El TSJC confirma la condena a la UB por vulnerar la neutralidad ideológica con su manifiesto de apoyo a los presos

El manifiesto aprobado por el claustro de la Universitat de Barcelona (UB) a favor de los presos del “procés” “rompe con la neutralidad ideológica o política que se espera de una Universidad”. Así de claro se manifiesta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que confirma la condena al centro universitario por vulnerar su deber de neutralidad y lesionar los derechos fundamentales a la libertad ideológica y de expresión de profesores y alumnos y su derecho a la educación al aprobar un texto en contra de las condenas del 1-O.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo desestima en su integridad el recurso interpuesto por la UB contra la sentencia que consideró que la aprobación en el claustro de un manifiesto de apoyo a los encausados y condenados del “procés” era contraria al deber de neutralidad ideológica.

Ahora, el TSJC reafirma que el acuerdo del claustro “rompe con la neutralidad ideológica o política que se espera de una Universidad (por su carácter público, aunque su base sea institucional) y ello supone una vulneración de la libertad ideológica y de expresión, libertades todas ellas indisolublemente unidas al pluralismo político que, como valor esencial de nuestro ordenamiento jurídico, propugna la Constitución”. En definitiva, según la sentencia, “una Universidad no puede abandonar la posición de neutralidad que le es propia en ese campo, para asumir posiciones ideológicas y políticas de parte, desconectadas, además, de los intereses a los que debe servir”.

Así, la justicia vuelve a dar la razón a los demandantes, cuatro profesores de Universitaris per la Convivència y un alumno, coincidiendo con los indultos a los presos independentistas. El manifiesto en cuestión, publicado el 21 de octubre, calificaba de injusta a la sentencia y “exigía la inmediata puesta en libertad de las personas injustamente condenadas, el sobreseimiento de todos los procesos en curso relacionados y el retorno de las personas exiliadas”. Asimismo, rechazaba “la represión y la violencia policial” y denunciaba que “los poderes del Estado han forzado el ordenamiento jurídico con la aplicación abusiva y punitiva de la prisión preventiva y la condena por sedición”, incurriendo así en una “deriva autoritaria” que “criminaliza la disidencia”.

En la sentencia, el TSJC argumenta que la libertad ideológica resulta lesionada porque “la manifestación de una determinada opción debe incluir la posibilidad de objetarla y de oponerse a que se ejerza también en nombre de quienes no la comparten”, de manera que “la toma de postura oficial por la Universidad en cuestiones esencialmente controvertidas y no atinentes a la gestión de sus fines es contraria a Derecho siempre que se encuentre con la oposición de alguno o algunos de sus miembros” como fue el caso ya en el propio claustro que aprobó el manifiesto.

Sobre la libertad de expresión, el alto tribunal insiste en que “no puede considerarse conforme a Derecho una actuación en nombre de la Universidad para expresar públicamente un criterio sobre una materia no encuadrable en el marco de sus funciones”, y en que la libertad de expresión de los discrepantes resulta violada porque la manifestación de opinión por parte del claustro universitario “pasa a ser emitida también en su nombre”, cuando su voluntad, y su derecho, es que no se exprese ninguna opinión en una materia ajena a los fines de la institución. Todo ello supone “una instrumentalización al servicio de una opción política ajena al ámbito material y funcional de la Universidad”.