El PP señala a Borràs por el boicot al Parlament: “Fomenta la cultura del trapicheo, es experta”

El caso Juvillà, la inhabilitación de un dirigente de la CUP -secretario tercero de la Mesa y diputado- condenado por desobediencia al negarse a descolgar lazos amarillos de su despacho en el Ayuntamiento de Lleida en la campaña electoral de 2019, ha estallado esta semana en el Parlamnt. La Junta Electoral Central ha decretado la retirada de su escaño y ha dado hasta el viernes de plazo para ejecutarla, una orden que el independentismo ha contestado paralizando la actividad de la cámara.

Antes este boicot liderado por la propia Borràs -una suspensión en la forma, no el fondo, ya que oficialmente sigue la actividad en el Parlament y sólo se han desconvocado varias comisiones- la oposición clama y exige responsabilidades: el líder del PP, Alejandro Fernández, ha señalado directamente a la presidenta y la ha acusado de llevar la “cultura del trapicheo” al hemiciclo.

“Siempre con astucias, jugadas maestras y subterfugios diversos ahora ha decidido fraccionar el reglamento del Parlament”, ha denunciado en referencia al “mismo ‘modus operandi’ que implementó en la Institución de las Letras Catalanas’”, lo que ha conllevado que esté imputada por malversación, prevaricación y falsedad documental, según sus palabras.

El diputado popular ha tachado la paralización de la cámara de “auténtico fraude de ley” y lo ha calificado de “ilegal, antidemocrático y profundamente inmoral”. En este sentido, Fernández ha acusado a los partidos independentistas “de volver al espíritu de los días 6 y 7 de septiembre” de 2017, cuando se aprobaron las leyes de desconexión previas al 1-O.

El objetivo de Borràs y los partidos independentistas es suspender la actividad en la cámara hasta convocar otra vez la Comisión del Estatuto del Diputado para tomar una decisión en relación con el escaño de Juvillà. Una sesión que se celebrará este miércoles a las 16 horas.

En concreto, esta comisión deberá emitir un informe para actualizar la situación del escaño de Juvillà, que después deberá ser votado en pleno, y se producirá a dos días de que se cumpla el plazo que fijó la JEC para que la presidenta del Parlament, Laura Borràs, decidiese qué hacer con el caso de Juvillà.

En paralelo, los grupos del PSC-Units, Cs, PP y Vox han registrado sendas solicitudes de reconsideración para que la Mesa del Parlament dé marcha atrás en la recomendación de paralizar la actividad parlamentaria hasta que la Comisión del Estatuto de los Diputados se pronuncie sobre el caso Juvillà.