Los mossos guardaespaldas de Puigdemont, a juicio

El juicio a los dos mossos que acompañaban al ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en 2018 se celebrará finalmente entre el 6 y el 12 de julio en la Audiencia Nacional por un presunto delito de encubrimiento por el que la Fiscalía pide para cada uno de ellos una pena de tres años de cárcel.

Los mossos Carlos de Pedro López y Xavier Goicoechea fueron procesados el febrero de 2020 por el Juzgado Central de Instrucción número 6. El magistrado competente consideró que, con su actuación, perseguían el objetivo de que Puigdemont no fuese detenido después de que se reactivara la euroorden de detención y entrega contra él.

Tres años de cárcel es la pena más alta prevista para estos casos en el Código Penal. El fiscal entiende que los mossos, entre cuyas labores se encuentran el mantenimiento de la seguridad ciudadana y el cumplimiento de la ley por parte de la ciudadanía, actuaron a sabiendas de que cometían el delito, ya que ayudaban a una persona acusada de un delito de rebelión.

Junto al ex president y los dos mossos viajaban también el empresario Josep Maria Matamala y el historiador Josep Lluís Alay. Estos dos últimos también estuvieron imputados en esta causa, pero el juez instructor, Manuel García Castellón, archivó la investigación para ellos a petición del Ministerio Público.

Ahora, según fuentes jurídicas, el juicio arrancará finalmente el próximo 6 de julio, después de que tuviera que ser aplazado debido a la enfermedad de un familiar de una de las defensas. Inicialmente, estaba previsto que comenzara el 24 de mayo.

El teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, señaló en un escrito del pasado mes de abril que los mossos actuaron siendo “conscientes” de que contra Puigdemont pesaba una euroorden por hechos constitutivos de delitos de rebelión y otros.

“La intención de los acusados era ayudar a Carles Puigdemont a regresar a Bélgica y evitar su identificación en algún lugar donde pudieran ejecutar la orden europea de detención”, afirmó.

Por ello, el Ministerio Público reclama para ellos una pena de tres años de cárcel y una inhabilitación especial por el mismo periodo de tiempo para empleo o cargo público y para ejercer el derecho al sufragio activo.

Según el relato de hechos que hace la Fiscalía, los dos agentes estaban “en servicio activo” el 25 de marzo de 2018, De Pedro en la unidad de seguridad ciudadana de la comisaría de El Prat de Llobregat (Barcelona) y Goicoechea en el Área de Escoltas en Sabadell (Barcelona). Ambos se encontraban esos días “disfrutando de una semana de fiesta”.

“Aprovechando los días libres de trabajo”, se desplazaron el 19 de marzo a la localidad de Waterloo (Bélgica), donde se había establecido Puigdemont después de marcharse de España tras la declaración unilateral de independencia (DUI) del 27 de octubre de 2017.

El 23 de marzo, estando en Bélgica, “una persona no identificada” les pidió que fueran a buscar en coche a Puigdemont, que se encontraba en Helsinki (Finlandia) cuando el juez instructor del ‘procés’, Pablo Llarena, reactivó esos días la orden europea de detención y entrega.

“El mismo día de la emisión de la orden, Puigdemont abandonó Helsinki”, mientras que “los dos acusados salieron de Bruselas conduciendo el vehículo y llegaron a Estocolmo a una hora que no se ha determinado”. Una vez allí, recogieron al expresidente e iniciaron el regreso a la capital belga, explicó el fiscal Carballo.

Fue el 25 de marzo, pasadas las 11.00 horas, cuando agentes de la Policía alemana interceptaron el coche en un aparcamiento de viajeros pendulares de Jagel, en la autopista BAB7, que transcurre entre la frontera con Dinamarca y la ciudad de Hamburgo.

En el vehículo, viajaban Puigdemont, los dos mossos y otras dos personas, el empresario Josep Maria Matamala y el historiador Josep Lluís Alay. Estos dos últimos también estuvieron imputados en esta causa, pero el juez instructor, Manuel García Castellón, archivó la investigación para ellos a petición de la Fiscalía.

Mientras en el caso de los mossos ha pesado su carácter de funcionarios para mantenerlos en el procedimiento judicial, el rol del empresario y el historiador sería equiparable al del resto de personas que acompañan a Puigdemont dentro y fuera de Bélgica cada vez que se mueve por Europa para participar en algún evento.

Por otra parte, la Fiscalía pide seis años de cárcel y quince de inhabilitación contra el ex conseller de Interior Miquel Buch, por el motivo de que los Mossos designaron un servicio de escolta a Puigdemont.

A Buch se le acusa de los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos. Para Lluís Escolà, el sargento a quien el tribunal le atribuye hacer funciones de escolta mientras cobraba como asesor del departamento de Interior, pide cuatro años y seis meses de prisión y trece años de inhabilitación. Ambas querellas fueron presentadas por Ciudadanos.

Escolà fue nombrado asesor en materia de seguridad en julio del 2018, pero dejó el cargo a petición propia en marzo de 2019. La Fiscalía ve acreditado que antes de este periodo, durante y después ha estado haciendo de escolta del presidente Puigdemont . El mismo día que se presentó la querella, en noviembre pasado, Buch dijo que “en ningún caso” no había nombrado un asesor para hacer de escolta de Puigdemont. “No es ni entre mis competencias ni en mi voluntad”, aseguró.

El TSJC consideró que el relato de la Fiscalía contenía “indicios suficientes” para admitir a trámite la querella por prevaricación y malversación de fondos públicos e investigar los hechos. Además, no descartaba que la investigación se ampliara a más personas si durante la instrucción se considera que han ‘asesorado’ Buch y Escolà. Las dos declaraciones debían hacerse a finales de marzo, pero se aplazaron debido al estado de alarma.