Cataluña
Reclaman el pago de un impuesto ambiental a una persona fallecida hace 17 años
La administración pretendía aplicar un tributo a un coche que, además, había sido robado en 1995
La Generalitat ha empezado a cobrar el impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica desde el 15 de septiembre, pero se están dando casos surrealistas, como el que denuncia el periodista Jordi Guardiola en Lleida, donde un familiar suyo (su abuelo), fallecido hace 17 años, ha recibido la notificación para el pago del impuesto. Pero no acaba ahí la historia: se requiere el pago del tributo por un Seat 600 que le robaron en el 1995. En total, le reclaman 73,93 euros.
Según explica Guardiola, su madre, viuda y que no ha conducido nunca, recibió la carta que iba dirigida a su padre (que vivía en el mismo domicilio, pero falleció en 2004). Ante estas circunstancias, la hermana de Guardiola llama a la Agencia Tributaria de Cataluña para “aclarar el tema”, pero, todavía más surrealista aún, la administración reclama que el obligado tributario (su abuelo) vaya en persona a dar de baja el coche. “Finalmente, le tocará ir a ella a resolver el enredo perdiendo una mañana por un error ajeno”, denuncia.
Este impuesto, que se aprobó en el Parlament en diciembre de 2019, afecta a los propietarios de los vehículos de tracción mecánica que generen más de 120 gramos de CO2 por kilómetro. A partir del próximo año, este umbral se rebajará a los 95 gramos. En total, el impuesto se aplicará a 4,1 millones de vehículos y afectará a 2,1 millones de contribuyentes este año. El objetivo es la lucha contra el cambio climático y la recaudación prevista es de en torno a 150 millones de euros.
Ya ayer, en el pleno del Parlament, el líder del PP, Alejandro Fernández, denunció este tipo de errores de la administración tributaria catalana (que pretendía convertirse en una estructura de Estado y quería asumir cada vez más y más competencias). Fernández reprochó a Pere Aragonès que el impuesto del CO2 a vehículos es “una auténtica vergüenza” porque, a su juicio, supone “castigar no al que más contamina sino al que menos tiene”. “¿Quién va a pagar ese impuesto? ¿Lo van a pagar los obreros catalanes que no pueden permitirse el lujo de comprarse mañana un coche eléctrico? Bastante tienen con llegar a fin de mes. Lo van a pagar en las zonas rurales, donde la contaminación es mínima, pero donde agricultores y ganaderos no pueden permitirse las exquisiteces «ecopijas» de su Gobierno”, se planteó. Además, cargó contra la “incompetencia” de la Generalitat por situaciones como la de Jordi Guardiola. “La Agencia Tributaria de Cataluña está cobrando el impuesto a coches dados de baja hace diez años e incluso ha aparecido algún caso de un coche robado en 1995″.
Aragonès respondió acusando de los errores al Estado. “Los problemas de padrón, derivados del hecho de que los datos son originarios de la Agencia española tributaria, que es donde están los errores, ningún problema. Se van corrigiendo sobre la marcha”, afirmó.
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