La Junta diseña 54 medidas para reducir burocracia en 300.000 expedientes y ahorrar 24,6 millones

La Junta de Castilla y León pondrá en marcha nuevas directrices de simplificación administrativa y la reducción de burocracia, que permitirán un ahorro de 24,6 millones de euros a 250.000 ciudadanos, empresas y entidades locales, y afectará a 300.000 expedientes.

El consejero de la Presidencia, José Luis González Gago, presentó el acuerdo tras la celebración del Consejo de Gobierno, que ha sido fruto, destacó, del diálogo con la Asociación de Empresa Familiar de Castilla y León, CEOE, Cámaras de Comercio y Colegio Oficial de Secretarios, Interventores y Tesoreros de la Administración Local.

Asimismo, informó de que el acuerdo incluye 54 medidas que involucran a las diez consejerías y tendrán un coste de 590.000 euros, con dos categorías, unas que requieren la aprobación de normas y las de carácter organizativo. “Es el acuerdo más extenso y ambicioso” adoptado por al Junta para la reducción de la burocracia, desde su existencia y “seguramente de España”, subrayó González Gago.

En este sentido, reitera que la Junta de Castilla y León da un paso histórico en su compromiso con los ciudadanos al aprobar el mayor Acuerdo de simplificación administrativa de su historia, y sin ningún equivalente en volumen y amplitud en ninguna otra administración autonómica.

Con esta medida, que afecta a casi 300.000 expedientes y que beneficiará a más de 250.000 ciudadanos, empresas y entidades locales, se elimina burocracia innecesaria, se acelera la respuesta de la Administración, y se libera a familias, autónomos, empresas y administraciones locales de cargas que les restaban tiempo, recursos y oportunidades.

El impacto económico es contundente: más de 24,6 millones de euros anuales estimados de ahorro directo para los ciudadanos de Castilla y León, fruto de la digitalización, la automatización, y la supresión de trámites duplicados o ineficaces. Para llegar a esta estimación, se ha utilizado la valoración establecida en el Modelo de Coste Estándar (MCE) diseñado por la Comisión Europea, que tiene en cuenta el coste económico de hasta 18 trámites distintos, como la presentación de solicitudes, la realización de auditorías, o el pago de tasas a través de entidades bancarias.

Por tanto, este Acuerdo no solo moderniza la Administración, sino que refuerza a la Junta como una verdadera aliada del desarrollo económico y social de Castilla y León. Además, se estima que este paquete de medidas conlleve un ahorro de más de 1,3 millones de euros para la propia Administración autonómica, y de más de 66.000 euros para las entidades locales.

Por otro lado, la Junta cumple con el mandato aprobado por las Cortes de Castilla y León el pasado 27 de marzo, en el que se instaba a esta Administración a aprobar, a lo largo de este año, un nuevo Acuerdo como este, dirigido a simplificar y reducir la burocracia, para fomentar la actividad económica y la seguridad jurídica, y para avanzar hacia una gestión más ágil, eficiente y orientada a las necesidades tanto de los ciudadanos como de las empresas.

Transporte sanitario

Además, el Consejo de Gobierno, en su reunión semanal, autorizó la licitación, por un importe de 174,1 millones de euros, la contratación del nuevo servicio de transporte aéreo sanitario urgente, que pasará de cuatro a diez helicópteros, uno por provincia más otro con base en El Bierzo. Nueve serán de tipo ligero y uno de tipo medio, con posibilidad de vuelo nocturno y mayor capacidad de pasajeros, alcance y velocidad, así como equipamiento para traslados más complejos.

Así lo destacó el portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, y puso de relieve que el plazo de ejecución es de tres años más dos de prórroga. Además remarcó que Castilla y León pasará a ser la autonomía con un mayor número de helicópteros de transporte aéreo sanitario urgente, y puso de relieve que contará con el doble de aparatos que la segunda autonomía en España.

En este sentido, Fernández Carriedo ensalzó el esfuerzo del Ejecutivo regional que definió como “muy importante” y defendió que refleja que destinan los recursos al servicio de los ciudadanos, donde “es más necesario”.

Asimismo expuso que pese a que otras autonomías tienen una mejor financiación autonómica, ninguna cuenta con tanto presupuestos para los servicios de emergencias sanitarias, que responde a la extensión de esta autonomía.

El contrato tiene un plazo de ejecución de tres años. Las naves no tendrán límites geográficos en su operativa y atenderán a toda la población que lo precise. Se activarán dependiendo de dónde ocurra el incidente, la gravedad de la demanda asistencial y la disponibilidad de otros recursos asistenciales de Sacyl, lo que supondrá que podrán volar por las nueve provincias sin distinción o incluso fuera de la Comunidad si fuera preciso.

La magnitud de esta licitación prevé que en una primera fase se sumen, a los cuatro helicópteros ya disponibles, tres nuevos en El Bierzo, Ávila y Soria, y posteriormente los tres restantes en Zamora, Palencia y Segovia. El nuevo contrato tiene como objeto principal conseguir que la prestación sanitaria llegue en el menor tiempo posible a pacientes en situación crítica, incluidos los traslados nocturnos, así como asegurar que esta asistencia pueda prestarse a toda la población castellana y leonesa a pesar de la dispersión geográfica.

Las ventajas principales de este nuevo contrato son que mejora en los tiempos de atención de incidentes primarios en zonas alejadas, se facilita el traslado directo en patologías graves (ictus, síndrome coronario agudo, sepsis, etc.) o complejas a hospitales de referencia, al tiempo que se avanza en la cobertura del territorio, pasando de 23.561 kilómetros cuadrados asignados a cada helicóptero a 9.422; la ratio de cobertura poblacional, ya que se pasa de una aeronave por cada 600.000 personas a una por cada 240.000, y además se incrementan las horas de vuelo disponibles, tanto en horario diurno como la novedad del horario nocturno, mejorando así la atención a patologíastiempo dependientes.

Otros acuerdos

Por otra parte, la Administración regional dio luz verde a una inversión de 454.799 euros destinada al gasto de contratación de obras para la realización de actuaciones de mejora en masas forestales en distintos Montes de Utilidad Pública de los términos municipales de Condado de Treviño, Neila, Merindad de Valdivieso y los Altos en la provincia de Burgos.

También se autorizó el gasto para la realización de actuaciones de mejora en masas forestales en distintos Montes de Utilidad Pública de los términos municipales de Vallelado, Escalona del Prado, Riaza, Castroserracín, Torrecaballeros, Fresno de Castespino, Sebúlcor y Muñoveros, en la provincia de Segovia, por importe de 449.994 euros.

Asimismo, se aprobó la realización de actuaciones de mejora en masas forestales en distintos Montes de Utilidad Pública de los términos municipales de Cidones, Soria, Villaciervos, Abejar, Berlanga de Duero, Bayubas de Arriba, Tajueco, Gormaz, Quintanas de Gormaz, Valdenebro, Quintana Redonda, Valdeprado, Sotillo del Rincón y la Póveda de Soria en la provincia de Soria, por importe de 445.899 euros.

Y, por último, la realización de actuaciones de mejora en masas forestales en distintos Montes de Utilidad Pública de los términos municipales de Peñausende, Villar del Buey, Mayalde, Espadañedo, Muelas de Los Caballeros y Almeida de Sayago en la provincia de Zamora, por importe de 449.576 euros.

También, la Junta de Castilla y León propuso la concesión del distintivo honorífico de participación en los dispositivos de emergencia y seguridad desplegados con motivo de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) de 2024 a un total de 1.191 personas. Este reconocimiento, creado por el Ministerio del Interior, busca visibilizar y agradecer la labor de quienes participaron de forma directa y relevante en las actuaciones de emergencia, atención ciudadana, labores humanitarias y reconstrucción en las comunidades afectadas entre el 29 de octubre de 2024 y el 17 de enero de 2025.

Entre los propuestos figuran 206 policías locales de los ayuntamientos de León, Medina de Rioseco, Valladolid, Laguna de Duero, Salamanca, Burgos, Astorga y Segovia, cuyas intervenciones fueron clave en las operaciones de seguridad y apoyo en las zonas damnificadas.

En materia sanitaria el Consejo de Gobierno tramitó un gasto global de 1,33 millones de euros para la contratación del suministro de soluciones para terapia intravenosa e irrigación en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

El gasto, distribuido en tres anualidades, se destina a la adquisición de material de consumo ordinario para atender las necesidades y el correcto desarrollo del Servicio e Farmacia Hospitalaria del Hospital Clínico Universitario de Valladolid.

Derivado de Acuerdo Marco, el suministro está compuesto de Agua estéril, Salino fisiológico, Glucosa, Glucosalino Isotónico, Glucosalino Hiposódico, Ringer lactato, Salino irrigación, Glicina, Cloruro Potásico y Agua irrigación.