Marea Blava

Hace ya más de un año me llamó Roberto, tras una breve conversación le cité en mi despacho.

Vino acompañado de otros funcionarios de prisiones y me explicó que hartos del abandono de su propia administración, de las falsas denuncias presentadas contra ellos, del lavado de manos de los grandes sindicatos, de las arbitrariedades que padecían, y había decidido crear Marea Blava. Me explicaron que no eran ni tan siquiera un sindicato, que había gente de todas las ideas, que no disponían de fondos nada más que lo que cada uno aportaba pero que habían decidido organizarse y querían que yo fuese su abogado.

Como he hecho siempre con las causas que merecen la pena, con las gentes de honor, no hizo falta firmar nada sencillamente nos dimos la mano y les dije ya tenéis abogados, trabajaríamos mano a mano con ellos Ambar Ladrón de Guevara, María Luisa Marzo, mi magnifico equipo y yo.

Esta semana me invitaron a ver un documental que han hecho que arranca del cierre de la antigua prisión Modelo, las conspiraciones políticas de cómo se realizó, pero recorre también la situación de estos funcionarios que se mantiene hasta la actualidad.

El mecanismo contra ellos es sencillo, se crea un organismo desde la propia administración, una asociación particular, un observatorio o lo que sea y se le dota de las correspondientes subvenciones. La misión de estas entidades es en teoría encomiable, defender los derechos humanos, luchar contra la tortura, el abuso, etc. Pero en la práctica estas entidades necesitan justificar su existencia y las subvenciones recibidas, de ahí que lo que en teoría seria una actividad encomiable se convierte en la caza al funcionario, es decir bien a través de lo que se cuelga en redes sociales, bien a través de informadores de las propias organizaciones, se trata de aprovechar cualquier incidente por minio que sea para denunciar al funcionario y hacerle aparecer como un torturador.

Esta historia y este mecanismo es casi idéntico al que se sigue contra los Mossos d´Esquadra y se articula con el apoyo de las propias administraciones, que lejos de cumplir con su deber de defender los intereses de sus ciudadanos y de los funcionarios que por su actividad están en mayor situación de riesgo, lo que hacen es utilizar estas organizaciones con la finalidad de obtener réditos políticos.

A ello cabe añadir las actuaciones en muchos casos más que dudosas de los departamentos sancionadores o de asuntos internos. Naturalmente en muchas ocasiones los jueces se dan cuenta de la manipulación y tergiversación de los hechos y la mayoría de estas causas acaban archivadas, pero mientras el funcionario sea de prisiones o sea mosso se ve sometido a un proceso y a las consecuencias que ello conlleva.

Para Ambar, para María Luisa y para mí un honor defenderles.