El valor de una Justicia eficaz

El pasado día 26 de abril, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó una resolución en la que ordenaba al Departament de Salut de la Generalitat que procediera a la vacunación contra el Covid a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que prestan servicio en Cataluña, de modo que alcancen de manera inmediata el mismo porcentaje de vacunación de agentes que el cuerpo de Mossos d’Esquadra.

La resolución se acordó en el marco de un procedimiento cautelar de protección de derechos fundamentales de los miembros de esos cuerpos. En particular, el procedimiento fue instado por dos sindicatos contra el Departament de Salut.

El Tribunal se basó en un dato proporcionado en el propio informe del Departament de Salut sobre la situación de vacunación de grupos afectados. Concretamente, en la página 21 del informe, según se explica en el auto, consta que a fecha de 24 de marzo de 2021 habían sido vacunados el 77% de los miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, así como el 68,9% de los efectivos de las Policía Locales de Cataluña y el 77,9% de la Guardia Urbana de Barcelona, frente al 3,6% y 2,8%, respectivamente, de los efectivos del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil. Pero es que, un mes más tarde, el porcentaje de miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra vacunados ascendía al 80,3%, el de los policías locales al 71,2% y el de la Guardia Urbana de Barcelona al 79,1%, mientras que el porcentaje de vacunación de los miembros del Cuerpo Nacional de Policía era del 9,9% y el de la Guardia Civil era del 6,3%.

Los miembros de los cuerpos de seguridad del Estado que prestan sus servicios en Cataluña se encuentran en el mismo grupo prioritario que el resto de policías, por lo que todos ellos deberían haber sido vacunados en un porcentaje similar. Por lo tanto, si no han recibido el mismo número de vacunas han sido objeto de un trato discriminatorio. Las diferencias son tan escandalosas, que alguna explicación debe de haber. Seguro que hay más de una Administración implicada. Sin embargo, de esas posibles explicaciones ninguna, absolutamente ninguna, puede justificar ese trato discriminatorio que, sencillamente, pone en riesgo la salud de unos policías que dependen funcionalmente del Ministerio del Interior, pero que protegen a los mismos ciudadanos catalanes. Por el contrario, la competencia del proceso de vacunación en Catalunya es en exclusiva de la Generalitat, por lo tanto, la responsabilidad en exclusiva de esa situación es de la Generalitat. Se trata de algo muy sencillo.

La responsabilidad de la Generalitat era que el 80% de los policías nacionales y de los guardias civiles que prestan servicio en Catalunya, hubieran estado vacunados cuando el Departament de Salut presentó ese informe al Tribunal. El incumplimiento es ilegal e inmoral. Pero, una vez constatado por el propio Departament de Salut esa grave situación, podían haberse opuesto a las medidas judiciales con algo tan sencillo como la presentación de un plan creíble de vacunación del grupo discriminado, para convencer al Tribunal que no era necesario que adoptara medidas, ya que la propia Generalitat, ante la gravedad de la situación, había preparado un programa especial de vacunación. Es decir, en términos jurídicos, hubieran demostrado que las medidas devenían innecesarias para remover la situación discriminatoria, ya que el propio Departament las había iniciado.

Por el contrario, entre otras cosas, el Departament, al oponerse a las medidas, alegó que su adopción “podría poner en riesgo la pronta vacunación de población de mayor riesgo”. Es decir, los policías y los guardias les quitaban las vacunas a los más vulnerables. Es evidente que en el momento de priorizar a funcionarios que prestan servicios esenciales, como los policías, se ha tenido en cuenta que se anticipan a otros grupos de personas. Así lo explica la Generalitat en su portal electrónico, por lo que utilizar ese argumento cuando el 80% de otros cuerpos policiales estaba vacunado es sencillamente demagógico.

Nuevamente el Govern ha querido aparecer como víctima de un Estado despiadado, servido por unos jueces inicuos. Por el contrario, yo hoy me siento particularmente orgulloso de unos jueces que han sabido responder adecuadamente a una situación indigna. Un ejemplo de como una Justicia independiente, rápida y eficaz puede proteger nuestros derechos individuales, para imponerlos frente a los que quieran vulnerarlos, incluidas las administración públicas.

Luis Rodríguez Vega es Magistrado y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura