Piden 3 años de cárcel para el ex jefe de la oficina de Puigdemont

El juzgado de Instrucción 28 de Barcelona ha abierto juicio oral contra Josep Lluís Alay, el jefe de la oficina del ex president Puigdemont, por los gastos de un viaje a Nueva Caledonia, donde asistió en calidad de observador internacional.

La fiscalía pide que se le condene a tres años de prisión y siete años de inhabilitación especial para cargo público por un delito de malversación, ya otros diez años de inhabilitación por otro delito de prevaricación. El tribunal considera que el objetivo del viaje no encaja con las funciones que se presuponen al responsable de la oficina de expresidente y que los 4.580 euros que costó no deberían haberse pagado con fondos públicos.

También se investigan los tickets de un peaje de 15,20 euros, por un viaje de ida y vuelta a la cárcel de los Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada, en una visita a los prisioneros políticos. Ambos gastos los pagó la oficina de expresidente.

La causa se abrió a raíz de una querella de la fiscalía, que también incluyó a la secretaria general del departamento de Presidencia, Meritxell Masó, por haber dado el visto bueno a estos gastos. Sin embargo, la querella contra Masó acabó archivando porque se consideró que el control de los gastos es más formal que de contenido.

Alay fue invitado a Nueva Caledonia por el Frente de Liberación Nacional Canaco Socialista (FLNKS) al referéndum de autodeterminación que se realizó el 4 de noviembre de 2018. En un comunicado, la oficina de Puigdemont aseguró que Alay siempre había cumplido la legislación vigente y cuya labor, como la de todos los trabajadores de la oficina, había sido dar cobertura a las necesidades personales y políticas con el decoro y dignidad que corresponden a las funciones ejercidas por el presidente.

En febrero del 2020 la Audiencia española archivó otra causa contra Alay por un supuesto delito de encubrimiento, porque viajaba con el presidente Puigdemont cuando fue detenido en el estado alemán de Slesvig-Holstein. Y ahora tiene pendiente aún otra causa, por el caso Volhov, que instruye el juzgado número 1 de Barcelona por la supuesta trama rusa del proceso.

En septiembre, la Audiencia de Barcelona avaló cerrar la investigación y llevar a juicio la causa por presunta malversación y prevaricación contra Alay.

En un auto, la sección 10 del tribunal desestimó el recurso de la defensa, que ejerce el abogado Gonzalo Boye, y ratificó la decisión del Juzgado de Instrucción 28 para cerrar la investigación.

El tribunal cree que Alay presuntamente usó fondos públicos de la oficina de ex presidente para un viaje “personal y particular” a Nueva Caledonia.

Las tres magistradas de la Audiencia de Barcelona remarcaron que la tarjeta de crédito corporativa de la Generalitat que Alay tenía por su cargo “únicamente debía servir a los únicos efectos de pagos de los desplazamientos (transporte) a través de la agencia de viajes homologada por la Generalitat”, y que era competencia de la conselleria de Presidencia autorizarlo.

Recuerdan que el 24 de octubre de 2018 Alay recibió un correo electrónico para promocionar un proyecto de soberanía la semana antes al referéndum en Nueva Caledonia, y que “del contenido de ese correo, se desprende que el viaje fue realizado y pagado con fondos públicos”, y que no formaba parte de su trabajo como director de la oficina de Puigdemont sino que era una invitación personal.

El auto recoge que ese viaje costó 4.394,79 euros y se pagó con la partida presupuestaria de la Generalitat pero Alay “en ningún momento indicó la realidad a la que obedecía el viaje en cuestión”.

Cabe recordar que, este verano, el rotativo norteamericano “The New York Times” lo dejó muy claro en un artículo colgado en su página web y que cita un informe de inteligencia europeo: “En Moscú, el emisario, Josep Lluis Alay, un colaborador del ex presidente catalán autoexiliado Carles Puigdemont, se reunió con funcionarios rusos, con exagentes de inteligencia y con el nieto de un espía de la KGB, un hombre muy bien conectado. La meta era garantizar la ayuda rusa para lograr la separación de Cataluña del resto de España”.

Alay, investigado en la operación Voloh por un juez de Barcelona, Joaquín Aguirre, habría mantenido varios contactos con oficiales rusos, sostiene el diario neoyorkino. Y vincula estos contactos con la plataforma Tsunami Democràtic, protagonista de las protestas tras la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes del”procés”.

El rotativo explica que Alay viajó a Rusia en la primavera del 2019 para buscar “un salvavidas político” para la causa de Puigdemont después de ser “aplastada” tras el referéndum de independencia del 1-0 y de que la Unión Europea y los Estados Unidos apoyaran el esfuerzo de España por mantener intacto al país. En concreto, asegura que el asesor del expresidente de la Generalitat se reunió con actuales funcionarios rusos, ex oficiales de inteligencia y el nieto de un eminente espía del KGB. El objetivo, según el diario, era asegurar la ayuda de Rusia a la independencia de Cataluña.