Pedro Sánchez, abocado a contentar a Esquerra con la mesa de diálogo para la reforma laboral

Vienen tiempos que pueden reflejar de nuevo la debilidad del Gobierno. Pedro Sánchez tiene por delante un calendario cargado –sobre todo, en febrero– y va a tener que hacer frente a un espinoso dilema: escoger entre centrar todos sus esfuerzos en las elecciones de Castilla y León, donde hay mucho en juego por el impacto electoral que puede tener en las aspiraciones del PSOE en 2023 con las municipales y generales, o contentar nuevamente a Esquerra con la celebración de una reunión de la mesa de diálogo este mismo mes de enero para poder convalidar el decreto-Ley de la reforma laboral.

El presidente del Gobierno, en su última rueda de prensa de 2021, aseguró que ahora tocaba centrarse en otras cuestiones más prioritarias, como la sexta ola de la pandemia que vuelve a tensionar el sistema sanitario, y enfrió la posibilidad de celebrar una reunión de la mesa de diálogo a principios de enero tal y como pretende ERC, unas palabras que disgustan a los republicanos ya que entienden este retraso como un nuevo desprecio a una de sus banderas políticas (la negociación con el Estado). Sin acceder a la mesa de diálogo, Esquerra pondrá mucho más difícil la aprobación de la contrarreforma laboral que urge al Gobierno porque es un requisito necesario a presentar ante Europa para seguir recibiendo fondos de recuperación. El decreto-Ley tiene que ser convalidado a principios de febrero, justo en unos días que se prevén de alto voltaje político porque también está previsto la Conferencia de Presidentes autonómicos en La Palma y las elecciones a la Junta de Castilla y León (13 de febrero).

Ahí Sánchez tendrá que decidir si finalmente atiende la petición de Esquerra o relega la mesa de diálogo y la deja para después del 13-F. El presidente del Gobierno considera que ahora no es el momento más oportuno porque, según aduce, tampoco se han dado avances suficientes como para convocar una reunión con la Generalitat (el compromiso que se fijó era que las reuniones públicas solo se darían cuando hubiera contenido sustancial que anunciar). No obstante, estratégicamente, Sánchez es consciente que no le conviene celebrar una reunión con la Generalitat antes de la Conferencia de Presidentes (en la que todavía es duda la presencia de Pere Aragonès) y la cita electoral del 13-F.

Si bien, esa cita es muy importante para Esquerra y para contribuir a crear un clima político favorable para tratar de desatascar la aprobación de la reforma laboral. Los republicanos sí que ven con buenos ojos que el acuerdo logrado por el Gobierno haya sido fruto de un acuerdo con los agentes sociales, pero rechazan que sea la contrarreforma adecuada para Cataluña. En este sentido, exigen medidas tanto de acento territorial como de carácter económico. En ERC están haciendo especial énfasis en que Cataluña recupere la autorización administrativa previa de los ERE para poder actuar en los diferentes conflictos laborales (permitiría ejercer la mediación e, incluso, impedir la posible marcha de empresas industriales en una autonomía muy golpeada en los últimos tiempos por el cierre de fábricas), que es una reivindicación también muy insistente de los sindicatos, y se antepongan los convenios autonómicos a los estatales, aunque, en este punto, los agentes sociales no han mostrado ningún entusiasmo.

Los republicanos también reclaman recuperar los salarios de transición –una cantidad que corresponde al dinero que deja de percibir un empleado desde que es despedido hasta que un juez dictamina que el despido es improcedente– y recuperar las indemnizaciones por despido previas a la reforma del PP (los 45 días por año trabajado en lugar de los 33 actuales). Lo cierto es que la lista de exigencias es amplia y, por ahora, las distancias entre Gobierno y Esquerra parecen kilométricas.

Según Esquerra, la actual reforma laboral planteada por el Gobierno «no es la que quiere ni necesita Cataluña» y considera que tampoco está a la altura del listón que se había marcado el propio Gobierno, en un dardo también dirigido tanto al PSOE como a Podemos (ambos, rivales electorales). El Ejecutivo español, sin prácticamente capacidad ahora para tener un gesto con la mesa de diálogo, que debía reunirse para comunicar avances, tanteará el terreno a través de José María Álvarez, secretario general de UGT, un sindicato que comparte orígenes con el PSOE (ambos nacidos a finales del siglo XIX), pero que en Cataluña ha ido abriéndose a otros partidos y cultivando afinidad, sobre todo, con Esquerra.

Tanto es así que los dos consellers de Trabajo anteriores a Roger Torrent (actual) han pasado por UGT: tanto Dolors Bassa como Chakir El Homrani tienen pasado en el sindicato. También, el máximo responsable del sindicato en Cataluña, Camil Ros, es muy cercano a ERC. La afinidad de algunas figuras de los republicanos con UGT puede contribuir a allanar un acuerdo, aunque se antoja un mes de negociaciones bastante de difíciles porque los primeros contactos discretos no están logrando ningún tipo de avance entre ERC y el Gobierno.