Las tres investigaciones para Franco del asesinato de Lorca

Tras el final de la guerra, el Pardo ordenó indagar sobre quién y por qué se mató al poeta granadino

Monumento erigido en 1984 en la plaza de Santa Ana con motivo del décimo quinto aniversario del primer estreno de «Yerma».
Monumento erigido en 1984 en la plaza de Santa Ana con motivo del décimo quinto aniversario del primer estreno de «Yerma». FOTO: Banco de imágenes

En 1939, recién acabada la guerra, un inspector de policía de Granada recibió un encargo delicado. Se llamaba José Mingorance Jaraba y le habían pedido que averiguara quién mató a Federico García Lorca y por qué. La labor que tenía por delante era ingente y delicada al tratarse de un encargo del Palacio de El Pardo, es decir, del mismísimo Franco. Poco, muy poco es lo que ha trascendido de la labor investigadora de Mingorance. Su trabajo, como ocurre con buena parte de los documentos oficiales de este caso, sigue estando oculto en algún archivo oficial como si fuera un delicado secreto de Estado. En otros lugares simplemente ha desaparecido toda pista de papel alguno, como es el caso de los fondos policiales en la ciudad de Granada, como el responsable de estas líneas pudo constatar en fecha reciente.

Lo que sí se sabe, al menos por el testimonio de algunos de los que fueron interrogados, es que Mingorance llamó a todas las puertas posibles. En este sentido, Miguel Rosales insistió a otros investigadores, como a Agustín Penón y Eduardo Molina Fajardo, que había sido preguntado sobre el caso. Miguel tenía mucho que decir. En el domicilio de sus padres es donde Lorca había sido ocultado durante una semana hasta que fue detenido allí por el ex diputado de la CEDA Ramón Ruiz Alonso. Miguel, al igual que su hermano Antonio, se habían opuesto a la presencia de aquel invitado, pese a que había sido llevado por otro de los hermanos, Luis.

Mingorance sabía de primera mano todo lo que había pasado mucho antes de ponerse a investigar para Franco. Cuando tuvo lugar el asesinato de Lorca, él trabajaba directamente para el gobernador civil José Valdés Guzmán, el hombre que había ordenado que el autor del “Romancero gitano” fuera pasado por las armas. Formaba parte del mismo aparato represivo en el que también había otros policías, abogados o políticos como el citado Ruiz Alonso, Julio Pérez Funes o los hermanos Jiménez de Parga. El que fuera comisario jefe de Policía de Granada, Julián Fernández Amigo, le diría a Eduardo Molina Fajardo que Mingorance era “un hombre que a lo mejor lo encontrabas leyendo por la calle. A lo mejor se daba un porrazo contra una esquina y estaba siempre “escalabrao”. Llevaba el periódico abierto y tropezaba con todo el mundo. Veía poco”.

De lo que redactó no hay, como se ha dicho, rastro alguno en archivos oficiales, pero se sabe que todo fue llevado a Franco. Es muy posible que una parte de esta documentación se conserve en la Fundación Nacional Francisco Franco, así como en el Ministerio del Interior, heredero del que fuera Ministerio de Gobernación. La pista sobre esto último nos viene dada por la segunda de las investigaciones ordenadas por el dictador sobre el caso. Todo ello se lo debemos a una mujer valiente a la que no le importó plantar cara al franquismo.

Marcelle Auclair había conocido a Lorca en los años treinta. El poeta había estado con ella en Toledo y había sido testigo de la relación que mantuvo Auclair con el torero Ignacio Sánchez Mejías. Para la autora francesa, el asesinato de su amigo fue un fuerte impacto del que tardó en sobreponerse. Responsable de una biografía de referencia sobre Santa Teresa, a finales de los años cincuenta empezó a viajar a España para indagar con discreción sobre el asunto. De esta manera, gracias al pintor José Caballero, Auclair pudo acceder, a Luis Rosales. Pero la escritora quería conocer también lo que sabía el Estado y en 1965 escribió a las autoridades pidiendo los documentos que pudieran retener sobre el crimen, algo que puso nervioso a más de uno y originó la segunda investigación oficial sobre el tema.

Gracias a la labor de la Asociación para la Memoria Histórica, especialmente a Emilio Silva, se han podido encontrar en el Archivo Histórico Nacional los papeles sobre el caso de 1965. El Ministerio de Gobernación decidió mirar en sus carpetas y archivadores para hacer un refrito a partir de lo redactado por la 3ª brigada regional de investigación social de la jefatura superior de policía de Granada, es decir, lo que ya había hecho Mingorance algo más de dos décadas antes. Auclair se había puesto en contacto con la Embajada de España en París que, a su vez, había pasado la petición al ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María Castiella. Este, sobredimensionado ante la reclamación, le pasó la pelota al responsable de Gobernación Camilo Alonso Vega. Además de constatar la extrema torpeza del régimen a nivel administrativo, la correspondencia y los informes redactados en esos días, nos demuestran que la dictadura consideraba a Lorca como “socialista”, “masón” y responsable de “prácticas homosexualismo, aberración que llegó a ser vox pópuli, pero lo cierto es que no hay antecedentes de ningún caso concreto”: “Estaba conceptuado como socialista por la tendencia de sus manifestaciones y por lo vinculado que estaba a Fernando de los Ríos, como también por sus estrechas relaciones con otros jerifaltes de igual signo político”. Uno de los documentos apunta que Lorca perteneció a la logia masónica Alhambra donde usó el nombre de Homero, aunque se trata de un dato que se ha demostrado falso.

El documento también confirma que, como se sabía, Lorca fue detenido en la casa de su amigo Luis Rosales donde había permanecido oculto durante casi una semana. La operación fue llevada a cabo «con gran aparato por Milicias y Guardias de Asalto». «Fue sacado del Gobierno Civil por fuerzas dependientes del mismo y conducido en un coche al término de Víznar (Granada) y, en las inmediaciones del lugar conocido como Fuente Grande, en unión de otro detenido cuyas circunstancias personales se desconocen, fue pasado por las armas después de haber confesado», lo que supondría que hubo un interrogatorio, según el informe.

Una de las virtudes de los documentos es que ponía nombre y apellidos a los que detuvieron a Lorca. Si bien son sobradamente conocidos el diputado de la CEDA Ramón Ruiz Alonso y el matón Juan Luis Trescastro, se confirmaba la presencia del falangista Federico Martín Lagos en el domicilio de los Rosales el día de la detención. Todos actuaron a instancias del gobernador civil José Valdés.

A Marcelle Auclair no se le permitió consultar nada.

Y esto nos lleva hasta la última investigación. Para ello tenemos que viajar hasta los últimos años del franquismo. En 1971, mientras el régimen agonizaba, aparecía en París, en la editorial Ruedo Ibérico, un libro del que algunos ejemplares pasaron la frontera. Lo escribía un joven y desconocido investigador irlandés llamado Ian Gibson. “La represión nacionalista de Granada en 1936 y la muerte de Federico García Lorca” proporcionaba nuevos y estremecedores datos sobre lo sucedido en la ciudad de la Alhambra durante el sangriento verano de 1936, además de subrayar que el asesinato del poeta no era un episodio aislado, un accidente como decían los franquistas, sino uno más dentro de la represión. El libro tuvo un gran eco internacional y se alzó con el Premio Internacional de la Prensa. Eso hizo que alguno en El Pardo volviera a preguntarse qué había pasado en Granada en las primeras semanas de la guerra.

Otra vez se redactó otro informe del que sabemos poco, muy poco y de muy mala manera. El 3 de enero de 2010, el desaparecido diario “La Gaceta”, en aquel momento dirigido por Carlos Dávila, anunció a bombo y platillo la publicación de un documento fechado el 19 de abril de 1972 y entregado a Franco. Contaba con 27 páginas, pero el periódico decidió no reproducirlo completo sino pasajes sueltos durante dos días. En ningún momento se decía quién lo había redactado, de dónde se había tomado, si había algún sello oficial... Nada.

Entre los pasaje que se citaba, en uno de ellos se decía que “la ejecución la efectuó un piquete de Asalto formado por cuatro hombres al mando del cabo Ayllón, en los que se encontraba José Martín Rodríguez. Presenciaron la ejecución Trescastros [sic], un tal Paco el Motrileño y un tal Hernández y Jover. Juan Trescastros [sic] regresó rápidamente a Granada para dar cuenta a su jefe Ramón Ruiz Alonso de que todo había concluido. La venganza contra la Falange Española y contra los Rosales se había consumado”. Trescastros es Juan Luis Trescastro, un terrateniente de Santa Fe que participó en la detención del poeta y se vanagloriaba de haber disparado contra Lorca aquella trágica noche.

Hace dos años pude localizar a Carlos Dávila. Lo llamé y le pregunté por aquella “exclusiva”. “No puedo informarle porque no me acuerdo de lo que me habla. No sé nada”, me dijo. Debe ser un caso único en el periodismo de director de diario que no recuerda lo que estuvo dando en portada durante dos días.