El Govern hace oídos sordos ante el ultimátum del 25% y avisa: “Habrá más catalán”

El Govern de Pere Aragonès hace oídos sordos ante el ultimátum del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que da 15 días para ejecutar el 25% de castellano en todas las escuelas públicas catalanas. El Ejecutivo intenta manejar los tiempos, pide a los profesores y directores de centro que de momento no varíen sus proyectos -es decir, que no cumplan- y trata de acelerar el paraguas jurídico ideado para esquivar el fallo. Eso sí, la Generalitat sigue sin aclarar cómo responderá ante la justicia más allá de presentar un recurso contra el 25%.

Así se ha limitado a responder la portavoz del Ejecutivo tras la reunión semanal del gabinete, que ha venido precedida de un cónclave extraordinario entre Aragonès, el vicepresidente Jordi Puigneró y el conseller de Educación, Josep González Cambray, en el Palau para abordar la respuesta a la sentencia del 25%.

Y pese al hermetismo decretado, el Govern mantiene que la réplica jurídica inmediata a la interlocutoria del TSJC es presentar un recurso de reposición, como anunció el lunes el conseller de Educación. La portavoz también ha subrayado que el objetivo del Ejecutivo sigue siendo “reforzar el modelo de escuela catalana” y que cuando termine la legislatura haya más catalán que actualmente en el sistema educativo.

En esta línea, la portavoz del Govern ha trasladado “toda la tranquilidad” a directores y profesores de las escuelas y les ha emplazado a continuar trabajando de la misma manera, sin ningún cambio pese al ultimátum judicial para aplicar ya el 25% de castellano.

“Se les dará las herramientas necesarias para trabajar con la libertad que necesita el profesorado y con la tranquilidad de que es el Departamento de Educación el responsable jurídico para asumir la responsabilidad última”, ha añadido sobre lo que el independentismo califica de “persecución y el acoso sobre el modelo educativo”.

La Generalitat se refiere, entre otras medidas, a la reforma de la ley de Política Lingüística de 1998 que ERC, PSC, Comunes y Junts pactaron y que sigue paralizada por los recelos de los posconvergentes. En concreto, el pacto flexibiliza la inmersión en función de la realidad sociolingüística de cada centro y otorga al español categoría de lengua de “aprendizaje” pese a seguir blindando el catalán sin fijar porcentajes de uso como ordena la justicia. Concesiones más que suficientes para que los sectores más radicales del independentismo, con una parte de Junts a la cabeza, boicoteen el pacto y exijan cambiarlo.

Y en el Parlament, ERC urge a Junts a sumarse y aprobar de una vez la reforma pactada a finales de marzo: la portavoz republicana Marta Vilalta ha explicado que está en contacto con el resto de formaciones para poder desencallar esa modificación legislativa “lo más pronto posible”: “Si no es en este mismo pleno, lo antes posible, o si no que sea el siguiente. Ahora sabemos que hay un límite de 15 días y no podemos dilatar más”.

En una rueda de prensa en el Parlament, la también secretaria general adjunta de ERC ha cargado de forma contundente contra JxCat, socio de gobierno en la Generalitat. “La lengua catalana no puede esperar a que en Junts se pongan de acuerdo entre ellos. Sería irresponsable”, ha afirmado.

Pese a las críticas, los republicanos no propondrán en principio que esta modificación se aborde en el pleno que arranca este martes -como sí piden los Comunes- y dan margen para llegar a un acuerdo, al que “ojalá se sume también la CUP”, teniendo en cuenta ese margen de dos semanas establecido por el tribunal, que consideran que podría alargarse unos días más si hay recursos.