Así gestó Rufián el golpe al castellano

Muchas familias llevan años batallando en los tribunales para que sus hijos puedan recibir clases en su lengua materna. La nueva reforma educativa amenaza con dificultar todavía más sus derechos

Desde el aterrizaje de Jordi Pujol en la Generalitat hace 40 años, el nacionalismo catalán ha usado la lengua como piedra angular de su «proyecto nacional». La historia de Ana Martínez, una catalana de 45 años que vive en el municipio de Vilaseca (Tarragona), permite atestiguar cómo el catalán ha ido apartando al castellano en la educación en Cataluña hasta residualizarlo y cómo esta cuestión se ha ido convirtiendo en fuente de polémica y enfrentamiento político. Martínez, que dispuso de total libertad durante su etapa escolar para escoger la lengua que quisiera, ahora es una de las muchas madres que se ha visto obligada a recurrir a los tribunales para que sus hijos puedan recibir un mínimo de clases en castellano, aunque, aun habiéndole dado la razón un juez, se ha topado con un centro educativo que le niega ese derecho a una hija.

«Cuando yo estudiaba había libertad para escoger la lengua materna, que era lo pedagógicamente más bueno para el niño. Cada profesor explicaba en el idioma que le era más sencillo. Y el alumno se expresaba en el idioma que más dominaba», recuerda Martínez, que, además, resalta que en bachillerato escogió literatura catalana, dando así a entender que nunca ha tenido ningún tipo de rechazo al catalán. Sin embargo, ahora, el escenario ha cambiado y se rebela contra la imposición del catalán. «Antes no me lo imponían y hablaba en catalán. En cambio, ahora no quiero hablar en catalán porque me lo están imponiendo. Me están diciendo que mi lengua materna es inferior a la otra», aduce.

Su laberinto comenzó cuando fue a matricular a su hijo mayor hace unos años ya y se dio de bruces con una realidad totalmente distinta a cuando ella estudiaba: «Me quedé sorprendida cuando me dijeron que solo les darían las clases en catalán». De ahí, tras hacer ver a los responsables del centro escolar que estaba disconforme y tratar de negociar una solución, se puso en manos de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) –entidad de referencia en la defensa del castellano en la educación en Cataluña–, que le prestó ayuda jurídica ante los tribunales para que tanto su hijo como su hija pudieran recibir clases en castellano.

Y es que el castellano, más allá del cambio normativo previsto en la «Ley Celaá» que podría dificultar la vía judicial a los padres que interpongan un recurso ante los tribunales, tiene ya una presencia residual en la educación catalana. Un estudio elaborado recientemente por la AEB arroja una fotografía clara: de los 2.214 centros escolares analizados –un 95% del total de centros que hay en toda Cataluña–, tan solo 126 dan algún año en algún curso una asignatura en castellano, además de Lengua Castellana. Y de esas 126 escuelas, un 95% escogen educación física o artes plásticas para dar en castellano. El resto de asignaturas, todas se imparten en catalán.

En el caso de los hijos de Martínez, los tribunales, como en todos los recursos que ha interpuesto la AEB hasta ahora –más de 70 desde 2014, aunque en cada recurso puede haber incluidos más de dos niños–, les dieron la razón y obligaron al centro educativo a impartir un 25% de las clases en castellano. Es decir, además de Lengua Castellana, también tenían que dar otra asignatura troncal. En el caso de su hijo, tuvo la fortuna de dar con un profesor que da Tecnología, Física y Química en castellano –procede de otra parte de España, aunque de habla catalana–. Mientras que, en el caso de su hija, el curso pasado recibió Matemáticas en castellano, pero, como era su último curso en la educación primaria, este año ha cambiado de centro para ir al instituto y el nuevo centro le niega las clases de castellano que le corresponden.

Así, se encuentra de nuevo ante la necesidad de acudir a pedir ayuda a la AEB y recurrir a los tribunales. Martínez, casada con un británico, muestra su desesperación ante esta situación: «Lo hacen para alargar el proceso. Le están negando un derecho a mi hija», protesta, y recuerda incluso que tuvo más facilidades para hablar en castellano durante los cinco años que vivió en Filadelfia (Estados Unidos) que ahora en Cataluña: «Podías encontrarte en centros universitarios todos los carteles traducidos al castellano o podías sacarte el carnet de conducir en castellano porque había una gran comunidad de latinos», asegura, y critica también «el bajo nivel de castellano» de algún profesor con el que ha mantenido contacto, que se expresa «con catalanadas, como ‘comenzamiento’».

«El sistema educativo en Cataluña está viciado», reflexiona Ana Losada, portavoz de AEB. Por un lado, considera que los directores de los centros escolares llegan al cargo gracias a sus afinidades políticas y, por otro lado, cree también que el profesorado está muy condicionado por dos motivos: el primero es que es «un sistema cerrado a profesores de otras partes de España» porque exigen el nivel C de catalán; el segundo es que hay una importante presencia de profesores interinos que se juegan su puesto año tras año ante los directores de los centros porque «las oposiciones se convocan con pocas plazas». Además, afirma que los inspectores de educación son «cargos de confianza nombrados por la consellería de Educación».

Además de estas circunstancias, la capacidad que tienen algunos colectivos, como Plataforma per la Llengua –bautizada como ONG del catalán–, para presionar en pro del catalán es muy alta. De hecho, cada vez que alguien ha liderado alguna iniciativa para favorecer al castellano, sea quien sea, ha tenido que recular: el PSC lo tuvo que hacer cuando en su último Congreso se planteó flexibilizar la inmersión lingüística; o, el conseller de Educación (ERC), Josep Bargalló, también cuando estudió la posibilidad de aumentar las horas de castellanos en lugares de mayoría catalanohablante. Ahora, también, TV3 está recibiendo furibundas críticas cada vez que permite algún espacio en castellano.

¿Y cómo se ha llegado a la situación actual, de expulsión del castellano en las aulas catalanas? Hay que remontarse a 1983, cuando se promulgó la Ley de Normalización Lingüística, que dio cobertura a la inmersión lingüística –dos años antes (1981) se habían traspasado las competencias en educación a la Generalitat–. Pujol optó por estrenar la inmersión en el curso 1984-1985 en 19 escuelas de Santa Coloma de Gramenet, un municipio colindante con Barcelona con una población mayoritariamente castellanohablante. Diez años más tarde, el 75% de las escuelas ya habían asumido el modelo de inmersión lingüística.

El modelo de inmersión lingüística, como recoge la experta en la materia Mercè Vilarrubias en su libro «Por una Ley de Lenguas» (Deusto), es único en toda Europa. Vilarrubias desgrana los dos modelos que se usan para integrar las lenguas oficiales del país o región: por un lado, que es el mayoritario, está el de la doble red escolar a partir del cual los ciudadanos escogen en qué idioma quieren educar a sus hijos; por otro lado, que es más minoritario, está el de la educación multilingüe. En Cataluña, el primer modelo se rechazó bajo el argumento de «no separar a los niños por razón de lengua».

Esta situación ha abocado a las familias que quieren una educación bilingüe para sus hijos a acudir a los tribunales. La sentencia del Tribunal Constitucional contra el Estatut de junio de 2010 se erigió en un punto de inflexión ya que dio la base legal para marcar que el 25% de las clases se tenían que dar en castellano. Hasta entonces, se presentaban pocos recursos y los tribunales obligaban a los profesores a dar una «atención individualizada» a los alumnos –explicar al alumno a parte en castellano–.