La corrupción acecha al partido de Puigdemont: ERC, a favor del suplicatorio para investigar a Borràs

La corrupción acecha a Laura Borràs, portavoz de JxCat en Madrid y muy cercana a Carles Puigdemont –ha entrado en las quinielas como posible candidata a la Generalitat–. Pese a que hasta ahora ha tratado de echar balones fuera y atribuir las acusaciones de presuntos delitos del pasado al «juego sucio del Estado», no ha conseguido concitar la credibilidad del propio separatismo: tanto es así que Esquerra es favorable al suplicatorio solicitado el viernes por el Tribunal Supremo para poder continuar investigándola –debe ser votado en el Congreso de los Diputados–. «Creemos que con el suplicatorio Borràs tendrá una buena opción de explicarse», aseguran fuentes del partido republicano. Y también la CUP ha solicitado información en el Parlament para indagar sobre el presunto caso de corrupción.

El suplicatorio todavía no ha llegado a la Cámara Baja, según precisan fuentes parlamentarias, y cuando llegue se seguirá el procedimiento: será remitido a la Comisión de Suplicatorios, que tiene 30 días para dictaminar por lo que se espera que «antes de que acabe junio irá al pleno» para que se vote, apuntan las citadas fuentes.

Lo cierto es que Esquerra, con el caso Borràs, también tendrá la oportunidad de responder a los últimos ataques de JxCat. Los neoconvergentes votaron el pasado jueves a favor de la creación de una comisión de investigación en el Parlament sobre las residencias durante la crisis del coronavirus -los geriátricos están gestionados por los republicanos-.

En todo caso, sin duda, se abre un nuevo frente que el independentismo más irredento tratará de aprovechar para agitar las aguas de la secesión. Jordi Puigneró, consejero de Políticas Digitales, marcó la línea. Reclamó “la independencia” porque ninguna “in-justicia española podrá con Laura Borràs. La independencia es la mejor manera de acabar con un poder judicial que juzga con criterios políticos”, señalando la senda de la defensa de Borràs que será utilizada como munición electoral.

Sin embargo, el independentismo miente, a sabiendas, sobre el caso. La causa contra la diputada Borràs no es política, es penal, por prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental, en la etapa en la que Borràs era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), y se dedicó a dar contratos a dedo a un amigo suyo, según consta en el sumario de la investigación.

El caso está en el Supremo, pero su origen no fue una investigación política. Los Mossos d’Esquadra estaban llevando a cabo una investigación en un caso de drogas y falsificación de moneda. Se había puesto el foco en Isaías Herrero, adjudicatario de los contratos de Borrás en la ILC, que ha acabado con una condena de 5 años, una pena rebajada porque reconoció los hechos. En el seguimiento de Herrero, se encontraron correos electrónicos que destapaban la trama corrupta que ahora se investiga, con participación personal y directa de Laura Borràs, en los que se detallaba como se debían realizar los contratos. No fue un ataque orquestado por parte del Estado, como argumentan los defensores de Borras, fue una casualidad. Una investigación sobre un caso de drogas destapó la caja de los truenos de la contratación fraudulenta. En una palabra: corrupción.

La acusación trata de averiguar si hubo trato de favor, troceando contratos para favorecer a determinadas personas. Borràs se declara inocente, pero un último informe de la Sindicatura de Comptes, el tribunal de cuentas catalán, de los años 2016-2018 desvela irregularidades bajo su mandato. Borrás abandonó el cargo el 19 de enero de 2018, pero lo dejó todo atado y bien atado. Según este informe, antes de dejar el cargo otorgó algunos de los contratos bajo sospecha. En este periodo de tiempo, se adjudicaron contratos por valor de 1,32 millones a “siete adjudicatorios se les adjudicaron diversos contratos menores por importes acumulados superiores al máximo permitido”, y “reiteración en el objeto de los contratos .. y en consecuencia hubo un fraccionamiento de la contratación”.

La operación policial se desató a finales de noviembre de 2018. Los Mossos d’Esquadra registraron el ILC y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información en busca de pruebas de contratos troceados. Borràs se apresta a dar explicaciones al día siguiente en diferentes medios de comunicación. Y crea otra polémica. ¿La avisó de la investigación el conseller de Interior, dando información que no podía dar? Esta es la secuencia. En RAC1 explicó que el conseller Buch le dio información “lo que me comenta el conseller de Interior es que los Mossos no me están investigando”. De forma inmediata, la conselleria de Interior desmiente esta información.

Acto seguido, Borràs acude a Catalunya Ràdio y afirma “hablé con el consejero, le dije que me decían que había entrado en la Institución y le pregunté qué sabía. Pero él sabe que hay secreto, no me ha pasado ningún tipo de información sobre una cosa que él sabe que no tiene ningún tipo de información, pero insiste que es la policía judicial”. En su “tournée” radiofónica, Borràs llega a la SER donde saca a relucir una tercera versión. Ahora dice que su compañero de Interior le dijo tras preguntarle ella si se la investigaba “espera que miro”. La única forma de “mirar” de Buch era hablar con los Mossos, una ilegalidad, y contestó a Borràs “no se te investiga, pero vaya, hay secreto del sumario, yo no sé nada”.

Borràs era una de las preferidas por Puigdemont para liderar Junts per Catalunya en unas autonómicas, ya que Joaquim Torra no se presentará porque estará inhabilitado. Ahora, Borràs se ha quedado en agua de borrajas, pero Puigdemont va a extender una cortina de humo haciendo creer a sus incondicionales que Borràs está siendo atacada por el Estado Español, por la justicia española. La realidad es bien diferente, pero para Puigdemont y sus aláteres, peor para la realidad.