El TSJC admite la querella contra Buch por el escolta de Puigdemont

La escolta del ex president de la Generalitat Carles Puigdemont en Bélgica sigue dando que hablar, sobre todo a nivel judicial. El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) anunció ayer que admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra el conseller de Interior, Miquel Buch, y un sargento de los Mossos d’Esquadra, Lluís Escolà, por presuntamente poner este guardaespaldas al servicio del dirigente, tras su huida de España.

La querella fue interpuesta el pasado mes de noviembre, a consecuencia de una denuncia de Cs, que acusa a Buch y al cargo de los Mossos de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos, todo en relación al servicio de escoltas y protección para el ex presidente de la Generalitat, fuera de España y desde octubre de 2017, tras la pseudoproclamación de independencia en el Parlament. La juez instructora es Mercedes Armas.

El Tribunal recoge en su escrito la tesis de la querella, según la cual Buch nombró a Lluís Escolà como «asesor del departamento de Interior en materia de seguridad», aunque, «en realidad, la misión del querellado era la de procurar un servicio de escolta permanente a Puigdemont», declarado en rebeldía.

En el auto, el TSJC acuerda incoar diligencias previas y considera que, «del profuso relato de hechos contenido en la querella, se desprende la existencia de indicios suficientes» de los tipos delictivos, a la espera de que se realice la investigación.

La Fiscalía abrió diligencias de investigación en 2019, tras recibir la citada denuncia de Cs, que aseguraba que, Escolà, nombrado por Buch en julio de 2018 como asesor en materia de seguridad, en realidad estaba ejerciendo funciones de protección del ex president.

Según la querella de la Fiscalía, el nombramiento de Escolà como asesor del sistema de seguridd «constituye un acto de arbitrariedad, pese a que sea un cargo de confianza», y que «solo tenía como objetivo procurar, desde el Govern y con cargo a los fondos públicos, un servicio de escolta permanente al declarado procesado rebelde».

De esta manera, «por informaciones aparecidas «se habría comprobado la presencia del sargento fuera del territorio español, en funciones de escolya y aseguramiento de Puigdemont».

Otro indicio de la presunta comisión del delito de prevaricación por parte de Buch recogido en el auto es la supuesta «inidoneidad» del cargo policial para ocupar un cargo de asesor, «tanto por su currículum, en el que solo consta el bachillerato y un curso básico de escoltas, y otro de desfibriblador externo automático», como por los informes de seguridad que habría elevado a Buch en el ejercicio de su condición de asesor, que la Fiscalía cataloga de «muy corta extensión y llenos de generalidades». La querella, además, atribuye un «acto de arbitrariedad» en la designación de Escolà para este puesto.