ha dejado de ser una imprudencia para convertirse en un programa político. Ya no se cuestionan las sentencias desde la reflexión jurídica, sino desde el electoralismo.

Si el juez no falla según el guión oficialista, se le acusa de lawfare; si investiga a quien no debe, es un peligro togado; si archiva una causa incómoda, entonces -y sólo entonces- se reclama respeto a la independencia judicial. Todo esto con una candidez indisimulada, en ruedas de prensa o mítines donde la ley se convierte en panfleto político. Hemos confundido el Derecho con la soflama; la justicia con la oportunidad; y lo legal con lo que interesa a la aritmética parlamentaria. Ya no se defiende la ley -o sí, dependiendo de

cómo se aplique- por lo que representa, sino por quién la redacta o a quién beneficia.

Es entonces cuando emergen los adalides del iuspositivismo, aunque sólo si el resultado halaga sus propios orgullos. Nos han acostumbrado a una lógica de plastilina, moldeable según las circunstancias y la urgencia. Será deformación profesional, pero cuando cede la presunción de inocencia en favor del relato, se desmoronan las garantías y libertades que nos sostienen.

Las resoluciones judiciales no siempre se ajustan a Derecho, y precisamente por eso existen cauces de impugnación y recurso. Lo contrario es arbitrariedad. No toda crítica al poder judicial es un ataque. Desde luego. Pero cuando esa crítica se convierte en estrategia política, lo que se busca no es justicia, sino control.

Es cierto: la ley no siempre es justa, la ética no siempre ilumina, la ciencia no siempre acierta. Pero sin ley, sin ética, sin ciencia -y sin fe- no queda más que voluntad. Y la voluntad, sin límites, hace que el Estado deje de ser de Derecho para convertirse en un

Estado de opinión. Y donde manda la opinión, la justicia se convierte en revancha deshumanizada.