De la sentencia del Estatut a la del 25% de castellano en las escuelas: ¿nueva oportunidad para el separatismo?

El 16 de diciembre de 2020, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) dictó una sentencia histórica que ordenaba a la Generalitat impartir un mínimo de 25% de las horas lectivas en la educación catalana en castellano. Esa resolución judicial, avalada a finales de noviembre por el Tribunal Supremo, está removiendo ahora todos los cimientos de la política catalana porque supone un golpe al modelo de inmersión lingüística que ha imperado desde los años 80 y que sitúa al catalán como lengua vehicular de la enseñanza. ¿Qué impacto puede tener en la política? ¿Tiene la misma envergadura que la sentencia del Tribunal Constitucional de 2010 que recortó el Estatut? ¿Puede espolear al independentismo en un momento de declive?

Estas son algunas de las preguntas que surgen a primera vista en un contexto en que la política se mueve entre equilibrios muy delicados. PSOE y Esquerra son los actores más interpelados en toda esta polémica porque están en manos de las áreas del Gobierno (Abogacía del Estado) y de la Generalitat (consellería de Educación, en manos republicanas) de las que dependen la aplicación de la sentencia y porque, a la vez, se necesitan unos y otros para poder resistir en el poder (sobre todo, los socialistas) y evitar que el PP regrese a gobernar España ya que entienden que es una amenaza que puede dinamitar cualquier capacidad de entendimiento entre administraciones y revitalizar el «procés».

Para Oriol Bartomeus, politólogo y profesor de Ciencia Política en la Universitat Autònoma de Barcelona, no se puede comparar esta sentencia ni con la del Estatut ni con la del «procés» de 2019. «Estamos en otro plano», señala y precisa que, a su juicio, la sentencia del Estatut tampoco fue el desencadenante del proyecto rupturista (lo fue, a su parecer, el cambio estratégico de Convergència y la multitudinaria manifestación de 2012), aunque fue relevante. En este sentido, asegura que una parte del independentismo busca en esta resolución judicial un recurso para tratar de «revivir el procés» ya que han perdido toda capacidad de movilización y las encuestas reafirman una y otra vez la pérdida de apoyo a la ruptura con España.

Además, también realiza un análisis de las consecuencias que puede tener esta sentencia en la política. Por un lado, señala que la derecha española (PP, Vox y Ciudadanos) aprovechará para «arremeter» y desgastar al Gobierno mientras que, por otro lado, advierte que desde algunos sectores del independentismo más radical se intentará presionar a Esquerra para que rompa su alianza con Pedro Sánchez y se fuercen unas elecciones a nivel nacional «con la esperanza de que gane el PP» porque esa sería «la única manera de que reviva el procés».

Toni Aira, profesor de Comunicación Política en la UPF-BSM, cree que las consecuencias políticas de la sentencia «serán limitadas» porque no ve tan factible que Esquerra se desvincule del Gobierno ya que considera que los republicanos han ligado «su apuesta estratégica a ser el grupo parlamentario que condicione en Madrid el Gobierno de PSOE y Podemos». «Hace tiempo que identificaron que uno de sus puntos débiles a la hora de ser creíbles como partido de gobierno era que no eran un partido de fiar, que no mantenía los compromisos firmes y duraderos, y el hecho de haber identificado esto y quererlo contrarrestar le hacen estar bastante atrapado al PSOE», subraya. Y, en este punto, da por hecho que ERC ya tiene asumido que en esta alianza con el PSOE «habrá momentos difíciles», pero solo un «terremoto» de mayores dimensiones podría triturar el entendimiento entre formaciones. Y, en este caso, señala que no se dan las circunstancias porque el PSOE tampoco ha tenido «nada que ver»: la sentencia del TSJC tiene origen en un recurso de 2015 del PP cuando estaba en el Gobierno.

Lo cierto es que una cuestión tan delicada como el catalán (Bartomeus señala que la lengua es «un elemento constitutivo de las personas» y por ello es tan importante) puede sacudir todo el panorama político: tanto dejar al Gobierno en el abismo como catapultar un «procés» que está moribundo. Y, en este sentido, Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana, entidad que se convirtió en 2012 en el motor del «procés» con su gran capacidad movilizadora, ya advierte de que puede ser un «revulsivo político» que genere una reacción de las bases del independentismo, cada vez más alicaídas y desmovilizadas.

No obstante, Paluzie también reconoce que la reacción es muy difícil que se produzca de inmediato porque la principal preocupación de la gente ahora es la pandemia, en un momento en que los contagios se vuelven a multiplicar. Si bien, sí cree que se pueden comparar los momentos de la sentencia del Estatut con la del 25%. La sentencia del Estatuto desató una multitudinaria manifestación en julio de 2010 y dio inicio a una «articulación progresiva de la sociedad civil» que «cristalizó» en la ANC, que asomó la cabeza en 2012 con la primera gran movilización del 11-S. «Compararía ambos momentos en el sentido de que con el catalán vuelve a empezar una activación de la sociedad civil como con el Estatut», apunta.

«Ahora habría que volver a unos puntos de movilización más políticos, como en su día ocurrió con las infraestructuras, también», señala Paluzie, en alusión a las reivindicaciones en materia de mejoras en Rodalies o supresión de los peajes en Cataluña, y considera que el independentismo tiene que «volver a las movilizaciones con temas de fondo que hace que haya conciencia de que el Estado no garantiza la supervivencia económica, lingüística, económica o social» de Cataluña. En todo caso, para la presidenta de la ANC, la reactivación en términos de movilización masiva puede «necesitar más tiempo», pero sí detecta un «cambio de tono» en el Govern (en la respuesta que ha dado a la sentencia del 25%) y cierta reactivación en algunos entornos sociales, como las familias de Canet de Mar. «Pero las cosas no pasan del 0 al 100. No cambiará de un día para otro», zanja.

En cualquier caso, la sentencia del 25%, que debe empezar a aplicarse a finales de enero (como muy tarde), va a servir como un nuevo examen para medir el grado de fuerza del independentismo. Y todo apunta a que, de momento, está volviendo a dar claras evidencias de que es incapaz de movilizarse de nuevo y eso es oxígeno tanto para el PSOE en Madrid, que puede ganar mayor estabilidad para las reformas que tiene que acometer en lo que resta de legislatura, como para Esquerra en Barcelona, que puede gobernar con más tranquilidad.