La Ley LGTBI+ sigue su curso en las Cortes: Esto es lo que plantea la norma y sus novedades

La ley de igualdad real y efectiva de las personas LGTBI+ en Castilla y León prosigue con su trámite parlamentario en las Cortes, ahora en la Comisión de la Presidencia, después de que el parlamento autonómico diera este miércoles su visto bueno a su toma en consideración, gracias a la abstención del PP, que failitó así dicho trámite, y al apoyo del resto de los grupos salvo Vox, que se quedó solo en este asunto en el hemiciclo.

Castilla y León es la única región de la España autonómica que no tiene legislación propia en este asunto, de hecho la ley que se elaboró hace cuatro años, en 2021, está bloqueada, aunque los populares defienden los derechos de estas personas están garantizados por la Constitución, el Estatuto de Autonomía y la norma estatal.

Tal es así que la popular Noemí Rojo aseguraba que la defensa de las personas LGTBI+ no son bandera de ningún partido. “Sus derechos están garantizados en nuestra tierra por el marco jurídico y el compromiso de la Junta”, decía l apopular, para quien el texto no incorpora mejoras ni amplia derechos más allá de los estatales e introduce competencias que no corresponde a la administración autonómica.

Si bien, apuntaba a la abstención de su partido en el hecho de que el PP no se opone a la existencia de esta ley aunque reclamaba una legislación solida y hecha con rigor que no genere inseguridad jurídica ni falta de protección a estas personas.

El procurador del PSOE, Miguel Hernández, era el encargado de defender la proposición de ley, y advertía de su neceisdad ante el aumento registrado en los últimos tiempos de las agresiones y discursos de odio. Algo de lo que culpaba a Vox cuando decía que la entrada de la "ultraderecha” en las instituciones ha sido el caldo de cultivo necesario para este incremento.

Asimimso, defendía que esta ley es una reivindicación social histórica en Castilla y León que beneficiará a un 15 por ciento de la población de la Comunidad.“Voten a favor, no hay excusa” tras la salida de Vox de la Junta, zanjaba desde la tribuna donde exhibió la bandera arcoíris.

Desde Vox, Juan Antonio Palomo argumentaba que la proposición de ley se basa en “privilegios” basados en la igualdad de género, defendía la libertad sexual que no cree en “etiquetas” sino en derechos individuales y cuestionaba que un menor pueda decidir sobre un cambio hormonal sin consultar con los padres, que tienen el derecho a la educación de sus hijos.

“Hoy alzamos la voz de miles de personas que dicen basta ya y se sienten molestos cuando se les utiliza en una cruzada ideológica”, finalizaba el portavoz de la formación de Santiago Abascal, en declaraciones recogidas por Ical.

Dudas entre la comunidad LGTBI+

Marina Echevarría, activista y presidenta del Consejo de Participación LGTBI, se felicitaba por el paso dado en las Cortes, pero mostraba algunas dudas sobre si llegará al final del recorrido, en alusión a la anterior norma que, en la época de Juan Vicente Herrera no se pudo tramitar al prorrogarse el plazo de enmiendas, lo que hizo que se quedara en el “cajón”. Además, avanzaba que acompañarán a los grupos parlamentarios durante el trámite parlamentario para intentar que esta vez el proyecto salga adelante,

De todas formas, la también catedrática de la Universidad de Valladolid y coordinadora de Sumar en Castilla y León, confiaba en que en esta ocasión la comunidad se “normalice” y se sitúe al nivel del resto de autonomías que ya cuentan con una normativa autonómica de este tipo. Sobre la norma, aseguraba que facilitará que las personas puedan vivir sin sentirse “discriminadas”, “acosadas” o “no asistidas” en Castilla y León.

Lo que plantea el texto

La proposición de ley tiene por objeto garantizar plenamente el derecho a la igualdad real y efectiva, en los ámbitos público y privado, de las personas lesbianas, gais, trans, bisexuales e intersexuales, o que manifiesten cualquier tipo de diversidad sexual y evitar su discriminación por esa consideración.

Entre sus novedades, la inclusión del sexilio, que define como el fenómeno social por el que las personas LGTBI+ se ven obligadas a emigrar por acciones discriminatorias por razón de su orientación sexual, identidad o expresión de género, por su desarrollo sexual o pertenencia a familias LGTB1+. El concepto también incluye a aquellas personas que son discriminadas por ser percibidas como personas LGTB1+.

En sanidad, garantizar que todas las estrategias, planes, programas y actuaciones que desarrollen en el ámbito de las políticas sanitarias incorporen las necesidades particulares de las personas LGTBI+ o promover unidades o servicios de investigación y atención sexológica y biopsicosocial para mejorar el acceso a pruebas médicas específicas de prevención e intervención de infecciones de transmisión sexual o genital, entre otras.

También, estará garantizado el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida, siendo beneficiarías de manera individual todas las mujeres, hombres trans y personas con capacidad de gestar, así como sus parejas, si las tuvieran, con independencia de su estado civil y en régimen de igualdad y no discriminación.