Verano judicial

El mes de agosto, por gracia de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es inhábil para todas las actuaciones judiciales salvo la instrucción de las causas, particularmente, aquellas en las que hay alguna persona en prisión provisional. Los profesionales cierran sus despachos, desconectan sus sistemas de notificación y los juzgados y tribunales se sumen en una actividad ralentizada, como si estuvieran bajo el sopor de las calurosas horas de las tardes estivales.

En estos días inhábiles no sería de buena educación molestar al lector, como un abejorro zumbón, con reflexiones pretenciosamente sesudas sobre la calamitosa situación institucional en la que nos encontramos con el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal de Cuentas y el Defensor del Pueblo pendientes de la renovación establecida por la Constitución y sin que se atisbe solución alguna a esta cuestión.

Del mismo modo, tampoco parece conveniente ser más intenso y pesado que el sol de las tres de la tarde con comentarios sobre el desbarajuste generado por el sistema implantado para ratificar judicialmente las medidas anticovid que limitan derechos fundamentales, con decisiones aparentemente contradictorias y con situaciones delirantes, propias de un golpe de calor, como que haya sido el PNV, ¡¡el PNV!!, quien haya propuesto unas medidas uniformes para toda España. A ver si va a resultar que la “cogobernanza”, además de una palabrota más desagradable que la picadura de una medusa, es una cosa más indigesta que una paella de chiringuito.

No, nada de negatividades, que estamos en verano y de vacaciones. Por eso, como si estuviéramos viendo la salida del sol en Ibiza o el atardecer en Granada, arrobados por la belleza del momento, vamos a pensar por un instante que todos los proyectos relacionados con la justicia que han llegado estas últimas semanas al Congreso y los que llegarán a principios del otoño (nuevo proceso penal, eficiencia judicial, tribunales de instancia, modificación de los delitos sexuales, cuestiones arrendaticias) serán leyes no ideologizadas, que busquen sinceramente mejorar el funcionamiento de nuestro país y que sean elaboradas en un parlamento donde se valoren las alternativas y se enriquezcan los proyectos con un debate constructivo entre diversas posibilidades igualmente legítimas.

Y ya, llevados por el entusiasmo del tiempo libre, hasta podremos tirarnos al agua de cabeza y pensar que el Tribunal Constitucional resolverá en breve el recurso contra la ley del aborto, pendiente desde 2011 (¿será verdad que lo van a resolver porque les han puesto una queja y una querella?), y que, sobre todo, sea cual sea la decisión que se adopte, las valoraciones estén jurídicamente fundamentadas y no se limiten a la crítica habitual desde la dicotomía conservadora-progresista, que es algo más penoso que levantarse a las 6 de la mañana para coger la hamaca en el apartahotel y más aburrido que la llovizna de las vacaciones en la costa cantábrica.

Con esta intención en mente incluso podemos hacernos la ilusión de que, al menos, un pequeño porcentaje de los fondos europeos se van a dedicar a la justicia y a su modernización; no hablo de transformación digital porque en este ámbito nos movemos entre los siglos XIX y XX y con una limitada actualización estructural y procesal seguro que nos conformaríamos, ya que la transformación digital está más lejos que una visita guiada a la Luna.

Finalmente, y deseando que este artículo haya sido más refrescante que tomar una horchata granizada disfrutando de la brisa marina, solo queda desear a todos los lectores, relacionados o no con la Administración de Justicia, que tengan un buen verano y que disfruten del descanso, así como que recarguen energías porque en otoño volveremos a tener los mismos problemas e, incluso, otros nuevos, y es esperable que los afrontemos igual, según nuestra costumbre, que no se si es buena o mala forma de encararlos, pero es absolutamente nuestra.

¡¡BUEN VERANO!!

Javier Ruiz Pérez,

Magistrado de la Audiencia Provincial de Barcelona,

Asociación Profesional de la Magistratura.