Colau interviene en 17 promociones que incumplían el 30% de pisos protegidos

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, llegó al cargo hace siete años con multitud de promesas entre las que destacaba la promoción de viviendas. Puso al Ayuntamiento a construir edificios pero también aprobó una normativa, en septiembre de 2018, que obligaba a todos los constructores a reservar el 30% de cualquier nueva promoción a vivienda protegida. Pues bien, el Ayuntamiento de Barcelona ha detectado 17 edificios en los que no se ha respetado la reserva del 30% para vivienda asequible. Es decir, unos 70 pisos, que se deberían de vender a un precio limitado pero que se han puesto a la venta en el mercado libre, sin restricción alguna en el precio. La teniente de alcalde de Urbanismo, Janet Sanz, lo ha calificado de “estafa”.

Para detectar estos incumplimientos, el Ayuntamiento ha inspeccionado 1.368 obras entre enero de 2019 y abril de 2022. En 138 se estaban realizando trabajos que no se ajustaban a la normativa, entre ellas obras de gran rehabilitación “encubiertas” , segregaciones de viviendas sin permiso o bien locales que se convertían a vivienda sin tener autorización, entre otras. Las 17 fincas en las que el Ayuntamiento afirma que no se ha respetado el 30% de vivienda forman parte de estas 138.

El consistorio ha requerido a las empresas constructoras que restituyan los 70 pisos que deberían haberse destinado a vivienda de protección oficial. Si no están vendidos, tendrán que venderse al precio establecido. En caso de que no sea posible, las empresas tendrán que sustituirlo por otro inmueble del mismo barrio. Todo ello, además, no les exonerará de sanciones por incumplir la normativa, que podrían alcanzar los 900.000 euros en los casos más graves.

Sanz ha reiterado que la vivienda asequible es una prioridad del gobierno municipal y por eso ha advertido que seguirán realizando inspecciones. “Necesitamos que haya oferta que la gente pueda pagar para que la gente no tenga que irse de nuestra ciudad”, ha dicho. Por eso, ha advertido que ahora nadie está exento de cumplir la normativa en la ciudad”.

Según el Ayuntamiento, existen varias constructoras implicadas que actuaban siguiendo el mismo “modus operandi”: fraccionaban las obras en varios comunicados para simular que se estaban haciendo reformas en pisos individuales, comunidades de vecinos o cubiertas de edificios. Sanz ha remarcado que, de este modo, “no sólo vulneran el 30%, sino también temas de mantenimiento, accesibilidad, seguridad o energía solar”.

Los edificios afectados se encuentran repartidos en cinco distritos, aunque donde hay más en el Eixample. En este distrito se concentran ocho fincas, mientras que en Sarrià – Sant Gervasi y Gràcia hay tres, en Sants-Montjuïc dos y una en Ciutat Vella. Sanz ha remarcado que, con la reserva del 30 por ciento, “no estamos diciendo que pierdan dinero” sino que “ganen menos”.

Según los datos municipales, la reserva del 30% de vivienda ha permitido sumar 52 pisos a precio asequible desde que se implantó, en 2018. El primer año no se logró ninguno, el segundo año fueron 40 y desde de entonces, en dos años, se han sumado otras 12.A estos 52 habrá que sumar los 70 que ahora el Ayuntamiento exigirá a las constructoras. De esta forma, según el gobierno municipal, el total alcanzará los 122 pisos. La cifra está muy alejada de las previsiones iniciales, según las cuales se esperaba conseguir 400 pisos al año.

Desde el gobierno municipal, han defendido la medida de reservar el 30% de los nuevos pisos a vivienda asequible porque “permite luchar contra la especulación” a largo plazo, si bien ha recordado que los primeros años de aplicación de la norma son más complicados, en sus palabras.

Ha insistido en que “todos los estudios garantizan que haya viabilidad económica, lo que pasa que los beneficios no son tan desorbitados como algunos querrían”, y ha reivindicado el derecho a la vivienda como una prioridad del Gobierno de Barcelona.