ERC cede ante el boicot de Junts: el plan para la sentencia del 25% naufraga

El pacto del catalán que el Govern quiere usar para dar respuesta a la sentencia del 25% de castellano naufraga de nuevo. Junts, el partido de Carles Puigdemont, mantiene su veto y el Parlament ha decidido paralizarlo por tercera vez consecutiva. Es decir, tampoco se aprobará en el pleno de la semana que viene pese a que PSC, ERC y Comunes registraron la reforma por la vía de urgencia a finales de marzo, un acuerdo del que los posconvergentes se descolgaron a las horas.

Y desde entonces, en concreto desde el 24 de marzo, el partido de Puigdemont mantiene su negativa y ha seguido dando largas al plan de ERC para sortear la aplicación de la sentencia del 25%. Tras dos prórrogas consecutivas -primero debía aprobarse a finales de abril, y luego a principios de mayo- este martes los posconvergentes han vuelto a pedir otro aplazamiento en la junta de portavoces, y sólo los Comunes han reclamado que se vote cuanto antes en el pleno.

Es decir, ERC vuelve a ceder ante Junts pese al malestar interno que genera en las filas republicanas el boicot de sus socios de gobierno. De hecho, el partido de Aragonès quiere tener listo cuanto antes el nuevo pacto del catalán con el mayor apoyo parlamentario posible: el propio Govern ha presentado ante el tribunal esta reforma lingüística para responder a la sentencia que tumba la inmersión, aunque bordea la desobediencia ya que la norma blinda la posición preferencial del catalán en las aulas y sirve para esquivar el 25% de castellano al no fijar porcentajes.

En concreto, la reforma de la ley de Política Lingüística de 1998 flexibiliza la inmersión en función de la realidad sociolingüística de cada centro y otorga al español categoría de lengua de “aprendizaje” pese a seguir blindando el catalán. Concesiones más que suficientes para que los sectores más radicales del independentismo, con una parte de Junts a la cabeza, boicoteen el pacto y exijan cambiarlo.

En base a esa reforma, el Govern tiene luego que aprobar un decreto que despliegue los cambios en la Ley y eso debería ser en junio , como muy tarde para poder aplicarlo a partir del próximo curso, en septiembre.

Todo en plena cuenta atrás para aplicar la sentencia del 25% de castellano: el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) debe decidir de forma inminente -esta semana o la que viene- si accede a la demanda de la Asamblea por una Escuela Bilingüe y exige el cambio de los proyectos lingüísticos en menos de un mes para o atiende a la mencionada hoja de ruta del Govern de desplegar un decreto tras la aprobación de una reforma legal por ahora paralizada.