Profesores universitarios, ante el control al castellano: «Vamos a plantar cara a la imposición lingüística»

Los docentes no descartan acciones judiciales contra la medida tomada por la Generalitat para vigilar en qué idioma se imparten las clases

Varias personas sujetan una bandera estelada durante la manifestación organizada por la Izquierda Independentista, con motivo de la Diada.
Varias personas sujetan una bandera estelada durante la manifestación organizada por la Izquierda Independentista, con motivo de la Diada.Kike Rincón Europa Press

El debate sobre el uso del catalán en Cataluña sigue sin freno. El independentismo ha vuelto a la carga y ahora, desde la conselleria de Universidades (en manos de JxCat), ha activado un plan para controlar qué idioma usan los profesores universitarios para impartir sus clases. De momento, poco se sabe sobre cómo se implementará, más allá de que la Generalitat exigirá cada seis meses un informe a cada universidad sobre qué lengua usa el profesorado y sobre posibles incidencias que se detecten, sobre todo, relacionadas con los cambios idiomáticos que algunos profesores hacen para adaptarse a la realidad sociolingüística del aula, propia de una autonomía bilingüe: pueden ir cambiando del catalán al castellano en función de cómo interactúan con los alumnos, por ejemplo.

Esta iniciativa de la Generalitat, como es lógico, ha disparado el enfado de un nutrido sector del profesorado, que considera que es una estrategia más para crear «listas negras» y señalar a aquellos profesores que empleen el castellano. Los docentes avisan que estarán «vigilantes» y «no descartan tomar acciones judiciales» en función de cómo se despliegue la medida.

«Yo voy a seguir favoreciendo la convivencia lingüística en las aulas y estoy convencida de que ningún comisario lingüístico va a interferir. Hemos de plantar cara a cualquier imposición lingüística o ideológica en nuestros campus», afirma a este diario Isabel Fernández Alonso, profesora titular de Comunicación en la UAB, dejando entrever que seguirá impartiendo las clases como hasta ahora: en castellano, aunque sin ningún problema en cambiar al catalán si algún alumno lo pide. Con esta medida, la Generalitat busca que todos los profesores se ciñan al idioma que especifican que van a usar en el plan docente (porque se supone que, en función de ello, algunos alumnos pueden elegir determinadas asignaturas u otras).

Si bien, Juan Antonio Gil, profesor de Matemáticas de la UPC, sospecha que hay otras razones ocultas en la medida: por un lado, está la búsqueda de crear listas para ver qué profesores usan el castellano y qué profesores usan el catalán; y, por otro lado, es «la primera piedra para establecer el sistema de inmersión lingüística en las universidades». El sistema de inmersión lingüística ahora funciona en la escuela primaria, secundaria y bachillerato y se basa en usar el catalán como lengua vehicular (todas las asignaturas troncales, menos el castellano). Gil avisa que la implantación de la inmersión lingüística en la universidad ahuyentaría todo el talento porque obligaría a cualquiera a acreditar un nivel de suficiencia lingüística en catalán (nivel C) para conseguir plaza como profesor. «No me voy a salir del castellano. Ahora me mantendré en castellano si me preguntan en catalán. Van a conseguir polarizar», señala Gil.

El catedrático de Economía Aplicada en la UB, Jorge Calero, reclama una intervención del Gobierno para «garantizar un ‘mercado único’ de la educación superior en España, en el que se garantice el intercambio fluido de personas, ideas y proyectos». A su juicio, la iniciativa de la Generalitat es una «medida fiscalizadora y empobrecedora, destinada a medio plazo a arrinconar a los usuarios del castellano». «Empobrecedora porque va en contra de la pluralidad y el intercambio que debe caracterizar a la universidad. La progresiva desaparición del castellano aislará cada vez más a la institución y a sus estudiantes, tanto en la propia fase de aprendizaje como, posteriormente, en el mercado de trabajo», zanja Calero.

De esta manera, el curso universitario empieza en Cataluña con polémica tras este acuerdo entre la conselleria de Universidades (JxCat) y 12 centros universitarios catalanes. De momento, se desconoce cómo será el control (si con comisarios o con quejas de alumnos) y si habrá sanciones.