Los 100 días de Aragonès: indultos, quinta ola y la incógnita del diálogo con el Gobierno

Pere Aragonès tomó posesión como president de la Generalitat la tarde del lunes 24 de mayo con un acto sobrio y sencillo en el Palau de la Generalitat, una recepción en la que estuvo el presidente de ERC, Oriol Junqueras, de permiso penitenciario, y el entonces ministro de Política Territorial, Miquel Iceta. Ahora, 100 días después, los condenados del “procés” han sido indultados por el Gobierno de Pedro Sánchez, Iceta ha cambiado de cartera y está a un paso de dejar la secretaria general del PSC en favor de Salvador Illa y el curso político recién empieza con la mesa de diálogo programada para la semana del 13 de septiembre. El horizonte sigue siendo 2023, año de elecciones municipales y generales y límite pactado por ERC con la CUP y JxCat como margen para negociar con la Moncloa.

Y es que el Govern Aragonès empezó su andadura al frente de la Generalitat con la intención de redirigir el rumbo del “procés” y centrarlo en una vía más posibilista, más pragmática, basada en la negociación directa con el Gobierno de Pedro Sánchez y la reanudación del foro pactado a cuenta de la investidura del líder socialista. Tras un “sprint” de dos meses con los indultos como primer capítulo antes de las vacaciones, la negociación se reiniciará tras la Diada y con dos exigencias inamovibles por parte del independentismo: amnistía y autodeterminación.

Mientras tanto, la relación de la Generalitat con los distintos órganos y representantes de las instituciones del Estado ha continuado siendo hostil, con varios altos y bajos remarcables: sonoros han sido los plantones del propio president y del Govern ante las visitas del Rey -pese a la rectificación forzosa de Pere Aragonès fozada por los empresarios en el Círculo de Economía-, mientras que el conseller de Economía, Jaume Giró, ha vuelto al Consejo de Política Fiscal y Financiera con el Gobierno tras cuatro años de ausencia.

Otra de las polémicas de la Generalitat han sido las fianzas de 5,4 millones de euros que impuso el Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos de la Generalitat –entre ellos Oriol Junqueras, Carles Puigdemont y Artur Mas– por la promoción del “procés” en el extranjero entre 2011 y 2017. Una circunstancia que provocó las primeras divisiones en el seno del Ejecutivo –ERC apostaba por cubrirlas con el dinero de la Caja de Solidaridad y JxCat por usar fondos públicos– y terminó con un alambicado sistema de avales y contraavales para que un banco privado cubriese la cantidad. Al final y tras el intento fallido de encontrar una entidad financiera dispuesta, la Generalitat ha avalado los 5,4 millones mediante un fondo y a través del Institut Català de Finances, un organismo público. Un movimiento de Jaume Giró (JxCat) que ha provocado cierto terremoto en el organismo –su junta directiva la preside Albert Castellanos, de ERC– y que ha llevado a Cs, Vox y Convivencia Cívica a presentar querellas contra el Govern en el TSJC.

Clamor y varapalos judiciales ante la quinta ola

El nuevo Ejecutivo se estrenó días después de que decayera el Estado de Alarma, con la desescalada en marcha y un alto ritmo de vacunación. El fin de las clases, la reapertura del ocio nocturno, la permisividad con la mascarilla al aire libre y la verbena de San Juan, entre otros factores, coincidieron a finales de junio provocando una quinta ola inesperada, que ha golpeado con dureza por la elevada transmisión entre los jóvenes. La Generalitat midió mal con los festivales de música y los viajes de fin de curso y el toque de queda se volvió a instaurar en pleno verano, coincidiendo con la llegada de las vacaciones y de la campaña turística. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo tumbó después de que el Ejecutivo cambiara sus criterios cuatro veces en un mes e improvisara sin éxito para tratar de frenar los macrobotellones.

Otra de las carpetas que tiene por abrir el Govern es la de la ampliación del aeropuerto de El Prat pactada con el Ministerio de Transportes que ahora dirige Raquel Sánchez, exalcaldesa de Gavà. Un asunto espinoso, un polvorín político para el president Aragonès después de fiar los presupuestos a la CUP y de que los antisistema se hayan mostrado radicalmente en contra.