Aragonès acelera la creación de la banca pública y resurgen los fantasmas de las cajas de ahorros

El nuevo Govern, presidido por Pere Aragonès, ha echado a andar con el compromiso de culminar el proceso de conversión del Institut Català de Finances (ICF, el ICO catalán) en una banca pública. Lo cierto es que es una iniciativa que lleva en el cajón prácticamente una década -desde 2012-, pero en las últimas semanas ha recibido un acelerón después de que la Generalitat solicitara al Banco de España la licencia bancaria, un trámite imprescindible. La última palabra, no obstante, está en las manos del Banco Central Europeo y todo el proceso puede durar alrededor de un año, aunque su desenlace es incierto aún.

Esquerra alumbró la propuesta de una banca pública en 2012 y, a pesar de que desde 2016 está a cargo de la conselleria de Economía, había evitado dar el paso para materializarla; sin embargo, ahora que Aragonès ha dejado el departamento para ser president, ha acelerado los trámites para dejar el asunto encarrilado en manos del nuevo conseller (JxCat), Jaume Giró, una figura que conoce muy bien el sector bancario ya que ha tenido una importante trayectoria en La Caixa. Si bien, todavía cabe ver cuál es la posición que adopta, ya que ha evitado hasta el momento aclararlo y puede dar pie a divergencias en el seno del Govern.

En todo caso, en el arco parlamentario catalán, todas las fuerzas de izquierda (Esquerra, CUP y Comunes), se han mostrado partidarias del proyecto bancario (el PSC solo pide una transformación del ICF). En cambio, en la derecha, Alejandro Fernández (PP) ya ha salido a rechazarlo: considera que la idea es «estrambótica, extemporánea y ruinosa», la vincula al «proceso de construcción nacional» del independentismo y advierte de que «política y banca, cuanto más lejos, mejor».

Lo cierto es que en la memoria todavía está muy presente el modelo fallido de las cajas de ahorros, que a pesar de ser fundaciones privadas -es decir, desde la estricta formalidad jurídica, no eran entes públicos-, estaban dirigidas por políticos y, de facto, eran banca pública: tenían un carácter social y a esta finalidad se dedicaban los beneficios derivados de su actividad financiera, pero también es verdad que las condiciones laxas aplicadas en la prestación de sus servicios y una gestión poco rigurosa las ha llevado a su desaparición arrolladas por la crisis financiera de 2008, pasando de haber más de 300 hace 15 años a tan solo dos en la actualidad.

Consultado por este diario, Xavier Freixas, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra y exconsejero independiente del ICF, es rotundo y, con los datos en la mano, señala que «la experiencia de bancas públicas, en general, es muy negativa porque los préstamos se conceden con criterios políticos». «Los análisis empíricos nos dicen que cuando hay elecciones, se comienzan a dar créditos y luego llegan las pérdidas», añade. Freixas no cree que sea necesario una banca pública, aunque reconoce que «es esencial cuando hay crisis y, ahora, hay crisis». «Tiene un papel contracíclico porque deja dinero cuando la banca privada no quiere dejar», resume.

Por su parte, Carlos Victoria, profesor investigador de EsadeEcPol, afirma que la idea de banca pública «suele ser una especie de significante vacío»: es decir, es un planteamiento simbólico porque tanto el ICF como el ICO -institutos de crédito- ya hacen la función de banca pública. De hecho, recuerda unas palabras del gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, pronunciadas en junio de 2020 en las que decía que, si se quiere un banco público para financiar «el riesgo excesivo» o «proyectos inviables», había que dar subvenciones en lugar de crédito. «Si el objetivo son proyectos inviables, ya se dispone de herramientas para financiarlos», remarca.

Victoria reconoce que las fuerzas políticas impulsoras de la banca pública parten de un «diagnóstico que es cierto», como es la «exclusión financiera» que impide a algunos segmentos de la población acceder al crédito, pero, para dar solución a este problema, considera que «hay alternativas no financieras como las subvenciones», en forma de ayudas, créditos blandos o becas.

Aragonès tampoco ha detallado en exceso qué papel debería jugar la entidad bancaria, más allá de precisar durante el discurso de investidura que debe actuar «como un auténtico motor de emprendeduría y transformación». En este punto, Freixas señala que la banca pública puede «canalizar el dinero hacia la innovación» y, como no está orientado al beneficio, podría asumir también la financiación de proyectos fallidos que generen externalidades positivas. «La inversión en una startup que no acaba de funcionar es negativo, pero socialmente puede generar talento y conocimientos», añade.

Victoria señala, en este sentido, que el concepto de «riesgo» marca la diferencia con la banca privada. Las entidades tienen en cuenta el riesgo a la hora de llevar a cabo determinadas operaciones y Victoria recuerda que «el modelo de cajas ahorro o de banca pública se comprobó que no valoraba muy bien el riesgo». «La intención declarada de quienes defienden la banca pública es ignorar ese riesgo», advierte.

En cualquier caso, como reitera Victoria, las diferencias entre el ICF y la banca pública son prácticamente «simbólicas». La más destacada, según expone Freixas, se puede hallar en el modelo de gobernanza, ya que una entidad bancaria tiene «consejo de administración», el consejero delegado «suele venir de la banca privada» para «evitar tentaciones políticas» y sugiere como algo «positivo» que «entre capital exterior». También subraya como hecho diferencial la fuente de financiación ya que un banco tiene acceso a depositantes para financiarse.