Suspensión de la actividad, pero no del sueldo: el bloqueo independentista del Parlament

El Parlament amaneció vacío este miércoles, con despachos cerrados a cal y canto y apenas un puñado de diputados en los pasillos. Más periodistas que dirigentes se arremolinaban en las salas para descifrar el caso Juvillà, la inhabilitación de un dirigente de la CUP –secretario tercero de la Mesa y diputado– condenado por desobediencia al negarse a descolgar lazos amarillos de su despacho en el Ayuntamiento de Lleida en la campaña electoral de 2019.

La Junta Electoral Central ha dado hasta el viernes a Laura Borràs para ejecutar la retirada del acta de diputado y el independentismo ha replicado la orden paralizando la cámara un día y medio en señal de protesta. En total, se han desconvocado siete comisiones, se han dejado de debatir aspectos como la ley de emergencia habitacional y la oposición ha denunciado el «despropósito» de Junts, ERC y la CUP en plena crisis económica y social por la pandemia.

Y es que el Parlament ha suspendido gran parte de su actividad por el boicot independentista en señal de protesta contra la JEC. Una situación que se produce tras la reciente polémica por las licencias de edad, los trienios y las dietas de los diputados, aún encima de la mesa.

Entre el martes y el miércoles, Junts, ERC y la CUP han desconvocado directamente las comisiones que presidían y han paralizado el resto –por ejemplo, la de Derechos Sociales, comandada por el PSC– por falta de quórum. Es decir, no se han presentado a la sesión -sí lo han hecho los dirigentes de los otros grupos parlamentarios, igual que el martes- lo que ha provocado que quedara automáticamente pospuesta. También se ha dejado de abordar el déficit de la red ferroviaria catalana en la Comisión de Territorio, reclamación histórica –y recurrente– del independentismo al Estado, con el traspaso de Cercanías como gran exigencia.

Una treta ejecutada en forma de “recomendación” –la vía oficial empleada por la Mesa el martes– para evitar querellas de la oposición y posibles consecuencias legales. Eso sí, pese a este frenazo de la actividad, la paralización de la cámara no ha sido formal, ya que los trámites en marcha han seguido su curso.

Sí se ha celebrado la Comisión del Estatuto del Diputado para decidir qué hacer con la inhabilitación de Pau Juvillà, con dos horas de retraso y después de convocarla a última hora, a mediodía y con el resto de sesiones paralizadas. En ella, los tres partidos independentistas han pactado –no sin discrepancias– un dictamen de mínimos en el Parlament en el que acuerdan mantener el escaño al diputado de la CUP Pau Juvillà, desoyendo así la orden de la Junta Electoral Central, aunque se imponen, como “límite de la desobediencia”, no comprometer penalmente a funcionarios.

El diputado de JxCat Jaume Alonso-Cuevillas ha asegurado que el escaño del diputado de la CUP Pau Juvillà sigue “plenamente vigente” aunque ha reconocido que hay “dificultades” a nivel práctico porque implica a funcionarios de la cámara. En una rueda de prensa desde el Parlament tras aprobarse en comisión el dictamen, Alonso-Cuevillas ha admitido que la cámara catalana “no puede garantizar la eficacia de todos los actos que comporta el ejercicio de este derecho”.

El dictamen, pactado entre ERC, JxCat y la CUP, decide mantener el escaño de diputado a Juvillà, desoyendo así la orden de la Junta Electoral Central (JEC), aunque impone, como «límite de la desobediencia», no comprometer penalmente a funcionarios. No obstante, el informe aprobado por las tres fuerzas independentistas no concreta cómo mantener el escaño y Cuevillas se ha limitado a decir que “la respuesta es decir que hay un contencioso administrativo interpuesto por el pleno acompañado de la petición de medidas cautelares” al Supremo sobre el caso.

“Los funcionarios tienen miedo”

En la rueda de prensa recogida por Efe, el dirigente explicó que hay funcionarios del Parlament “que tienen miedo” de ser objeto “de una denuncia por desobediencia” a pesar de lo que decida la cámara e indicó que la Mesa tiene constancia a través de un “informe” de que hay más de una decena de trabajadores afectados. Entre las “dificultades” a las que se ha referido Alonso-Cuevillas para garantizar el ejercicio como diputado de Juvillà y que implican a funcionarios figuran el pago de las nóminas, el mecanismo electrónico del voto en el hemiciclo y el mantenimiento de su correo electrónico y su de teléfono.

En el debate, la oposición ha clamado contra el independentismo por la gestión del caso Juvillà, aún pendiente de resolverse y con Laura Borràs en el punto de mira por su respuesta final a la Junta Electoral Central. El diputado del grupo PSC-Units David Pérez ha deplorado la “teatralización” que el independentismo –con la presidenta del Parlament a la cabeza– ha hecho en relación al caso Juvillà. Y pese al apoyo de los comunes al dictamen, David Cid ha reprochado “el escenario de ‘desobediencia ficción’ o de Magia Borràs”.

El portavoz de Cs, Nacho Martín Blanco, calificó de “papel mojado” y “chapuza pseudojurídica” el dictamen, que a su juicio solo sirve para “degradar” la cámara catalana, mientras que la diputada del PP Lorena Roldán ha reprochado al independentismo la “gesticulación” que está haciendo con este caso.

El portavoz adjunto de Vox en el Parlament, Antonio Gallego, por su parte, ha anunciado que llevarán a los tribunales el “cierre” de la cámara catalana y el dictamen pactado por ERC, JxCat y la CUP.