La Fiscalía pide el procesamiento de los mossos que acompañaban a Puigdemont en Alemania

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha remitido un escrito al Juzgado Central de Instrucción número 6 en el que solicita el procesamiento de los dos agentes de los Mossos d'Esquadra que acompañaban al expresidente catalán Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en marzo de 2018, así como desimputar al historiador Josep Lluís Alay y el empresario y senador Josep María Matamala.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, el Ministerio Público pide al magistrado Manuel García Castellón que cierre la instrucción de este procedimiento poniendo el foco únicamente en los dos mossos, Carlos de Pedro López y Xavier Goicoechea, por un posible delito de encubrimiento, ya que se trata de dos funcionarios públicos que habrían colaborado en el traslado del prófugo desde Finlandia.

Se da la circunstancia de que uno de los agentes es hermano menor de David Goicoechea, cabo de los Mossos d’Esquadra en excedencia que, según ha publicado ‘El Confidencial’, ha ejercido como escolta del expresident en Bélgica y ahora ha sido nombrado por éste como asesor en el Parlamento Europeo.

La causa que se abrió en la Audiencia Nacional contra los dos mossos, Matamala y Alay se remonta a marzo de 2018. Entonces, Puigdemont se encontraba en Finlandia participando en una conferencia cuando el juez instructor del 'procés', Pablo Llarena, reactivó una orden europea de detención y entrega. El expresident viajó en coche en dirección a Bélgica, país en el que se ha instalado desde que huyó de la justicia española, acompañado de los mossos y de Matamala y Alay.

Según las fuentes consultadas por Europa Press, la Fiscalía considera que los dos agentes policiales habrían cometido un delito de encubrimiento. Además de tratarse de funcionarios, el fiscal tiene en cuenta que habrían partido 'ex profeso' desde España para escoltar a Puigdemont y a sabiendas tanto de que tenía una causa pendiente en el Tribunal Supremo, como de que se había reactivado una orden europea de detención.

Sin embargo, el Ministerio Público considera que Matamala y Alay no viajaron para acompañar al expresidente catalán a sabiendas de la orden europea, sino que ya estaban con él cuando ésta fue reactivada y se produjo la detención.

De este modo, mientras en el caso de los mossos pesa su carácter de funcionarios pese a que alegaron que se encontraban de permiso cuando Puigdemont fue detenido, el rol del empresario y el historiador sería equiparable al del resto de personas que acompañan al expresident dentro y fuera de Bélgica cada vez que se mueve por Europa para participar en algún evento.

Matamala ostenta en la actualidad el cargo de senador de Junts per Catalunya por la provincia de Girona, por lo que está aforado ante el Supremo y, por tanto, la Audiencia Nacional no podría continuar ningún procedimiento en su contra.

El escrito del Ministerio Público ya está en manos del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional --el tribunal competente al haber sido un presunto delito cometido por un español en el extranjero--, que ahora debe determinar si atiende la petición del fiscal y emite auto de transformación de diligencias en procedimiento abreviado.

El delito de encubrimiento está penado en España con entre tres meses y seis años de cárcel, aunque puede conllevar una inhabilitación profesional de hasta doce años si se constata que quien lo cometió lo hizo en abuso de sus funciones públicas y que el delito que encubría fuese grave.