El Instituto de Investigación Biosanitaria de Valladolid (IBVALL), a punto

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, explicó hoy que “se están dando los últimos pasos” para que vea la luz el segundo instituto de investigación biosanitaria de Castilla y León, que estará en Valladolid, y cuya actividad estaba previsto que comenzara en verano, aunque su acreditación se alargará hasta 2024.

Vázquez, que hoy inauguró la jornada sobre ‘Innovación en el sistema sanitario de Castilla y León’, organizada junto a la Asociación Española de Derecho Farmacéutico (ASEDEF), defendió la necesidad de avanzar en el campo de la innovación e investigación en sanidad, uno de los sectores que más conocimiento genera y donde más desarrollo continuado tiene, como ha quedado demostrado con la pandemia, que se pudo vencer gracias a la innovación. “La innovación supone una palanca para generar valor y una palanca de oportunidad” que queremos para Castilla y León, para que se quede y se pueda desarrollar en la Comunidad.

En este sentido, apostó por la colaboración y cooperación, algo que sustanciará con el Instituto de Investigación Biosanitaria de Valladolid (IBVALL), con la participación de la Consejería de Sanidad, la Gerencia de Sacyl, el Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), a través del Instituto de Biomedicina y Genética Molecular (IBGM), y la Universidad de Valladolid. Pretenden que el centro mejore la asistencia sanitaria en hospitales y centros de Atención Primaria así como revertir la investigación a la actividad de nuevas empresas o la gestión de patentes.

El consejero recordó que su departamento, consciente de la importancia de la innovación, avanza en un Plan de Innovación e Investigación, así como en la de la propia administración sanitaria, donde un “buen ejemplo” ha sido el Plan de Enfermedades Raras, para garantizar la atención integral al paciente, desde el inicio y a lo largo de todo su devenir. Permitirá implantar un modelo coordinado de atención integral que garantice el acceso en tiempo y forma, en condiciones de equidad, a todos los afectados para reducir la morbimortalidad y dar cobertura a las necesidades específicas para la mejora de su calidad de vida, así como un abordaje desde el enfoque de la medicina personalizada de precisión, para lo que plantea una estructura sanitaria en red con unidades, nodos asistenciales y equipos multidisciplinares de referencia, que permita ordenar los circuitos de atención.

Por su parte, el Plan de calidad 2022-2026 incluye la innovación en la organización como eje, y que tiene como objetivo mejorar la calidad y seguridad de la asistencia sanitaria en Castilla y León centrándose en varias áreas clave, incluida la atención centrada en el paciente, la eficacia clínica, la seguridad del paciente y la gestión y organización de la asistencia sanitaria.

Otro eje es el de la innovación farmacéutica, que “en España aún tiene bastantes dificultades”, ya que se estima que un paciente tarda en el país unos 600 días a estos medicamentos de última generación, que se reducen a 100 en el caso de otros de Europa.

Por ello, Vázquez, apostó por trabajar con las agencias reguladoras para agilizar los tiempos, y hacerlo desde la sostenibilidad, porque si no el sistema sería “incapaz de absorber todas las innovaciones” que surgen día a día. Se hace necesario realizar algunas consideraciones relacionadas con el acceso a la innovación en farmacoterapia en materia de contar con un proceso de evaluación ágil y eficiente para la aprobación de nuevos medicamentos en Castilla y León, precisó.

En este sentido coincidió con el presidente de la Asociación Española de Derecho Farmacéutico, Mariano Avilés, quien destacó las políticas de innovación de la Junta, muy centradas en los pacientes, que son los que se beneficiarán. Además, incidió en la importancia de contar con una financiación adecuada, junto a medidas de incremento de personal sanitario y su formación.

Por otra parte, Vázquez aseguro que "en Castilla y León estamos trabajando todos" por mantener el derecho a la prestación de la Interrumpción Voluntaria del Embarazo (IVE), pese a que “todas las comunidades” tienen dificultades, ya que la Ley Orgánica, aprobada este año y que entró en vigor en marzo, establece que es el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud el que debe crear las condiciones para que loas autonomías puedan abrir su registro de profesionales y organizarse para garantizar la prestación, algo aún pendiente.