Un Govern bajo la lupa judicial

De los 14 consellers del nuevo Govern de Pere Aragonès, cuatro están siendo investigados por la Justicia o tienen causas pendientes por cuestiones anteriores a su llegada al Palau de la Generalitat. Un cifra elevada, cercana al 30%, y más teniendo en cuenta que el Ejecutivo empezó a andar hace justo dos meses. Esta semana se ha ratificado en la lista un peso pesado de la Generalitat y un dirigente de referencia de Esquerra: se trata de Roger Torrent, expresidente del Parlament –el cargo institucional más importante que ostentaron los republicanos en la anterior legislatura– y actual titular de la cartera de Empresa y Trabajo, llamado a declarar a la vuelta de las vacaciones. Dirigente de primera línea, muy cercano a Aragonès, deberá acudir al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por haber permitido la tramitación de varias resoluciones a favor de la autodeterminación y en contra de la Monarquía en la cámara. Al nombre de Torrent hay que añadirle las causas anteriores de Natàlia Garriga (Cultura), Josep González-Cambray (Educación) y Tània Verge (Feminismos e Igualdad), esta última absuelta aunque pendiente de un recurso.

Roger Torrent, citado a declarar en septiembre

El republicano está siendo investigado y está citado a declarar a la vuelta de las vacaciones, en concreto el 15 de septiembre, justo después de la Diada y en la semana en la que se debe reanudar la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat. Es decir, en pleno arranque de un nuevo curso político. Esta causa parte de una querella de la Fiscalía contra los exmiembros de la Mesa de la cámara catalana por presuntamente desobedecer al Tribunal Constitucional (TC) al tramitar propuestas de resolución relacionadas con el proceso independentista: una reivindicaba la autodeterminación y otra en contra de la Monarquía. La Fiscalía interpretó que los cuatro miembros de la Mesa desobedecieron las advertencias del Tribunal Constitucional al permitir el debate sobre dos resoluciones que habían sido prohibidas. El delito por el que se le investiga acarrea penas de inhabilitación. En un auto, el alto tribunal catalán cita para el mismo día al entonces vicepresidente primero de la Mesa del Parlament, Josep Costa (JxCat); al secretario primero, Eusebi Campdepadrós; y a la secretaria cuarta, Adriana Delgado, todos ellos miembros de partidos independentistas en la pasada legislatura.

Las causas anteriores de Cambray-Garriga-Verge

El titular de Educación fue detenido el fue detenido por la Guardia Civil el 28 de octubre pasado en el marco de la «operación Voloh» –cuando era director general de Centros Públicos, un cargo de peso dentro del organigrama de su departamento, vinculado a ERC– junto a otros cargos del Govern y empresarios. En concreto, Cambray está acusado de ayudar presuntamente al exconsejero de ERC Josep Vendrell en su proyecto de aumentar la ratio de una escuela de educación especial de Sant Joan Despí, además de montar otra centro concertado en la masía de Villa Bugatti. La investigación en el Juzgado de Instrucción número 1 de Barcelona está aún en fase inicial. Natàlia Garriga, la nueva responsable de Cultura, está procesada por un delito de malversación por participar en la organización del 1-O cuando era directora de servicios de la Secretaría General de Vicepresidencia. La última, Tània Verge, fue absuelta en primera instancia en el juicio por haber formado parte de la Sindicatura Electoral del 1-O, aunque la Fiscalía ha recurrido ante la Audiencia de Barcelona.

Denuncias por los avales

También esta semana, Ciudadanos ha estrechado el cerco sobre el Govern por destinar dinero público para cubrir las fianzas de 5,4 millones de euros del Tribunal de Cuentas a 34 exaltos cargos por la promoción del «procés» en el extranjero entre 2011 y 2017. En concreto, el partido naranja lleva al Govern a los tribunales y ha denunciado a los miembros de Ejecutivo como «cooperadores necesarios» del presunto delito de malversación que achaca al Institut Català de Finances (ICF) –el «ICO catalán»– por los avales a los encausados. Ciudadanos ya presentó una denuncia con el mismo contenido ante la Fiscalía, que aceptó investigar a la junta directiva del «ICO catalán» por la concesión de los avales pero dejó fuera del caso a los miembros del Govern porque son aforados al TSJC y la causa pertenece a este tribunal. La denuncia del partido naranja se suma a las presentadas por Convivencia Cívica –la primera contra el Ejecutivo Aragonès– y Vox. Todas se encuentran en una fase inicial y aún no hay una investigación abierta.